Ocho autoridades de control podrían prorrogarse indefinidamente

La designación y posesión de ocho autoridades de control sigue en el limbo y podría prorrogarse, nuevamente, de manera indefinida. El Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) enfrenta tres problemas que ahondan la incertidumbre.

El mayor es el referendo constitucional. Si gana la pregunta 5, sobre las autoridades de control, todos los procesos de selección que están en curso se declararán desiertos. Y las autoridades que no han sido reemplazadas aún se entenderán prorrogadas en funciones.

En el caso del Superintendente de Bancos, que ya fue designado, pero la Asamblea se niega a posesionarlo, porque no reconoce las decisiones del CPCCS. Sin embargo, Hernán Ulloa, presidente del CPCCS, afirma que los resultados del referendo ya no aplicarán en este caso.

Por eso, la mayoría del Consejo de Participación prevé tener listas las designaciones de los nuevos Contralor y Defensor Público antes del 5 de febrero de 2023. Pese a que el Legislativo mantenga su decisión de no aceptar esas designaciones.

Incluso, este sería el caso del futuro presidente del Consejo de la Judicatura, que no ha podido ser designado por el CPCCS, pese a que la Corte Nacional de Justicia ha remitido cuatro ternas para el cargo.

La incógnita radica en si el Consejo de Participación pedirá una quinta terna o si el pleno reconsiderará su votación previa, que no consiguió consensos para elegir un candidato. El problema es que ahora no hay los suficientes consejeros para que el pleno se reúna.

Las licencias de por medio

El siguiente problema del CPCCS es que no tiene los vocales suficientes para sesionar. Por lo tanto, todos los procesos en curso dependen del número de consejeros que atiendan las convocatorias del presidente Ulloa.

El CPCCS cuenta con siete vocales titulares, cinco de ellos, que apuestan por la reelección, solicitaron una licencia del 3 de enero al 2 de febrero de 2023. El objetivo es dedicarse a promocionar sus planes de trabajo.

Aunque, técnicamente, los candidatos al CPCCS no pueden hacer campaña electoral y su única promoción debe salir del mismo Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado de ejecutarla.

Con este escenario, en el pleno del CPCCS solo quedan Ulloa y Sofía Almeida. Pero Almeida pertenece a la minoría que dejó de asistir a las sesiones desde que los cuatro vocales de mayoría fueron restituidos a sus cargos por orden judicial.

La crisis de los suplentes del CPCCS

La otra arista implica a los suplentes. El Consejo de Participación debería contar con un banco de siete suplentes que llenen las ausencias de los vocales con licencia. Pero esto no ha sido posible debido a las continuas crisis políticas que rodearon al organismo.

Con las destituciones de los tres primeros presidentes del CPCCS y varios vocales, el organismo fue ocupando a quienes conformaban la lista de suplentes. El mismo Ulloa era uno de ellos.

Así, en el banco de suplentes solo quedaron Karina Ponce y Mónica Moreira, que sí fueron posesionadas, pero se rehusaron a ocupar esos cargos en medio de la crisis que afecta a la entidad. Ponce incluso renunció al cargo el 4 de enero.

A esto se suma el hecho de que la Asamblea Nacional intentó posesionar a nuevos suplentes, para reemplazar a los que inicialmente lograron destituir. Pero solo logró hacerlo con dos de ellos: Gina Aguilar y Olindo Nastacuaz.

En medio de ese caos, Ulloa convocó a una sesión extraordinaria, para el 4 de enero, pero por falta de quórum la declaró como permanente, en espera de que los suplentes asuman sus puestos. Solo tuvo la participación de Aguilar.

Aunque el otro suplente, Nastacuaz, acudiera a la convocatoria aún les faltaría un vocal para poder sesionar y para poder tomar cualquier tipo de decisión plenaria.