Mismos concursos, distinta institución: el presidente Noboa busca que la Asamblea designe a las autoridades de control

El presidente Daniel Noboa busca llevar nuevamente a las urnas una propuesta de reforma estructural del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La iniciativa llega tras un fallido intento de disolver esta institución y a tres años del rechazo ciudadano en el referendo promovido por su antecesor, Guillermo Lasso, que pretendía retirarle al organismo la facultad de designar autoridades de control.

En agosto de 2025, Noboa remitió a la Corte Constitucional (CC) una propuesta para la eliminación del CPCCS. Sin embargo, los jueces aclararon que el camino planteado, con una simple enmienda directamente a través de las urnas, no era posible, puesto que se alteraría la estructura fundamental de la Constitución y el carácter del Estado o sus elementos constitutivos.

Es por ello que Noboa envió en septiembre de 2025 una nueva propuesta que se limita a plantear la transferencia de funciones del CPCCS a la Asamblea Nacional, similar a la que impulsó Lasso en el referéndum de febrero de 2023.

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A la Corte Constitucional le tomó casi seis meses emitir un dictamen positivo sobre la propuesta presidencial de enmienda constitucional. Con ese fallo, el 5 de abril de 2026, Noboa remitió al Consejo Nacional Electoral (CNE) su pregunta de referendo. Sin embargo, debía primero enviar el texto final, con las correcciones solicitadas por la misma Corte, para posteriormente dictar el decreto ejecutivo para convocar al referendo.

Si el presidente Noboa lo hace a tiempo, el CNE podría incorporar esta nueva pregunta a la par de las elecciones seccionales, que fueron adelantadas para el 29 de noviembre de este año. Por lo que el Mandatario mediría nuevamente su popularidad en las urnas, no solo con el apoyo a los candidatos locales de su partido, sino con su tercera propuesta de referendo en apenas tres años en el poder.

La propuesta presidencial

En 17 años, desde la creación del CPCCS, este es el décimo pedido referente al Consejo que ha llegado a la Corte Constitucional, sea para su eliminación o para el retiro de su facultad de designar autoridades de control.

Al igual que lo hizo Lasso, el presidente Noboa ahora apunta a quitarle ese poder de designación. Según Carondelet, esta enmienda constitucional diseña "un sistema que evita la concentración de poder y permite que estos sean procesos técnicos".

No obstante, la propuesta del Ejecutivo mantiene los mismos procedimientos generales que sigue el actual CPCCS (postulación ciudadana, veedurías y ternas institucionales) y solamente los cambia de institución para que pasen al control de la Asamblea Nacional. Es decir, el grupo político que tenga la mayoría de votos designará a las autoridades, como sucedía en el antiguo Congreso Nacional.

Las comisiones de selección ya no serán ciudadanas, sino que serán "técnicas" y conformadas automáticamente por cinco delegados, uno de cada función del Estado, dos ciudadanos (escogidos por sorteo público de entre los postulantes) y dos académicos universitarios. A menos que se trate del Consejo de la Judicatura, en ese caso participará un asambleísta nacional, un delegado de la Función de Transparencia y tres representantes de las universidades.

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Los detalles de cómo, dónde y con qué recursos funcionarán estas comisiones no están explicados en la propuesta gubernamental.

Pero sí se ordena que esas mesas tendrán un máximo de 60 días para entregar la terna o lista de finalistas. Y el ganador ya no será el mejor puntuado, sino que el Pleno del Legislativo escogerá quién se queda con el puesto, por mayoría absoluta (77 votos), de entre la terna que remita la comisión. En total, el Gobierno otorga 90 días para el proceso de designación.

Con esta reforma, el presidente Noboa planea agregar dos secciones enteras a la Constitución, con los detalles para la postulación de candidatos, así como los procesos para la designación de autoridades y suplentes para la Fiscalía, Contraloría, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Consejo de la Judicatura, superintendencias, CNE y Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Además, la propuesta de Carondelet estipula un plazo de seis meses para enviar los proyectos de ley que regulen dichos cambios y le otorga al Legislativo otro plazo de un año para tramitarlas, que puede extenderse por 90 días más. Todo a partir de la publicación de los resultados electorales.

Mientras tanto, todos los procesos de designación que estén en curso en el CPCCS se declararán desiertos. Es decir, en ese escenario, las polémicas renovaciones de la Fiscalía, el CNE, el TCE y la Defensoría del Pueblo se postergarán por un aproximado de 27 meses más.

Una institución politizada y fallida

Desde su creación, en 2009, el Consejo de Participación ha estado en la mira de todos los grupos políticos, por el poder que le otorgó el correísmo: la designación de las autoridades de control.

Hasta 2018, fue una institución estable debido a que la mayoría de sus vocales en los tres periodos fueron afines al entonces presidente Rafael Correa, al igual que las autoridades que designaron.

Por ejemplo, durante esa época fue nombrado dos veces el "simpatiquísimo" contralor Carlos Pólit, que era un orgullo, según decía el mismo Correa y que ahora cumple sentencia por conspiración para lavado de activos en Estados Unidos, por la corrupción durante sus 10 años en el cargo.

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Tras la implosión y ruptura del correísmo en 2017, liderada por el entonces presidente Lenín Moreno, el Consejo de Participación tuvo un cambio. En el referéndum de febrero de 2018 el 68% de la población aprobó la cesación de los consejeros del CPCCS y la creación de un CPCCS Transitorio, presidido por Julio César Trujillo. Este organismo asumió facultades extraordinarias para evaluar y destituir a autoridades de control, además de plantear la eliminación definitiva de la institución.

En los años siguientes, el organismo se convirtió en un botín político al que ya podían aspirar otras fuerzas políticas. La ausencia de una mayoría consolidada lo volvió permeable, dando paso a un carrusel de mayorías móviles, en el que las pugnas internas y presiones externas terminaron sacando a la luz la corrupción o intentos de ella.

El caso más claro es el de la 'Liga Azul', los cuatro exconsejeros afines al correísmo que son investigados por asociación ilícita. Sin contar los constantes juicios políticos, acusaciones y destituciones que cambian constantemente la inclinación del organismo.

Todo esto solo ha logrado que se obstaculice la designación de las autoridades de control. Entidades como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Contraloría, el CNE y el TCE llevan ya largos periodos con autoridades cuestionadas y prorrogadas, esperando a que los convulsos concursos ciudadanos avancen.