La historia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se puede resumir en concursos cuestionados por falta de independencia, mayorías móviles, fracasos en la designación de autoridades, escándalos de corrupción y una creciente inestabilidad en la permanencia de sus miembros.

La institución, nacida de la Constitución de Montecristi, ha tenido dos facetas evidentes. La primera arrancó con su creación en 2009, bajo el diseño y dominio correísta. Y la segunda inició en 2018, con el fin del correísmo y después de una reestructuración institucional. 

• ¿Quiénes quieren llegar al CPCCS? Estos son los 65 candidatos para las elecciones 2027

Sin embargo, en ninguna época el CPCCS ha podido cumplir con su cometido y atribuciones legales, de entregar al país autoridades de control independientes, cuyos méritos y trayectoria blinden su gestión a la cabeza de instituciones como Fiscalía, Contraloría, Judicatura, Procuraduría, Consejo y Tribunal electorales, defensorías Pública y del Pueblo.

Las promesas de despolitizar la designación de estos altos funcionarios e instaurar una meritocracia, a través de la participación ciudadana, nunca se cumplieron. Ni con su diseño inicial, ni con su rediseño. Y las pugnas de las organizaciones políticas por controlar las mayorías, fijas o móviles, dentro del pleno ha sido la única constante.

El periodo de estabilidad correísta (2009-2018)

El primer pleno del Consejo de Participación fue nombrado por el "Congresillo", de mayoría absoluta del entonces Alianza PAIS (AP). Se trató de un organismo dócil y cuya mayoría tenía vínculos ideológicos u organizativos con el nuevo oficialismo, que tomaba fuerza en Ecuador. 

Sin embargo, sus siete vocales no se encargaron de designar autoridades de control, sino de redactar la normativa que rigió los subsiguientes concursos de oposición y méritos, bajo un esquema que facilitó el control e influencia posterior en sus resultados, con perfiles siempre afines al correísmo.  

Lo mismo sucedió en los siguientes dos periodos, con autoridades designadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) también afín al presidente Rafael Correa, que permitieron mantener una mayoría oficialista alineada con el Gobierno. Eso hizo que el CPCCS mantenga nueve años de 'estabilidad' en los concursos y sus resultados.

Por ejemplo, durante esa época fue electo y reelecto el "simpatiquísimo" contralor Carlos Pólit, que era un orgullo, según decía el mismo Correa y que ahora cumple sentencia por conspiración para lavado de activos en Estados Unidos, por la corrupción durante sus 10 años en el cargo. Así como el fiscal Galo Chiriboga, ministro y embajador correísta, que mantuvo apagados los casos de corrupción del gobierno.

• Consejo de Participación: El eslabón más débil del Estado que pone en riesgo la institucionalidad

También posesionaron a varias autoridades que se sometieron al Ejecutivo, como los jueces de la conocida como 'Corte Cervecera', que acumuló por miles las causas constitucionales sin responder; el CNE presidido por Domingo Paredes, quien terminó afiliándose a Alianza PAIS.

En esos periodos, pasaron por el pleno del CPCCS figuras que habían sido o fueron posteriormente colaboradores del correísmo, como funcionarios públicos de distintos rangos, secretarios y asesores en el Ejecutivo, militantes de AP e incluso ganaron concursos para formar parte del CNE o la Corte Constitucional.

Las mayorías móviles y constantes destituciones (2018-2026) 

Tras la implosión y ruptura del correísmo en 2017, liderada por el entonces presidente Lenín Moreno, el Consejo de Participación sufrió un cambio radical. En el referéndum de febrero de 2018, el 68% de la población aprobó la cesación de los consejeros y la creación de un CPCCS Transitorio, con facultades extraordinarias para evaluar y destituir a autoridades de control, que funcionó hasta mayo de 2019.

A partir de entonces, los siete vocales del Consejo de Participación y sus suplentes se eligen en las urnas, bajo una prohibición legal de filiaciones o respaldos partidistas. Pero sucedió lo contrario. En los años siguientes, el organismo se convirtió en un botín al que aspiran todas las fuerzas políticas.

• Mismos concursos, distinta institución: el presidente Noboa busca que la Asamblea designe a las autoridades de control

Y la ausencia de una mayoría consolidada lo volvió permeable, dando paso a un carrusel de mayorías móviles, en el que las pugnas internas y presiones externas terminaron sacando a la luz la corrupción o intentos de ella.

Además, esos cambios de fuerzas dentro del pleno han puesto a todos los consejeros en la mira de denuncias y juicios políticos con el objetivo de destituirlos y recomponer o retomar el control del organismo. 

Sólo en el periodo 2019-2023, el CPCCS sufrió 17 destituciones, aunque solo una docena llegaron a concretarse definitivamente. Y la crisis institucional llegó a tal punto que, si había más destituciones antes del cambio de periodo, no había candidatos que alcancen para cubrir los puestos vacantes. Mientras que en el periodo vigente ya suman siete destituciones.

Todo esto solo ha logrado que se obstaculice la designación de las autoridades de control. Entidades como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el CNE y el TCE llevan ya largos periodos con autoridades prorrogadas, esperando a que los convulsos concursos ciudadanos avancen.

A esto se suman los intentos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa por eliminar la institución o restarle competencias, que no han tenido éxito. Mientras tanto, una nueva elección popular de consejeros se acerca, este próximo 29 de noviembre, para inaugurar el próximo periodo e intentar, nuevamente, concluir todos los concursos rezagados.