La Corte Nacional de Justicia (CNJ) emitió una resolución aclaratoria con la que la ejecución de la sentencia del caso Sobornos vuelve a su trámite original.
Expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes es una de las ocho funciones que tiene el Pleno de la CNJ, según el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
Eso ocurrió alrededor del proceso de pago de reparaciones integrales a favor de las víctimas en casos penales.
En una sentencia, los jueces pueden disponer el pago de una cantidad de dinero como medida de reparación a favor de los perjudicados. Estos valores deben ser cancelados por los condenados.
Pero, cuando los sentenciados no pagan voluntariamente y en el plazo establecido en el fallo, empieza un proceso de ejecución de sentencia. La duda era qué autoridad judicial debe llevar ese proceso.
Según el artículo 142 del COFJ, corresponde al juez de primera instancia ejecutar las sentencias. Y en los procesos en los que la Corte Nacional haya conocido de una causa en primera instancia, se remitirá el proceso a un juez de primer nivel competente del lugar en donde tenga su domicilio el procesado.
Mientras que en los artículos 669 y 670 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se establece que es un juez de garantías penitenciarias, quien debe conocer si se ha cumplido la pena y la reparación integral que consta en la sentencia.
Por eso, el 25 de octubre de 2021, el Pleno de la CNJ aprobó una resolución con fuerza de ley para dilucidar este tema.
En el documento, los magistrados resolvieron que los jueces competentes para ejecutar el cobro de la reparación integral a favor de la víctima son los que dictaron la primera sentencia de condena. Es decir, el Tribunal de juzgamiento.
Sobornos, el primer afectado
Uno de los primeros casos que se verá afectado por esta resolución es el Sobornos 2012-2016. Según la sentencia, los 20 implicados deben pagar USD 14,7 millones a Estado ecuatoriano.
Cada uno de los autores por instigación (Rafael Correa y Jorge Glas), los coautores y autores directos deben pagar USD 778.224 y los cómplices USD 368.632, cada uno.
En este caso, la Justicia sentenció a 20 personas por el delito de cohecho. La Fiscalía demostró que durante la presidencia de Rafael Correa se exigieron sobornos a empresarios privados a cambio de la adjudicación de contratos. Con el dinero recaudado se financiaron actividades electorales de Alianza PAIS.
Hasta el momento, solo los empresarios Víctor Fontana, Teodoro Calle y Alberto Hidalgo han cumplido con el pago. Los dos primeros desembolsaron USD 778.224, cada uno. Hidalgo canceló USD 368.632.
En total se ha recolectado USD 1,9 millones y faltan por recuperar USD 12,8 millones.
Para cobrar a los demás, la Procuraduría ejecutó varias acciones.
- Primero, solicitó a los Registros de la Propiedad de varias ciudades que detallen las propiedades que están a nombre de los sentenciados. Esto como el primer paso de cara al embargo.
- Y, además, el 7 de junio de 2021 la Procuraduría solicitó al Tribunal de Ejecución que se inicie el embargo de las cuentas bancarias de los sentenciados. Así, los valores encontrados en esas cuentas serán transferidos a la cuenta de la Judicatura y luego deben ser remitidos a la cuenta del Tesoro Nacional.
Vuelve a la Corte Nacional
Luego que la Procuraduría presentará el pedido de ejecución de sentencia, el proceso para el cobro de las reparaciones estuvo a cargo del Tribunal de Juzgamiento de la CNJ, conformado por los jueces Walter Macías, Marco Rodríguez y Adrián Rojas.
Sin embargo, el 6 de septiembre de 2021, esta instancia resolvió inhibirse de seguir conociendo este caso. Y delegó esa tarea a los jueces de garantías penales de las ciudades en las que cada uno de los sentenciados tiene su domicilio.
Pero, Iván Saquicela, presidente de la CNJ, explicó que eso es imposible. En casos como el Sobornos, donde hay 20 sentenciados, el proceso podría recaer en muchos juzgados. Además, algunos de los condenados tienen domicilios desconocidos o están prófugos.
Con la nueva resolución, el proceso vuelve al Tribunal de Macías, Rodríguez y Rojas. Y deberá retomarse desde el pedido de embargo de cuentas y propiedades que ya había sido solicitado por la Procuraduría.
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