Pugna política y judicial pone en ‘jaque’ al Consejo de Participación

En medio de la pugna están Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira y Hernán Ulloa. Este último es el presidente del organismo y entre los cuatro conforman la mayoría, que es considerada ‘gobiernista’ y ha estado tomando las decisiones desde el último cisma dentro de la entidad.

Los cuatro fueron enjuiciados políticamente por la Asamblea, por incumplimiento de funciones, con dos causas:

• La reforma al reglamento el concurso para elegir al nuevo contralor.
• La falta de transparencia en la designación del titular de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial.
  

Con 85 votos a favor, de UNES, el PSC y las disidencias de Pachakutik y la ID, el Pleno determinó su destitución y censura. Esto implica, además, que no podrán ejercer cargos públicos durante dos años.

A la vez, tres de ellos son candidatos a la reelección, en la contienda de febrero de 2023. Según la Ley Electoral, los candidatos inscritos no pueden ser enjuiciados, salvo en casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar.

Los cuatro consiguieron, además, una acción de protección a su favor, que, según un juez de La Concordia, los restituye a sus cargos.

Regresaron a trabajar en el CPCCS, con normalidad e incluso, el Gobierno los reconoce aún como las autoridades vigentes.

La minoría, considerada de oposición al Gobierno, respalda la decisión del Legislativo y afirma no haber sido notificada con la restitución de los cargos de sus colegas del Consejo de Participación.

Por ello, no asistieron a la última sesión plenaria.

En este bando están Sofía Almeida, David Rosero y Juan Dávalos, quienes siempre han recibido apoyo de UNES, el PSC y la facción más radical de Pachakutik. Ellos perdieron la mayoría y el control dentro del CPCCS cuando Almeida perdió la presidencia frente a Ulloa.

En la pugna inicial, también hubo un cruce de acciones judiciales y certificaciones entre ambos grupos.

La nueva mayoría se quedó con el poder y continuó llevando adelante los concursos de selección de autoridades, pese a las críticas de la minoría.

La Asamblea decidió no acatar la resolución judicial que restituyó a sus cargos a los cuatro consejeros de mayoría.

En un primer intento fallido, quiso posesionar a sus suplentes de todas formas. Pero Mónica Moreira, Karina Ponce, Carlos Figueroa y Jaime Chugchilán no asistieron a la convocatoria.

Además, el último renunció a su cargo de consejero suplente, por estar envuelto en una investigación por supuesta estafa, que sostiene es una persecución política.

Hubo un segundo intento de posesionarlos, este domingo, y finalmente el Legislativo lo logró. 

Y en la sesión de la noche del 27 de noviembre, la Asamblea solo logró posesionar al representante de los pueblos y nacionalidades, Olindo Nastacuaz. Esto se realizó pese a que los cuatro consejeros titulares siguen ejerciendo sus cargos.

Por un lado, están al menos 13 acciones de protección y medidas cautelares que se interpusieron en contra de la designación de los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana.

Y una de ellas sirvió de argumento para que la mayoría retome sus cargos y siga ejerciendo dentro del pleno.

Pero el Legislativo no reconoce estas decisiones judiciales, con el argumento de que son una interferencia de funciones.

De todas formas, ya hay una resolución judicial y otras acciones en espera.

Del otro lado, el Legislativo contraatacó con tres acciones judiciales:

• Denuncia ante la Fiscalía por un supuesto fraude procesal del juez de La Concordia, que concedió las medidas cautelares de los consejeros de la mayoría del CPCCS.
• Denuncia penal contra los cuatro consejeros destituidos, por arrogarse funciones y ejercer un cargo público sin el respaldo debido.
• Una denuncia ante el Consejo de la Judicatura, por error inexcusable, contra el juez de La Concordia.

Todas esperan una resolución, aunque las dos primeras requieren que la Fiscalía inicie un proceso. Esto puede verse obstruido por la Ley Electoral que impide que tres de los cuatro consejeros puedan ser procesados penalmente, mientras sean candidatos.

Aunque el Consejo lleva varios procesos adelante, hay tres en etapa avanzada.

Uno de ellos es el concurso para seleccionar al próximo Contralor General del Estado, que está bajo la mira de todos los actores políticos. Y el proceso avanza, pese a los exabruptos internos en el CPCCS.

Este 26 de noviembre, Ulloa dio a conocer la lista de los 117 postulantes que aspiran al cargo. Ellos atravesarán las fases de requisitos, de escrutinio público y de méritos y oposición.

Lo mismo sucede con la designación del futuro Defensor Público. La etapa de postulaciones cerró con 54 candidatos, quienes en las próximas semanas enfrentarán las fases de requisitos, de escrutinio público y de méritos y oposición.

Después de una primera designación fallida, el CPCCS intenta seleccionar a otro Superintendente de Bancos. El proceso de impugnaciones para los candidatos de la terna presidencial arrancó el 24 de noviembre.

De designar un nuevo Superintendente, este debe ser posesionado por la Asamblea, que ya posesionó a Raúl González, desacatando también una resolución judicial que suprimió el primer proceso de designación.

Esa posesión fue desconocida por el Ejecutivo, el CPCCS y la misma Superintendencia de Bancos, por lo que se inició un segundo proceso de designación.