Daniel Noboa decreta que Verónica Abad no tendrá seguridad oficial en Israel

El 26 de diciembre de 2023, el presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo 90 de su administración. Con este documento, el Primer Mandatario dispuso seguridad de la Casa Militar Presidencia para él, su esposa y sus familiares.

En el caso de la vicepresidenta Verónica Abad, su cónyuge y sus familiares, en cambio, Noboa decidió que la seguridad aplique solo para cuando estén en el país. Desde el 8 de diciembre de 2023, Abad reside en Israel como embajadora de Ecuador en ese país.

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También la seguridad oficial aplicará para el Secretario General de la Administración y para el Gabinete Presidencial. Así como para los cónyuges y familiares de estos funcionarios, según el decreto de Noboa.

En el caso de los familiares de los funcionarios, la protección estará condicionada a un informe técnico y perfil de riesgo de la Casa Militar.

Deroga el decreto de Lasso

Los cambios dispuestos por Noboa reemplazan a la norma que había emitido su predecesor. En 2021, el expresidente Guillermo Lasso había dispuesto que la Casa Militar Presidencial proporcionara seguridad al Presidente y Vicepresidente de la República y a sus cónyuges.

Así como al Secretario General de la Administración Pública y al Gabinete de la Presidencia de la República.

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Y prohibió que la seguridad oficial aplique a familiares del Presidente y el Vicepresidente de la República. Así como a los Ministros o Secretarios de Estado. Aunque, en el caso de los últimos esto podría cambiar si había una necesidad imperiosa motivada.

También, el decreto de Lasso dispuso que la seguridad para los familiares de los expresidentes y exvicepresidentes se retiraría desde mediados de julio de 2021.

Se mantiene seguridad para exmandatarios

Días antes de dejar el cargo, el expresidente Lasso emitió un decreto ejecutivo que modificó las condiciones de seguridad para exmandatarios y exvicepresidentes del país.

Esa norma dispuso que los expresidentes, exvicepresidentes y sus cónyuges reciban protección y seguridad tanto dentro del territorio nacional como en el exterior.

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Para los exmandatarios, el periodo mínimo de protección es de dos años. Para los exvicepresidentes, de un año, desde que finalicen sus mandatos de elección popular.

Estos plazos se podrán alargar sobre la base de un informe de riesgos que debe elaborar la Casa Militar Presidencial. Daniel Noboa no hizo ningún cambió al respecto.