Los nombres de cinco legisladores mencionados por el presidente Lasso se suman a los de quienes ya enfrentan indagaciones en la Asamblea o en sus partidos.
Las acusaciones del presidente Guillermo Lasso a cinco asambleístas por supuestos chantajes golpean una ya mermada imagen institucional del Legislativo, que ha enfrentado constantes denuncias de corrupción en apenas 10 meses de mandato.
Una carta enviada por Lasso a la Fiscalía se revelan los nombres de cinco asambleístas de Pachakutik que habrían solicitado “beneficios económicos” a cambio de su apoyo a la Ley de Inversiones.
Esta propuesta legal fue finalmente fue archivada con los votos de la bancada correísta de UNES, la Izquierda Democrática y Pachakutik.
Los cinco asambleístas pertenecen la facción moderada de Pachakutik, es decir, los que no se sumaron a los llamados ‘rebeldes’ sino que se mantuvieron del lado de la presidenta, Guadalupe Llori.
Entre los cinco asambleístas, destaca el nombre de Cristian Yucailla, pues su papel fue clave para Pachakutik (PK) en el trámite de la Ley de Inversiones.
Yucailla es el único asambleísta de esa bancada en la Comisión de Desarrollo Económico, que tramitó la propuesta y, por tanto, se encargó de trasladar las observaciones de Pachakutik a la ley.
El asambleísta, por ejemplo, fue quien planteó los dos últimos cambios introducidos en el informe para votación el 23 de marzo. Con esto se esperaba ablandar la posición de Pachakutik frente al proyecto de ley.
Pero el mismo Yucailla se negó a dar el voto en la comisión, con el argumento de que la bancada iba por la eliminación total del Libro 1 del proyecto de ley de Inversiones (el libro trata sobre las alianzas público-privadas).
Y finalmente la bancada indígena apoyó el archivo, propuesto por uno de los ‘rebeldes’ de Pachakutik.
Investigaciones puertas adentro
Los señalamientos del presidente Lasso a cinco legisladores de PK se suman a las investigaciones internas en la Asamblea, y a nuevas acusaciones.
En el Comité de Ética investiga a la asambleísta María Fernanda Astudillo (UNES). La legisladora fue denunciada por Eitel Zambrano de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) de haber gestionado un pago para un proveedor del Ministerio de Salud.
Específicamente, Zambrano señala a Astudillo de haber enviado un oficio a la ministra de Salud, Ximena Garzón.
En el documento, le solicita información sobre “la gestión que se ha llevado a cabo en el hospital antedicho (Teófilo Dávila, de Machala) para proceder con el pago que en derecho corresponde a Asotexorense“.
Según Zambrano, Astudillo estaría tramitando un pago a favor de la empresa, lo que significaría que incurrió en la prohibición constitucional de gestionar recursos públicos. De comprobarse el caso, la asambleísta debería ser destituida.
Horas antes de la votación del proyecto de ley de Inversiones, el asambleísta Byron Maldonado (BAN) acusó en el Pleno a Ferdinan Álvarez, de UNES. El conflicto se dio en medio del debate para el archivo de la Ley de Lobby. La Comisión de Participación Ciudadana, que Álvarez conduce, propuso el archivo de la propuesta.
Maldonado aseguró que Álvarez es gerente y accionista de una empresa que se dedica al cabildeo. Y en eso radicaba el interés de archivar la propuesta, que buscaba transparentar los procesos de lobby dentro del Palacio Legislativo.
El Pleno finalmente sí votó a favor de su archivo, previo a la votación del proyecto de ley de Inversiones.
Fernando Villavicencio (independiente) también denunció hace pocos días a Fausto Jarrín (UNES). Lo acusó de supuestamente haber recibido USD 650.000 como parte de una transacción que envuelve a la Casa Coloma, un inmueble patrimonial ubicado en el norte de Quito.
La legisladora Ana Belén Cordero (BAN), en cambio, señaló a Mario Ruiz (de la facción radical de Pachakutik) de una posible vinculación con actividades de minería ilegal en la provincia de Imbabura.
La asambleísta dijo que el nombre de Ruiz aparece en un cuaderno y en unos recibos encontrados en un allanamiento. Dijo que esas pruebas demuestran que hay relación entre las actividades de minería ilegal en distintas partes del país. Cordero entregó su denuncia en la Fiscalía contra Ruiz.
Indagaciones pasadas
La Asamblea, además, ya ha investigado a varios legisladores. Uno de los primeros casos fue el de Bella Jiménez (ex ID), exvicepresidenta de la Asamblea.
Jiménez resultó destituida, en un nuevo caso de ‘diezmos’ dentro del Legislativo.
Eckenner Recalde (ex ID) también fue investigado en un caso similar, con acusaciones de pedir dinero a su equipo de trabajo. Sin embargo, el Pleno resolvió no destituirlo.
A esto se suma el caso de Rosa Cerda (PK), ahora también mencionada por Lasso, quien recibió ocho días de suspensión por sugerir que “roben bien”.
Dentro de los partidos
Dentro de las organizaciones políticas también se registraron investigaciones por las actuaciones de sus legisladores.
De hecho, de momento hay procesos en la Izquierda Democrática (ID) y Pachakutik por las votaciones divididas de sus asambleístas.
Marlon Cadena, coordinador de la Izquierda Democrática, aseguró que hay varios procesos internos por la votación de parte de esa bancada en favor de las polémicas amnistías. En ese caso, la ID había decidido que votaría por la abstención.
La bancada también investigará a María Teresa Velásquez, alterna de Wilma Andrade, por no haber votado por el archivo del proyecto de ley de Inversiones.
Mientras que en Pachakutik las investigaciones se centran en la facción rebelde, que apoyó el intento de evaluar al Consejo de la Administración Legislativa (CAL). Allí se anunciaron también procesos ante la Comisión de Ética de la organización política.
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