El Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) tiene pendiente la designación de seis autoridades de control prorrogadas. Sin embargo, la última designación no es reconocida por la Asamblea.
La pugna política y legal entre la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) pone en duda el futuro de las autoridades de control que puedan ser designadas por este último.
En el centro de la incertidumbre está el nuevo superintendente de Bancos, Roberto Romero, quien fue designado para el cargo por el pleno del Consejo, con los votos de la mayoría que recuperó sus cargos a través de una acción de protección.
Pero el Legislativo sigue sin reconocer a los cuatro consejeros de mayoría, tras su decisión de destituirlos en un juicio político. Por lo tanto, desconocen la decisión judicial y, por ende, lo que decide el actual CPCCS. Esto implica que no posesionarán a Romero en el cargo.
Además, el 11 de agosto, el pleno ya posesionó a otro superintendente de Bancos, Raúl González, desobedeciendo otra decisión judicial. En consecuencia, para los legisladores, ya existe una autoridad posesionada.
En un comunicado, la Asamblea sostuvo que un juez no puede dejar sin efecto sus decisiones plenarias y reiteró que no reconocerá ninguna decisión del CPCCS mientras los cuatro vocales destituidos sigan ahí.
Es decir, no posesionarán a Romero en el cargo.
Este mismo futuro les espera al próximo Contralor General y Defensor Público. Los concursos de selección para estos dos cargos están en curso y, cuando finalicen, la designación que haga el pleno del CPCCS deberá pasar a manos de la Asamblea.
Mientras tanto, desde el CPCCS, Hernán Ulloa, su presidente, afirmó que "queda más que claro que ningún poder del Estado se encuentra exento del control constitucional". Por lo que los cuatro consejeros siguieron sesionando.
Además, pidió a la administración de la entidad que se mantenga estable y firme y que alerten de "cualquier comentario malintencionado, presión, injerencia, intimidación que reciban de cualquier otra persona".
Aunque los consejeros de minoría aún se abstienen de asistir a las convocatorias de Ulloa, tampoco pueden impedir que los concursos de selección sigan y que el pleno tome decisiones.
Por lo que la pelea con la Asamblea determinará el futuro de las autoridades de control que están pendientes de designación y que en todos los casos llevan meses o años en prórroga.
Los ‘rounds’ entre la Asamblea y el CPCCS
El primer 'round' lo ganó el Legislativo, el 18 de noviembre, cuando censuró y destituyó a la mayoría del Consejo, que es considerada afín al gobierno del presidente Guillermo Lasso.
En un segundo 'round' el CPCCS se recuperó. El 23 de noviembre, el juez Ángel Lindao, de la unidad judicial de La Concordia, aceptó las medidas cautelares interpuestas a favor de los cuatro destituidos.
Desde entonces, el impasse entre ambas entidades sigue creciendo. La Asamblea decidió interponer también acciones judiciales y, posteriormente, no acatar la decisión del juez.
Además, el pleno posesionó a dos consejeros suplentes, argumentando que la destitución inicial se mantenía.
Pero el último episodio de la pelea se vivió el miércoles 7 de diciembre, cuando el juez Lindao aceptó la acción de protección y volvió a dar la razón a los cuatro consejeros. Así mismo ordenó a la Asamblea pedir disculpas y poner una placa que diga: “Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional”.
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