Pese a reiteradas insistencias de la Procuraduría, el Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) no ha emitido el mandamiento de ejecución de la sentencia.
El 16 de octubre de 2019, el Tribunal de Casación de la CNJ negó el último recurso de los sentenciados por el caso Odebrecht en Ecuador, entre ellos están el exvicepresidente Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera. Desde ese día, la sentencia quedó en firme y debió ejecutarse.
La mayoría de los ocho sentenciados habían sido apresados antes de la sentencia por lo que, cuando el fallo fue definitivo, ya habían cumplido parte del tiempo que les correspondía en la cárcel.
Por esta razón, dos años después, siete de los ocho sentenciados ya están libres por el cambio de régimen semiabierto antes conocido como prelibertad.
Solo Jorge Glas sigue preso en la Cárcel de Latacunga: en su contra tiene otra sentencia de ocho años por el caso Sobornos 2012-2016.
Pero, la condena no incluye solo tiempo en la cárcel. Además, los ocho sentenciados deben restituir al Estado USD 33,4 millones. Esta suma se dividió de manera ponderada, según el monto de dinero que cada uno movió en la trama de sobornos, según la teoría de la Fiscalía.
El monto se dividió así:
Sin embargo, cuatro años después de la sentencia de primera instancia y 792 días luego de que el fallo quedara en firme, el Estado no ha empezado el proceso para cobrar ese dinero ni a Glas, ni a Rivera ni a los otros senteciados.
Dos años de insistencias
Desde el 27 de agosto de 2020, a través de la Unidad de Recuperación de Activos, la Procuraduría General del Estado (PGE) ha enviado 34 oficios de insistencia a la Corte Nacional de Justicia para que emita el mandamiento de ejecución de la sentencia y se empiece el proceso de cobro.
Cuando una sentencia queda en firme, los procesados tienen un plazo para cumplirla. Esto incluye el pago de la reparación integral a la víctima, que en este caso es Ecuador, representado por la PGE.
Los sentenciados incumplieron el pago y la Procuraduría empezó el proceso para el cobro vía judicial.
Para esto, la entidad presentó una petición de ejecución de la pena al Tribunal que juzgó el caso. Pero esa petición no ha sido atendida.
Los jueces debían calificar la petición, notificar a los sentenciados con el inicio del proceso de ejecución y nombrar un perito.
El perito se encarga de calcular los costos e intereses que siga generando la deuda mientras dure el proceso de cobro.
Con el informe final del perito, los magistrados determinarán las cantidades definitivas que los sentenciados deben pagar y expedirán el mandamiento de ejecución, que establece el tiempo en el que los procesados deben cumplir con la reparación.
La Procuraduría necesita la emisión del mandamiento de ejecución para cobrar el dinero de reparación, recibir fórmulas de pago, embargar bienes o presentar solicitudes de insolvencia. Mientras tanto el proceso está detenido.
Pausas y demoras
Según la normativa penal y procesal, al Tribunal de juzgamiento le corresponde también ejecutar la sentencia y dirigir el cobro de las reparaciones.
Pero, en el caso Odebrecht la conformación de esta instancia no ha sido fija.
El Tribunal original estuvo integrado por Édgar Flores, Sylvia Sánchez y Richard Villagómez. Los tres fueron destituidos luego de la evaluación a la Corte Nacional que la Judicatura desarrolló en noviembre de 2019.
Durante 2020, esos despachos estuvieron a cargo de conjueces temporales que la Judicatura eligió de entre los jueces de cortes provinciales. En ese tiempo, el Tribunal estuvo conformado por Dilza Muñoz, Lauro De la Cadena y Milton Ávila luego de un resorteo.
Hasta que finalmente, en enero de 2021, se posesionaron los nuevos titulares. Y en marzo el caso recayó en Byron Guillén, Felipe Córdova y Lauro De la Cadena.
Pero, eso no terminó con los problemas. Recientemente, hubo una disyuntiva sobre qué autoridad debe llevar el proceso de ejecución de la sentencia.
El 6 de septiembre de 2021, otro Tribunal de la CNJ se inhibió de seguir este procedimiento en el caso Sobornos. Y dispuso que se hagan cargo tribunales de primera instancia de los domicilios de los sentenciados.
Pero, el 25 de octubre de 2021, el Pleno del organismo aprobó una resolución con fuerza de ley para dilucidar este tema. En el documento, los magistrados resolvieron que los jueces competentes para ejecutar el cobro de la reparación integral a favor de la víctima son los que dictaron la primera sentencia de condena. Es decir, el Tribunal de juzgamiento
Por esta razón, desde el 19 de noviembre de 2021, el juez Guillén, que lidera el nuevo Tribunal, ha intercambiado varias comunicaciones con la Procuraduría. Y se espera que en las próximas semanas se emita el mandato de ejecución en el caso Glas.
Rivera todavía no piensa en el pago
El caso Odebrecht y el cobro de la reparación integral volvió a la palestra por la reciente liberación de Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas.
Rivera salió de prisión el 10 de diciembre de 2021, luego de cumplir el 60% de su condena y acogerse a la prelibertad.
Pero, al igual que los otros sentenciados, no ha pagado su parte de la reparación.
Por eso, la Procuraduría solicitó a la justicia ampliar y aclarar la concesión de la prelibertad, considerando que no ha pagado la reparación.
Sin embargo, Aníbal Quinde, abogado de Rivera, explica que este pedido de la Procuraduría no puede revocar lo decidido por el juez del caso.
Y asegura que la Procuraduría, pese a ser considerada víctima, no puede exigir el cumplimiento del pago, mientras no haya un mandamiento de ejecución de la sentencia.
¿Qué hará Rivera cuando el mandamiento se emita y tenga que pagar? "No he tenido conversaciones sobre ese tema con el señor Rivera, ya que por ahora está atendiendo su estado de salud", dijo Quinde.
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