Familiares de los sentenciados heredan las deudas por corrupción

El 7 de enero de 2022, ocho días antes de la muerte de Ricardo Rivera, un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) emitió el mandamiento de ejecución de la sentencia contra él y siete personas más por el caso Odebrecht.

El mandamiento de ejecución es el paso previo al embargo de cuentas y bienes de personas sentenciadas y que no han cumplido con el pago de multas económicas o de reparaciones a favor de las víctimas. En este caso a favor del Estado.

En este caso, Rivera, su sobrino Jorge Glas y seis personas más fueron procesados por su participación en la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrehct y fueron sentenciados.

Pero, la condena no incluye solo tiempo en la cárcel. Además, los ocho sentenciados deben restituir al Estado USD 33,4 millones. Esta suma se dividió de manera ponderada, según el monto de dinero que cada uno movió en la trama de sobornos, según la teoría de la Fiscalía.

El monto se dividió así:

El 72% de esa reparación corresponde a tres personas: Glas, Rivera y el empresario Édgar Arias. Los dos últimos fallecieron a causa de Covid-19 en los últimos dos años. Y la pregunta es, ¿qué pasa con los USD 17 millones que debían pagar entre los dos luego de su muerte?

Los herederos asumen la deuda

Dos días después de la muerte de Rivera, la Procuraduría General del Estado (PGE) se activó para evitar que los bienes y cuentas que dejó el sentenciado se muevan y se complique el cobro de la reparación.

La entidad pidió a la CNJ que enajene, retenga y secuestre todos los bienes que estaban a nombre de Rivera. "La obligación impuesta por la justicia ecuatoriana no se extingue por su muerte", recordó la Procuraduría a los jueces.

Según la PGE, la reparación integral es un pasivo que puede ser transmitido a través de la figura de sucesión por causa de muerte a sus herederos. Y en caso de que no existan, el Estado puede solicitar las medidas de ejecución forzosa en contra de los bienes del sentenciado.

Por lo tanto, si los sucesores toman posesión de la herencia, deberán pagar al Estado los USD 7 millones que obligaba en vida a Rivera. Si los sucesores repudian la herencia, igualmente el Estado podrá exigir que se le pague con cargo a los bienes del sentenciado, entre ellos también las acciones, participaciones o derechos en empresas, en caso de existir.

Y, si no existen herederos, es jurídicamente procedente que el Estado solicite la medida de embargo de bienes y disponga de ellos a cambio de la deuda.

En abril de 2020, en cambio, falleció Édgar Arias. Fue un empresario que, según se demostró en el juicio, utilizó sus empresas para lavar el dinero que Odebrecht entregó como sobornos. Su parte de la reparación económica al Estado es la más alta pues sobrepasa los USD 10 millones.

En este caso, la Procuraduría también pidió enajenación, retención y secuestro de bienes. Y ya identificó a su viuda y a sus tres hijos como sus sucesores.

Sin embargo, antes de poner en marcha el mandamiento de ejecución de la sentencia en contra de estas cuatro personas, los jueces solicitaron documentación que certifique si ya tomaron posesión de la herencia o la repudiaron.

Rumbo a la insolvencia

Entre los otros seis sentenciados del caso deben asumir los otros USD 16,3 millones de la reparación.

De ese total, el exvicepresidente Jorge Glas debe cancelar un poco más de USD 7 millones. A esto se suman USD 778.000 que debe pagar por el caso Sobornos. Y podría añadirse su parte de los USD 5 millones de la reparación del caso Singue, donde tiene una sentencia de primera instancia como coautor de peculado.

En el caso Sobornos, en el que se investigó el financiamiento ilegal que habría recibido Alianza PAIS, ya está adelantado el proceso de ejecución de la sentencia. La PGE ya pidió el embargo de bienes.

En el caso de Glas, la Procuraduría ubicó ocho propiedades: es copropietario de dos departamentos, dos estacionamientos y un secadero en un conjunto residencial en Quito. Y también es usufructuario vitalicio de tres propiedades en Atacames, que están a nombre de sus hijos.

Según la última declaración jurada de bienes de Glas, los dos departamentos en Quito están valorados en unos USD 144.000. Pero, de eso solo le corresponde la mitad. No se conoce el valor de los bienes en Atacames.

Es decir, sus bienes no serían suficientes para cubrir las deudas con el Estado.

En el caso de que los procesados no tengan el dinero ni bienes para cubrir las multas, serán declarados insolventes y el Estado tendrá que dar por perdido el dinero.

Mientras que los sentenciados no podrán manejar bienes, comprarlos o venderlos. Tampoco trabajar o contratar con el Estado ni manejar cuentas en el sistema financiero nacional.