El proyecto plantea la creación de una unidad de abogados especializados en uso legítimo de la fuerza, que se espera que empiece a operar en diciembre de 2022.
La semana pasada el defensor público, Ángel Torres Machuca, entregó al ministro del Interior, Juan Zapata, su proyecto para la creación de la Unidad de Defensa de la Fuerza Pública, en la Defensoría Pública.
Aún falta la aprobación del presidente Guillermo Lasso a esta iniciativa, para que el Ministerio de Finanzas desembolse el presupuesto correspondiente. Sin embargo, Zapata ya comprometió el apoyo del Ejecutivo.
La creación de esta unidad especial se sustenta en la Ley que regula el uso legítimo de la fuerza para los miembros de la fuerza pública, vigente desde agosto de 2022.
Esa norma establece, como uno de los derechos del personal de la fuerza pública, la defensa a través del patrocinio y asesoría jurídica de un abogado de la Defensoría Pública.
La fuerza pública incluye, además de los policías, al personal que trabaja en:
- Medicina Legal
- Cuerpo de Vigilancia Aduanera
- Comisión de Tránsito
- Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria
- Entidades complementarias de seguridad en los Municipios
- Cuerpos de Control Municipales o Metropolitanos
- Agentes Civiles de Tránsito
- Cuerpos de Bomberos
La Ley en referencia especifica que el patrocinio será solo para actos de servicio, en los que los miembros de la fuerza pública hayan usado la fuerza y, como resultado de esa acción, estén inmersos en procesos penales o administrativos.
Entre enero de 2016 y enero de 2022, la Policía registró 108 policías con procesos judiciales derivados de su accionar. De estos, 65 corresponden a casos por extralimitación en un acto de servicio.
Unidad especial en la Defensoría Pública
Andrea Guerrero, directora en Pichincha de la Defensoría Pública, explicó que en el proyecto presentado al Presidente no incluye un presupuesto tentativo.
Eso dependerá, explica, del número de abogados que el Gobierno determine que se necesita para cada cantón o provincia para defender a los uniformados. Una vez que se acuerden las necesidades se podría definir un presupuesto.
Guerrero aclara que no se contratarán abogados, sino que saldrán de los 736 profesionales que actualmente forman parte de la Defensoría. El presupuesto se destinaría a la contratación de auxiliares legales y otros gastos logísticos para esas oficinas.
Según Guerrero, la unidad contará con abogados que se capacitarán y especializarán en uso legítimo de la fuerza, por lo que atenderán únicamente casos de ese tipo.
Si en medio durante el desarrollo del proceso penal, la Fiscalía reformula cargos por otra figura legal, los casos serán reasignados a otros abogados de la planta general de la Defensoría Pública.
Uno de los objetivos es que los uniformados no comprometan su patrimonio en su defensa. Según un cálculo de la Defensoría, un abogado privado podría significar un gasto de entre USD 10.000 y USD 20.000 para todo el proceso.
Entre 2018 y 2021, la Defensoría ya atendió los casos de 10.000 uniformados, principalmente policías.
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