El informe sobre el paro de octubre de 2019 vuelve a enfrentar al Gobierno Nacional y a la Defensoría del Pueblo. Migración, derechos humanos, normas económicas y salud han sido los temas que los han enfrentado previamente.
Los delitos de lesa humanidad se sancionan en el país con una pena de cárcel de 26 a 30 años. Por ese tipo penal, Freddy Carrión, defensor del Pueblo, denunció al presidente Lenín Moreno y a siete funcionarios y exfuncionarios de su régimen ante la Fiscalía.
- Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa.
- María Paula Romo, exministra de Gobierno.
- Nelson Villegas, excomandante de la Policía.
- Lenín Bolaños, exjefe de Estado Mayor de la Policía.
- María Fernanda Tamayo, exinspectora de Policía.
- Patricio Carrillo, exdirector de Operaciones de la Policía.
- Víctor Aráus, excomandante de la Policía en Quito.
La denuncia se presentó con base en el Informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia sobre el paro de octubre de 2019. Según ese documento, la administración de Moreno presuntamente perpetró 249 vulneraciones a los derechos humanos durante el paro.
Carrión pidió a la Fiscalía, además, que prohíba la salida del país de los ocho denunciados. Esto ante el riesgo de que las personas involucradas salgan del país y no comparezcan en el proceso.
Esta denuncia es el punto más álgido y reciente de los enfrentamientos que, por diversos temas, han tenido el Gobierno y la Defensoría del Pueblo en los últimos años.
Varios cruces
Los enfrentamientos empezaron en mayo de 2018. A inicios de ese mes, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio destituyó a Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo del correísmo, y nombró a Gina Benavides como defensora transitoria.
Benavides, a través de declaraciones públicas y acciones legales, se opuso a varias decisiones gubernamentales. Esa posición antagónica la siguió Freddy Carrión, quien fue nombrado como defensor titular en abril de 2019 y continúa en funciones.
Estos son los principales temas que enfrentaron al Gobierno y a la Defensoría del Pueblo:
Migración
Gina Benavides, exdefensora del Pueblo, durante una sesión de la Comisión de Justicia de la Asamblea, en diciembre de 2018. Asamblea
En agosto de 2018, ante la primera ola de migración venezolana que llegó a Ecuador, el Gobierno de Moreno dispuso la exigencia del pasaporte para el ingreso de los inmigrantes al país.
Benavides hizo un exhortó público al Ministerio de Gobierno y a la Cancillería para anular esa solicitud. La calificó como regresiva.
Además, la Defensoría presentó una solicitud de medidas cautelares a la justicia. Un Tribunal anuló la resolución y el nuevo requisito.
Pero el Gobierno volvió a intentar solicitando la cédula para el ingreso. Posteriormente, exigió también la presentación del pasado judicial. En ambas ocasiones, Benavides solicitó a la justicia que anule la decisión y los tribunales le dieron la razón.
Normas y medidas económicas
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En temas económicos la Defensoría del Pueblo también se ha opuesto al Gobierno. En febrero de 2019, por ejemplo, exhortó a la Junta de la Política y Regulación Monetaria la derogación de una resolución.
Esa instancia había cambiado la fórmula de cálculo de interés de las tarjetas de crédito. Eso fue considerado una regresión de derechos por parte de la Defensoría del Pueblo.
A finales de febrero de ese mismo año, Benavides instó al Gobierno a transparentar la información sobre las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros seis multilaterales.
En medio de la pandemia del Covid-19, la entidad -ya dirigida por Freddy Carrión- denunció la inconstitucionalidad de la Ley Humanitaria, que era iniciativa del Ejecutivo.
Derechos humanos
Vista de la cárcel del el Turi el 23 de febrero de 2021 cuando se produjo el motín carcelario. EFE/Robert Puglla
En temas de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo ha ejercido un papel activo sobre las tres crisis carcelarias con las que tuvo que lidiar el gobierno de Moreno.
En febrero de 2019, cuando se dieron los primeros brotes de violencia, la entidad pidió al Gobierno declarar una emergencia. Lo que finalmente ocurrió en mayo de ese año.
La Defensoría responsabilizó directamente al presidente Lenín Moreno, y a su falta de política pública, por las muertes y violencia al interior de las cárceles.
Además, la Corte Constitucional (CC) designó a la Defensoría como la entidad encargada de supervisar que el Gobierno implemente un plan de mejora en el sistema carcelario.
Paro de octubre
Policías se movilizan en un vehículo blindado durante una jornada de protestas, en octubre de 2019. José Jácome / EFE
El principal enfrentamiento entre el Gobierno y la Defensoría del Pueblo fue a raíz del paro nacional de octubre de 2019. En medio de las violentas protestas, la entidad pidió a la Policía Nacional parar el uso excesivo de la fuerza.
Luego de terminado el paro, Freddy Carrión se puso al frente del registro del saldo de las protestas. En un inicio, la Defensoría cifró en 11 los muertos del paro.
La entidad conformó una Comisión de la Verdad que investigue los hechos. El informe final de la comisión rectificó y dijo que son seis fallecidos por acción de agentes del Estado.
El Gobierno, a través de los ministros de Defensa y de Gobierno, ha rechazado ese informe y lo ha calificado como "infame y sesgado".
Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, incluso sugirió que detrás del informe y la denuncia hay un interés de Carrión de figurar a escala internacional.
La pandemia
Una mujer de la tercera edad se prepara para recibir la vacuna contra el Covid-19, el 22 de marzo de 2021 en Cuenca. API
La emergencia sanitaria por Covid-19 y los servicios de salud también fueron objeto de disputa. La Defensoría se encargó de registrar las alertas de vulneraciones de derechos durante la pandemia.
Esta entidad abanderó la lucha judicial de las familias que no logran encontrar los cadáveres de sus familiares, desaparecidos en los hospitales de Guayaquil durante el pico más fuerte de la pandemia. Presentó una acción de protección al respecto.
Carrión pidió públicamente la destitución del exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos por "conflicto de intereses". Lo señaló por privilegiar a su madre en el proceso de vacunación contra el Covid-19.
En Pichincha, la delegación provincial de la Defensoría del Pueblo interpuso una acción de acceso a la información pública en contra del Ministerio de Salud. El objetivo es conocer el detalle del plan de vacunación en esta provincia.
Y, finalmente, la Defensoría presentó una solicitud de medidas cautelares para evitar que "niños, niñas y adolescentes del Ecuador sean expuestos al riesgo inminente de contagiarse del Covid-19 debido a la disposición del Ministerio de Educación y del COE Nacional del retorno progresivo a clases".
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