A propósito de la acción de protección presentada por Wilman Terán en contra del presidente Guillermo Lasso, funcionarios de justicia contaron sus historias. El Gobierno insiste en la Judicatura no ejecuta todo su presupuesto.
Wilman Terán ostenta la presidencia del Consejo de la Judicatura, pero -actuando 'sólo' como ciudadano- espera conseguir que el Gobierno pague USD 265,7 millones como medida de reparación a favor de unas 9.396 víctimas por la falta de recursos para la justicia.
Terán interpuso una acción de protección en contra de Guillermo Lasso, presidente de la República, y Pablo Arosemena, ministro de Economía.
La audiencia por esta acción constitucional se instaló el 10 de abril de 2023, en Quito. Terán se presentó, como ciudadano, en representación de las víctimas. En la lista hay funcionarios judiciales, exservidores y usuarios del sistema de justicia.
Según Terán, las víctimas han sido objeto de cuatro violaciones a sus derechos por la falta de asignación de recursos:
- Derecho a la defensa, acceso a la justicia, a un sistema judicial independente y seguridad jurídica de los usuarios del sistema de justicia.
- Derecho al trabajo digno de los abogados en libre ejercicio y de los servidores judiciales.
- Derecho a la seguridad jurídica de los trabajadores de la Función Judicial.
- Derecho al trabajo de los servidores judiciales destituidos.
Una justicia precaria
Para exigir la millonaria reparación, Terán no compareció como Presidente de la Judicatura, sino como un ciudadano, por lo que, para asistir a la audiencia como litigante, solicitó una licencia de su cargo.
Como medio de prueba, Terán presentó los testimonios presenciales y virtuales de una muestra de las 9.396 víctimas que están incluidas en la acción de protección.
Los funcionarios que participaron en la diligencia dieron cuenta de los problemas que han ocasionado la falta de recursos, así como la mala gestión administrativa en la propia Judicatura:
¿Qué pasará con el dinero?
Por esta razón, Terán pidió a la jueza Cecilia Pareja que, en un plazo de 48 horas, el presidente Lasso disponga al Ministerio de Economía el desembolso de USD 265,7 millones al Consejo de la Judicatura.
De esa manera, asegura el accionante, se compensaría "la ausencia de este presupuesto durante los últimos 10 años".
La Judicatura -dirigida por Terán- sería la encargada de gestionar este dinero a favor de las víctimas. Por ejemplo, serviría para pagar USD 13,2 millones que se adeuda a los jubilados de la Función Judicial.
Por si acaso, se pide un recargo del 10% por cada día de retraso en la asignación.
Además, como medidas de reparación simbólica, Terán pidió a la magistrada que disponga que el Gobierno coloque una placa en cada dependencia judicial del país con un texto que exprese que en Ecuador se garantiza la seguridad jurídica a través de la adecuada dotación de recursos al poder judicial.
Y quiere que el presidente de la República se comprometa a que, ninguna autoridad del Ejecutivo, incida en causas judiciales.
La respuesta del Ejecutivo
En su intervención, la representante del Ministerio de Economía explicó que el Ejecutivo tiene que velar por el buen funcionamiento económico del país. Y recordó que no se puede desconocer que Ecuador ha sido golpeado por fenómenos como el terremoto de abril de 2016 o la reducción del precio del petróleo.
Y aseguró que, en los últimos 10 años, se ha adjudicado USD 4.497 millones a la Función Judicial, pero ha habido una ejecución únicamente del 85%. Es decir, USD 500 millones han sido devueltos a las arcas fiscales, "sin haber cubierto las dificultades de los servidores judiciales".
Luis Riofrío, analista jurídico del Ministerio de Finanzas, pidió a la jueza desestimar la acción de protección porque el Gobierno no ha violado ningún derecho, puesto que ha cumplido año a año con la asignación de recursos.
El funcionario añadió que no hay ningún sustento jurídico para asegurar que hubo una errónea asignación de recursos.
Y criticó que, en la demanda presentada por Wilman Terán no se explica cuáles serán los mecanismos para subsanar las violaciones de las supuestas víctimas, sino que se pide una asignación adicional para la Judicatura, que no se sabe cómo se va a gastar.
El Ejecutivo pidió una sanción por un abuso del derecho en contra de Wilman Terán.
A las 21:10 del 10 de abril, luego de once horas de audiencia, la jueza Cecilia Pareja suspendió la diligencia. Esto tras la intervención de los representantes del Ejecutivo y la réplica de Wilman Terán.
La diligencia se reinstalará a las 09:00 del 19 de abril de 2023. La magistrada indicó que la audiencia se convocará a través de una providencia, ya que resta por confirmar el lugar.
Esta nota fue publicada originalmente a las 18:29 del 10 de abril de 2023 y se actualizó a las 21:18 del mismo día con la suspensión de la audiencia.
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