Los promotores de la iniciativa para eliminar esa institución aseguran que superaron el número de firmas necesarias para la reforma constitucional. Mientras tanto, el Consejo se enfoca en trabajo en “territorio” y veedurías de temas locales.
El Consejo de Participación Ciudadana estuvo durante meses en el centro de la polémica, ahora pasa casi desapercibida para la opinión pública. Siete meses después de la destitución de José Carlos Tuárez y otros tres consejeros, por incumplimiento de funciones, la institución busca sobrevivir.
El organismo tiene pocas tareas a su cargo. Por ejemplo, solo está pendiente la designación de una autoridad de control: la de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial -otra institución poco conocida-. Las demás ya fueron realizadas por el Consejo de Participación Transitorio, que dejó nombradas las autoridades para, al menos, los próximos cuatro años.
Sin su principal función, el Consejo se ha dedicado a trabajos locales. Mientras tanto, la iniciativa que busca su eliminación, impulsada por el Comité por la Institucionalización Democrática, avanza.
El CNE comenzó la revisión de formas del Comité por la Institucionalización el 2 de marzo de 2020. API
La revisión de firmas del Comité concluyó el 7 de marzo de 2020. Los resultados aún no son comunicados al Pleno del CNE, pero extraoficialmente se conoce que el requisito fue alcanzado. Con esto, la iniciativa pasará a la Asamblea, para primero y segundo debate.
Una institución dedicada a nimiedades
La falta de presupuesto y la falta de funciones que dejó el transitorio han hecho que el organismo se dedique a diferentes tareas y en diferentes provincias.
Por ejemplo, la próxima sesión del Pleno se realizará el 11 de marzo, en Manabí.
El orden del día previsto para ese día incluye 19 puntos; la mayoría son recibir a representantes de organizaciones sociales y dirigentes locales. Entre ellos están la Red de Integración de Servicios de Limpieza de Manabí, el Colegio de Ingenieros de esa provincia, el colectivo ciudadano Terminal Terrestre con conciencia, los jubilados de la provincia, la presidenta de los multifamiliares “El Palmar” de Manta, entre otros.
Las veedurías conformadas por el Consejo también se enfocan en temas locales. Y las sesiones del Pleno del organismo se centran en recibir a los representantes o aprobar los informes al respecto.
Pero, también se dedican a otras actividades varias. Por ejemplo, el 26 de febrero pasado, los consejeros decidieron guardar un minuto de silencio por 14 árboles que habrían sido talados en Manabí.
Mientras tanto, el único proceso de selección que llevan adelante es el de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. El pasado 4 de marzo, confirmaron los miembros de la terna enviada por el Ejecutivo dos meses antes: Ginella Jácome, William Pinos y Natalie Sandoval.
Un Consejo sin dinero
El Consejo también sufrió un importante recorte en su presupuesto para 2020. El monto asignado por Finanzas asciende a USD 7,7 millones, la cantidad más baja desde 2011.
Christian Cruz, presidente del organismo, pidió mayor asignación, una crítica que vino también de otras instituciones públicas. Sin embargo, no recibió ninguna respuesta de Finanzas.
El organismo de Participación no ha realizado ninguna contratación -aparte de las ínfimas cuantías- desde inicios de 2020.
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