La Procuraduría General del Estado emitió un criterio que blinda ante la posibilidad de adelantar el juicio político al Consejo de Participación. Dos denuncias se han presentado contra asambleístas de UNES y Pachakutik.
La pugna de poderes dentro de la Asamblea Nacional se mantiene después de los problemas de la sesión del 24 de febrero de 2022. Un día después, cada uno de los bandos empieza a tomar acciones desde el ámbito jurídico para defender sus posiciones y atacar a los contrarios.
Del un lado están la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES), la facción radical de Pachakutik (PK) y el Partido Social Cristiano (PSC).
Ellos impulsan la evaluación de las autoridades del Consejo de la Administración Legislativa (CAL), integrado por la presidenta Guadalupe Llori (PK), los dos vicepresidentes y cuatro vocales. Esta evaluación podría terminar en su remoción de esos cargos.
Del otro lado está Llori, la facción menos radical de Pachakutik, la dirigencia de ese partido, y la mayoría de la oficialista Bancada de Acción Nacional (BAN), sobre todo los miembros de Creo. Ellos acusan a los contrarios de desestabilizadores y de haber estado planeando sus acciones desde hace un mes.
Este grupo ha emprendido lo que aparenta ser un contraataque. Primero, blindaron los juicios políticos que están en camino, y luego plantearon ya dos denuncias contra los "golpistas", las mismas deberán analizarse en el CAL.
El problema de los juicios políticos
UNES, los radicales de Pachakutik y el PSC impulsan un proceso de juicio político en contra de los cuatro vocales de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). Estos cuatro consejeros son acusados de ser cercanos al Gobierno que los tres restantes, que son los más próximos a este grupo opositor.
En medio de la pugna que también se vive en el Consejo de Participación, UNES, Pachakutik y el PSC pidieron que ese proceso tenga prioridad sobre los otros juicios políticos que están en trámite.
Aseguran que una resolución del Pleno podría ratificar esta priorización, a pesar de que la Ley de la Función Legislativa determina que el orden de tratamiento es cronológico.
Según una denuncia de Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización (que tramita los juicios políticos), la pretensión de estas tres fuerzas es "tomarse" el Cpccs.
Esto, dice, les daría control sobre la designación de autoridades de control entre las que destaca el nuevo Contralor y la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Frente a esto, Llori remitió una consulta a la Procuraduría General del Estado sobre si se puede o no alterar este orden cronológico. La respuesta llegó el jueves 24 de febrero de 2022.
El documento, firmado por el procurador Íñigo Salvador, sostiene que el Pleno de la Asamblea puede resolver sobre cualquier tema solo dentro de los límites de las competencias de cada organismo de la Función Legislativa.
Esto quiere decir que el Pleno no podría alterar el orden de los juicios políticos.
Lluvia de denuncias
Ante las pretensiones de impulsar esta evaluación, el otro bando que se alinea con Llori ha comenzado su contrataque. Quienes respaldan Llori y la actual conformación del CAL apuntan también hacer a denuncias públicas.
De momento, hay tres:
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Ana Belén Cordero contra Mario Ruiz
Esto ya comenzó la semana pasada, cuando Ana Belén Cordero (BAN-Creo) denunció una posible vinculación de Mario Ruiz (vocero de la facción radical de Pachakutik) a la minería ilegal.
La asambleísta dijo que el nombre de Ruiz aparece en un cuaderno y una recibera encontrada en un allanamiento. Dijo que esas pruebas demuestran que hay relación entre las actividades de minería ilegal en distintas partes del país.
Cordero entregó su denuncia en la Fiscalía contra Ruiz.
Acabo de presentar ante @DianaSalazarM2 @FiscaliaEcuador la Fiscal General del Estado relevante información sobre actividades de minería ilegal en Buenos Aires, Zaruma y Portovelo y su vinculación miembros y ex miembros de la @AsambleaEcuador pic.twitter.com/gpsXnPi6XK
— Ana BeIen Cordero (@abcorderoc) February 22, 2022
El asambleísta Ruiz se defendió y dijo que son calumnias. Además, aseguró que autoriza la apertura de sus cuentas.
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Fernando Villavicencio contra la Comisión de Garantías Constitucionales
Una segunda denuncia llegó el 24 de febrero. Villavicencio presentó ante el CAL una queja contra la Comisión de Garantías Constitucionales. Su denuncia se centra en el informe sobre las amnistías a favor de supuestos perseguidos políticos.
La queja de Villavicencio se centra en los plazos dispuestos en la Ley de la Función Legislativa.
La normativa establece un plazo de 30 días para que la comisión entregue los informes en el caso de trámite de pedidos de amnistías. Sin embargo, según el legislador, el informe fue entregado en el plazo de 30 días sin las firmas de los miembros de la comisión.
El informe, con las firmas, llegó a los 34 días. Por lo tanto, los acusa de una falta administrativa grave. Esta se sanciona con suspensión de los asambleístas, sin sueldo, de nueve a 30 días.
La Comisión de Garantías Constitucionales es uno de los bastiones de los denominados "golpistas". Esa mesa es dominada por los radicales de Pachakutik y UNES, y fue la que planteó la posible destitución del presidente Guillermo Lasso en su investigación de los "Pandora Papers".
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Eitel Zambrano contra María Fernanda Astudillo
El mismo 24 de febrero, Eitel Zambrano (BAN) presentó una queja ante el CAL contra María Fernanda Astudillo (UNES). Su denuncia se centra en un oficio enviado por la legisladora a la ministra de Salud, Ximena Garzón.
El oficio, que Zambrano adjunta en su denuncia, fue remitido por Astudillo el 3 de junio de 2021. En él, la legisladora solicita información sobre "la gestión que se ha llevado a cabo en el hospital antedicho (Teófilo Dávila, de Machala) para proceder con el pago que en derecho corresponde a Asotexorense".
Según Zambrano, Astudillo estaría tramitando un pago a favor de la empresa, lo que significaría que incurrió en la prohibición constitucional de gestionar recursos. De comprobarse el caso, la asambleísta debería ser destituida.
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