Al menos 13 acciones de protección y medidas cautelares se interpusieron en contra de la designación de los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, el Legislativo no reconoce estas decisiones, con el argumento de que son una interferencia de funciones.
La Asamblea marca un precedente: las decisiones judiciales poco importan. El Legislativo decidió, nuevamente, no respetar una sentencia de acción de protección y continuar con sus actividades como si esta no existiera.
La nueva polémica gira alrededor del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS). El Pleno de la Asamblea resolvió, la noche del viernes 18 de noviembre, destituir a los cuatro miembros de mayoría: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Espupiñán y Francisco Bravo.
Sin embargo, los vocales y otra docena de personas han interpuesto acciones constitucionales, argumentando violación de derechos; una de ellas, obtuvo una sentencia favorable.
Desde hace meses, la Asamblea fijó esta posición. Su argumento es que la Justicia no puede interferir en sus tareas -legislar y fiscalizar- y que, por lo tanto, cualquier decisión judicial que afecte sus labores es una injerencia en otra función del Estado.
En dos ocasiones anteriores, la Asamblea ha resuelto hacer caso omiso de decisiones judiciales:
- Cuando Guadalupe Llori obtuvo unas medidas cautelares para frenar su remoción de la presidencia de la Asamblea, pero la Asamblea igual la removió.
- Cuando Raúl González fue posesionado como el superintendente de Bancos, a pesar de que una sentencia anuló su proceso de selección.
14 acciones judiciales
Alrededor de la polémica entre la Asamblea y el CPCCS se han interpuesto, al menos, 13 acciones judiciales, entre peticiones de medidas cautelares y acciones de protección.
Hasta ahora, una de ellas ha tenido una decisión favorable para los consejeros destituidos: fue planteada por el ciudadano Manuel Párraga en La Concordia, Santo Domingo. Párraga planteó otras seis acciones en ese mismo cantón, que fueron inadmitidas.
Los consejeros destituidos han interpuesto tres acciones: desistieron de dos y la tercera está pendiente de resolución. Dos acciones más fueron planteadas por el asambleísta oficialista Washington Varela, de las cuales una fue inadmitida y otra está trámite.
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, aseguró que cualquiera de estas decisiones pueden ser consideradas una injerencia en la función Legislativa. Por ello, nunca suspendió la sesión de posesión de los nuevos consejeros, que reemplazarían a los cuatro destituidos. Sin embargo, nadie asistió a la posesión.
Después de esto, la respuesta también será en lo judicial, pero por el lado penal. El asambleísta Esteban Torres (PSC) anunció que la Asamblea presentó dos denuncias en la Fiscalía:
- Una por fraude procesal por la decisión del juez de La Concordia.
- Otra contra los cuatro consejeros destituidos por arrogarse funciones y ejercer un cargo del que fueron destituidos.
El CPCCS queda en el limbo
El conflicto entre la Asamblea y el CPCCS no tiene visos de terminar en el corto plazo. Y aunque el Gobierno ya tomó partido por los destituidos, eso no soluciona la pugna.
Del un lado, los consejeros destituidos volvieron a sus cargos, y trabajan normalmente desde la sede del Consejo, con resguardo policial.
Del otro, queda pendiente el siguiente paso que dará la Asamblea después de que los cuatro consejeros que debían reemplazar a los destituidos no asistieron.
Pero en medio, quedan una dos puntos sin resolver que podrían ayudar por zanjar la polémica entre ambas instituciones, o empeorar el problema.
Uno de los pendientes es la consulta que los cuatro consejeros enviaron a la Procuraduría, para conocer si los consejeros que están inscritos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la reelección podían ser enjuiciados políticamente. El anterior procurador, Íñigo Salvador, dejó el cargo sin emitir una respuesta; y el nuevo, Juan Carlos Larrea, aún no responde.
Sobre este tema, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, aseguró en días pasados que su candidatura está en firme y no pueden ser removidos de las papeletas.
Otro pendiente es la denuncia por arrogación de funciones interpuesta por la Asamblea contra los cuatro destituidos. La Fiscalía, con el trámite de ese proceso, podría determinar si es legal o no que Ulloa, Rivadeneira, Estupiñán y Bravo se queden.
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