Dos acciones, ante la justicia ordinaria y constitucional, fueron presentadas para frenar los efectos de las amnistías. Mientras los beneficiarios preparan su defensa.
En la madrugada del 10 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó con 99 votos afirmativos la concesión de amnistías a favor de 268 personas, que formaban parte de 57 procesos penales e investigaciones previas.
Ese mismo día, en el Pleno del Legislativo se reconsideró la votación y se refrendó la aprobación de esas amnistías. Con esa acción, según la Ley de la Función Judicial, la decisión quedó bloqueada y no puede volver a ser revisada por los legisladores.
La polémica de esta decisión pasa -principalmente- por la inclusión de procesados por las violentas protestas de octubre de 2019. Entre estos, dirigentes indígenas, como Leonidas Iza y Jaime Vargas, y políticos correístas, como Paola Pabón, Virgilio Hernández, Christian González y Yofre Poma.
Pero, además, entre las amnistías se mezclaron casos de otros delitos, como tráfico de tierras o minería ilegal, que no son delitos políticos, o conexos con casos políticos, que son a los que apuntan las amnistías.
Ante la ausencia de recursos para impugnar esta decisión en el ámbito político, dos grupos han planteado que este proceso ahora se ventile en los tribunales del país.
Algunos abogados plantean la justicia ordinaria como vía de impugnación y otros, en cambio, a la justicia constitucional. Por eso hay grupos que empezaron recorres ambos caminos en sus intentos por frenar esas amnistías.
Los recursos
Una acción de protección ante la justicia ordinaria y una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC) se presentaron en los últimos días. El objetivo de ambos recursos es frenar los efectos de la resolución de la Asamblea.
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Acción de protección
Andrés Páez, exasambleísta, durante la presentación de la acción de protección en contra de las amnistías, el 15 de marzo de 2022. Captura de pantalla / Facebook Andrés Páez
La madrugada del 12 de marzo de 2022, el exasambleísta Andrés Páez, junto a los abogados Alfonso López y Germán Vega, acudieron a la Fiscalía de Pichincha.
El político presentó una acción de protección y de medidas cautelares en contra de la resolución de la Asamblea, con la que se concedieron las amnistías.
Dos días después, el caso fue sorteado y recayó en el despacho de la jueza Lucila Soria, de la Unidad Judicial de Familia de Quitumbe, en el sur de Quito.
Ahora, la magistrada debe conocer el proceso y convocar una audiencia para su trámite. Aunque podría dictar medidas provisionales, como la suspensión de los efectos de la resolución, hasta que la acción se resuelva.
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Acción pública de inconstitucionalidad
Presentación de la acción de inconstitucionalidad de las amnistías, el 15 de marzo de 2022. Twitter / @SoyCastillo593
El 15 de marzo de 2022, el abogado Andrés Castillo y Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, presentaron en la Corte Constitucional una acción pública de inconstitucionalidad.
De inmediato, el caso ya fue sorteado y se asignó al despacho de Ali Lozada, actual presidente de la Corte.
Según la demanda presentada, Castillo y Alarcón solicitaron declarar la inconstitucionalidad de la resolución, ya que se otorgaron amnistías a 19 personas que eran investigadas por delitos comunes.
Por ejemplo, Jaime Vargas y Leonidas Iza, que eran señalados por secuestro y terrorismo.
Sin embargo, en este caso, otro factor a considerar es el tiempo. La resolución de este tipo de acciones pueden tomar años. Por ejemplo, en enero de 2022, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad sobre algo aprobado en 2011.
El contraataque
Ante estas acciones presentadas, los beneficiarios de las amnistías también preparan su defensa legal a favor la resolución legislativa.
Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, anunció que han solicitado a organizaciones internacionales la presentación de amicus curiae en las causas judiciales. Esta es una figura legal que permite a terceros participar en las audiencias.
Las solicitudes las han enviado, por ejemplo, al Fondo Permanente de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas y a Amnistía Internacional.
Carlos Alvear, abogado de Christian González, uno de los políticos correístas, también informó que presentó un amicus en la acción de protección presentada por Páez.
Además, Alvear recordó que en 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los líderes correístas procesados por el paro. Por lo que la concesión de amnistías debe ser reportada por el Estado a ese organismo.
También, aunque todavía no han tratado esta posibilidad, Alvear no descartó que se busque reparaciones a nivel internacional por una supuesta persecución política.
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