Los legisladores acusados de solicitar “beneficios económicos” aseguran que esperarán a que el Presidente muestre las pruebas contra ellos. La reunión habría sido a espaldas de la coordinación de la bancada.
Nota actualizada a las 22:35, del 28 de marzo de 2022, con las declaraciones del legislador Salvador Qhishpe.
Las acusaciones del Gobierno a cinco asambleístas de Pachakutik, de haber pedido beneficios económicos, cargos y hasta dinero en efectivo a cambio de votos para la Ley de Inversiones, así como la respuesta de estos legisladores, dejan más dudas que certezas.
De momento, el tema está en investigación en la Fiscalía, en una indagación previa que es reservada.
Sin embargo, más allá de los señalamientos, nadie hace públicos los detalles de las reuniones que funcionarios del Gobierno habrían mantenido con los asambleístas Edgar Quezada, Cristian Yucailla, Rosa Cerda, Gisella Molina y Celestino Chumpi.
Los legisladores aparecieron en una rueda de prensa este 28 de marzo de 2022. Sin embargo, se negaron a dar explicaciones sobre estas reuniones, con el argumento de que ya existe una investigación previa, por lo que la información es reservada.
Aseguraron también que es deber del presidente Guillermo Lasso probar sus acusaciones, con pruebas. De momento, se negaron a hablar de una posible denuncia por calumnias.
Los asambleístas no dieron los nombres de los funcionarios del Ejecutivo con quienes se reunieron; tampoco revelaron quién hizo los acercamientos ni el lugar de los encuentros.
Edgar Quezada incluso dijo que no sabe a qué reunión se refiere el presidente Lasso, pues hubo conversaciones “en varias ocasiones” con “varios funcionarios”.
Pero el mismo Quezada, horas antes de esta rueda de prensa, aseguró a Ecuavisa que un subsecretario del Gobierno les ofreció contratos y obras en sus provincias a través de diálogos con los alcaldes. Igualmente, le dijo al medio InformaEc que un alto funcionario les ofreció contratos a cambio de que se “alineen” con el Gobierno.
Salvador Quishpe, también legislador del movimiento indígena, identificó a Juan Pablo Hidalgo, subsecretario de Articulación Intergubernamental del Ministerio de Gobierno, como el promotor de la cita con los cinco asambleístas. En reunión, dijo Quishpe en declaraciones para Notimundo, “han venido para ofrecer contratos vinculados a la Secretaría Técnica de la Amazonía“.
¿A espaldas de la bancada?
Rafael Lucero, coordinador de Pachakutik en la Asamblea, aseguró que los legisladores pueden tener reuniones con funcionarios del Gobierno sin supervisión de la bancada.
El legislador explica que, cuando son temas que se tratan en la Asamblea, como proyectos de ley, informes para primer o segundo debate, o juicios políticos, las reuniones son en la Asamblea con el coordinador de la bancada oficialista BAN, Juan Fernando Flores.
Pero, cuando se tratan de “diálogos políticos por asuntos de territorio”, los asambleístas pueden tener reuniones en representación de sus provincias.
Sobre la reunión señalada por Lasso, aseguró que no tenían conocimiento de ella. “Si lo hubiéramos sabido, lo hubiéramos anunciado”, dijo Lucero. Pero aun así, garantizó su apoyo y solidaridad a los legisladores.
A su criterio, “no hay corrupción sin corruptor” y el Mandatario debió haber informado inmediatamente sobre este presunto delito.
El Gobierno tampoco da detalles
Del lado del Gobierno, tampoco hay detalles sobre la reunión. De hecho, la carta del presidente no especifica en qué reunión fueron las supuestas solicitudes de los asambleístas de Pachakutik, su fecha, ni quiénes participaron.
Sin embargo, Carlos Jijón, vocero de la Presidencia, sostuvo que los diálogos con estos asambleístas sí eran sobre la Ley de Inversiones. Dijo que hubo reuniones con todas las bancadas, pero en esta (o estas) hubo los pedidos.
“El problema fue que, en algún momento en esas discusiones, algunos legisladores (…) pidieron beneficios económicos. No estaban discutiendo la ley en sí, no estaban discutiendo el articulado, sino cómo beneficiarse a cambio de votar a favor de la ley”, dijo Carlos Jijón, vocero de la Presidencia.
Jijón aseguró que Lasso no hizo la denuncia antes de la votación de la Ley de Inversiones porque esperaba que esta sea aprobada con “espíritu patriótico”.
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