De los 735 casos penales que se abrieron por la violencia registrada en octubre de 2019, solo 130 han avanzado. El 82% se mantiene en etapa preprocesal con reserva.
El intento de eliminar el subsidio a la gasolina por parte del expresidente Lenín Moreno, en octubre de 2019, provocó una revuelta social y hechos de violencia.
Durante 11 días, ciudades se paralizaron y carreteras se bloquearon. A diferencia de otras protestas, esta se caracterizó por un nivel alto de violencia.
Esta situación causó pérdidas humanas, también se dañaron propiedades privadas y públicas. Tras lo ocurrido, la Fiscalía abrió más de 700 investigaciones por los desmanes. La mayoría se agrupa en Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y Azuay; solo en Esmeraldas y Galápagos no hubo procesos.
Además, la Fiscalía investiga 29 tipos penales y la mayoría de casos es por paralización de servicio público, ataque o resistencia, sabotaje y terrorismo.
Pero también hay delitos comunes, como secuestros, robos, asesinatos, homicidios, entre otros. Incluso, hay un proceso por un presunto delito de lesa humanidad en contra de las autoridades políticas y policiales de la época.
No avanzan los casos del paro
Según los registros de la Fiscalía General del Estado, de los 735 casos que se abrieron por el paro de octubre de 2019, solo 130 procesos han avanzado.
La Fiscalía no contestó a las consultas hechas por PRIMICIAS sobre el número de sentenciados y los casos con fallos dictados. Tampoco la dirigencia indígena lleva un registro.
Pero, la primera sentencia ya se hizo pública. El 1 de octubre de 2021, Carmen Tiupul, vicepresidenta de la Confederación del Movimiento Indígena del Chimborazo (Comich), fue declarada culpable del delito de paralización de servicio público.
Un Tribunal de Chimborazo la sentenció a dos años de prisión y al pago de una multa de USD 2.800 y una reparación de USD 5.000. Tiupul es señalada por encabezar la toma de la Gobernación de Chimborazo. El fallo es de primera instancia y puede ser apelado.
Un caso que está a la espera de juicio es el incendio de la Contraloría y la rebelión para desestabilizar al gobierno de Moreno.
En el primer caso, 27 personas, fueron llamadas a juicio como presuntos autores de sabotaje, toma de instalaciones públicas y destrucción de registros.
En el otro proceso, tres personas fueron llamadas a juicio por rebelión. Se trata de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; el parlamentario andino Virgilio Hernández y el dirigente Christian González. En ambos casos está pendiente la fecha de inicio del juicio.
Cerca de la extinción
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece un máximo de dos años el tiempo de la investigación previa. Luego de este plazo, la Fiscalía tiene dos opciones.
- Solicitar el archivo por falta de indicios.
- Formular cargos para que se inicie el proceso penal.
De los 605 casos que se encuentran en investigación previa, 201 ya han sido archivados. Y otros 125 están en trámite de archivo, mientras que solo 265 continúan en investigación.
Además, los procesados están buscando caminos políticos para limpiar su récord judicial. La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), por ejemplo, presentó a la Asamblea un listado de 260 de líderes indígenas y manifestantes sindicados por el paro de 2019; pues la organización busca amnistías.
El Legislativo ya está tramitando este beneficio para Jorge Calderón, dirigente del taxismo y nueve personas que fueron detenidas en Orellana por desmanes. En el mismo camino están Pabón y Hernández.
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