Entre 2019 y 2022 el presupuesto de la Prefectura de Azuay bajó de USD 75 millones a USD 39 millones. La ejecución también ha sido baja.
El prefecto electo del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, heredará el 14 de mayo de 2023 una institución con poco presupuesto y muchos proyectos esperando recursos. Por eso, apenas iniciada la transición lo que más le preocupa es la situación financiera.
El equipo de transición de la prefecta Cecilia Méndez entregó el viernes 10 de marzo la información requerida del Gobierno Provincial y de sus empresas públicas. Esta semana habrá reuniones específicas para tratar inquietudes entre el equipo saliente y el entrante.
Entre los problemas con los que se ha encontrado hasta ahora el equipo de Lloret es la baja cantidad de ingresos que tiene la Prefectura. El presupuesto pasó de USD 75 millones en 2019 a USD 39 millones en 2022.
El Gobierno Provincial del Azuay depende, en gran parte, de los fondos asignados por el Estado Central. En 2022, la institución esperaba recibir USD 32 millones del Gobierno, pero al cierre del año se recibieron apenas USD 10 millones.
La prefectura azuaya no tiene un monto importante por impuestos, tasas y contribuciones. Estos rubros no llegan ni a USD 150.000 y representan apenas el 1% de los ingresos corrientes.
Hasta 2019, el Gobierno Provincial sí tenía una contribución que generaba ingresos: la tasa solidaria. Era un valor que pagaban los dueños de los vehículos al momento de matricularlos.
Los ingresos de la tasa solidaria eran de aproximadamente USD 4,5 millones por año y se repartía entre las 61 juntas parroquiales de Azuay para obras de vialidad.
En los últimos años de la Prefectura de Paúl Carrasco, quien creó esta tasa, la contribución fue muy cuestionada por los azuayos, por lo que Yaku Pérez la eliminó tras ganar las elecciones en 2019.
En los 17 meses que estuvo al frente de la Prefectura del Azuay, Pérez no creó ningún rubro que sustituya esos ingresos, por lo que solo se restó del presupuesto.
Baja inversión en vialidad
El problema no solo es la reducción de ingresos, también el destino de estos. Un ejemplo es lo que ocurrió en 2022. En el Sistema de Compras Públicas, la Prefectura del Azuay no registra rubros importantes de contratación en proyectos viales, que es su principal competencia.
Solo adjudicó un proceso, para intervenir la vía Quingeo-Cumbe, por USD 1,9 millones. La Prefectura sostiene que sí se ha cumplido con el mantenimiento vial, con otras obras, como puentes, y que ha ejecutado estudios viales.
En 2022, el presupuesto para obra pública se fijó en USD 19 millones, pero solo se ejecutaron USD 4 millones, según la información disponible en el portal de transparencia de esa entidad.
Pese a que la inversión en obra pública fue baja, en el reporte de la ejecución del presupuesto consta que la Prefectura gastó USD 8 millones en personal para proyectos de inversión. Además de los USD 3 millones que se usaron en el pago de nómina de la Prefectura.
A la administración de Méndez se le ha cuestionado también por contratar un alto número de consultorías: 10 en 2022, por casi USD 1 millón. Además de otros procesos menores, como la creación del himno de la provincia, por USD 4.500.
La administración saliente defiende las consultorías y sostiene que, gracias a eso, deja un banco de proyectos listos para ejecutar.
Pero a Lloret ese ofrecimiento no le convence. “No encontramos esa gran cantidad y por más que existan, si no hay recursos no se podrán concretar”, expresó a PRIMICIAS.
Ahora, su tarea será gestionar recursos para los proyectos que ofreció, como una alta inversión en seguridad y vialidad.
El corto periodo de Yaku Pérez
La prefecta Cecilia Méndez defiende su gestión y asegura que logró “ordenar la casa” tras recibir una institución en crisis de mano de Yaku Pérez, quien le heredó el cargo. Eso ocurrió el 5 de octubre de 2020, cuando renunció para postular a las elecciones presidenciales.
Cuando Méndez asumió el cargo, dijo que recibía una Prefectura “en crisis” y cuestionó duramente a su antecesor. Pérez había ganado las elecciones con la bandera del agua.
Como prefecto del Azuay Pérez no se alejó de su línea activista. Se dedicó a promover una consulta popular antiminera, que no pudo concretar, y tuvo un rol protagónico en el paro de 2019.
Pero recién nueve meses después presentó el Plan de Vialidad para el Azuay, que no se cumplió, y quedó sin continuidad cuando renunció para postular a la Presidencia de la República.
Lorena Escobar, integrante del equipo de transición de la actual Prefectura, asegura que no hubo una adecuada transición entre Pérez y Méndez. “Hay un vacío de información de ese periodo y nos tocó empezar desde cero”, sostiene la funcionaria.
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