Hay un nuevo obstáculo para el cobro de las reparaciones a los sentenciados del caso Sobornos: la Corte Nacional de Justicia no seguirá en el proceso.
Tras la finalización del caso Sobornos 2012-2016 y la negativa de la mayoría de los sentenciados para pagar la reparación integral al Estado, la Procuraduría (PGE) activó el mecanismo de ejecución forzosa de la sentencia.
A través de esta figura, la PGE intenta que los condenados cumplan con la multa impuesta por la justicia.
Según la sentencia, los 20 implicados deben pagar USD 14,7 millones al Ecuador. Este pago es una de las formas que se estableció para que se compense al Estado por el perjuicio causado.
Cada uno de los autores por instigación (Rafael Correa y Jorge Glas), los coautores y autores directos debían pagar USD 778.224 y los cómplices USD 368.632, cada uno.
En este caso, la Justicia sentenció a 20 personas por cohecho. La Fiscalía demostró que en la presidencia de Rafael Correa se exigieron sobornos a empresarios privados a cambio de la adjudicación de contratos. Con el dinero recaudado se financiaron actividades electorales de Alianza PAIS.
Hasta el momento, solo los empresarios Víctor Fontana, Teodoro Calle y Alberto Hidalgo han cumplido con el pago. Los dos primeros desembolsaron USD 778.224, cada uno. Hidalgo canceló USD 368.632.
En total se ha recolectado USD 1,9 millones y faltan por recuperar USD 12,8 millones.
Para cobrar a los demás, la Procuraduría ejecutó varias acciones. Primero, solicitó a los registros de la propiedad de varias ciudades del país que detalle las propiedades que están a nombre de los sentenciados. Esto como el primer paso de cara al embargo.
Y, además, el 7 de junio de 2021 la Procuraduría solicitó al Tribunal de Ejecución que se inicie el embargo de las cuentas bancarias de los sentenciados. Así, los valores encontrados en esas cuentas serán transferidos a la cuenta de la Judicatura y luego deben ser remitidos a la cuenta del Tesoro Nacional.
Sin embargo, estas acciones están en suspenso y deben ser asumidas por otros jueces.
La inhibición del caso Sobornos
El 6 de septiembre de 2021, el Tribunal que juzgó el caso Sobornos, y que se convirtió en Tribunal de Ejecución, resolvió inhibirse de continuar con la ejecución de la sentencia.
Este Tribunal lo conforman los jueces Walter Macías, Marco Rodríguez y Adrián Rojas. Esta decisión se basa en un análisis legal.
La Sala Penal de la Corte Nacional resolvió unificar el criterio del artículo 142 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
Este apartado de la norma establece que corresponde al juez de primera instancia ejecutar las sentencias. Y en los procesos en los que la Corte Nacional, como es el caso Sobornos, haya conocido de una causa en primera instancia, se remitirá el proceso a un juez de primer nivel competente del lugar en donde tenga su domicilio el sentenciado.
“Concluido el proceso penal, es decir, ejecutoriada la sentencia dictada en los casos de fuero, la competencia para sustanciar la fase de ejecución corresponde al juez de primer nivel de la Unidad Judicial respectiva del domicilio de los sentenciados”.
Providencia del juez Walter Macías
De Latacunga a Guayaquil
Es decir, la ejecución de la sentencia, que incluye el cobro de la reparación a través del embargo de bienes y cuentas, recaerá sobre jueces penales de primer nivel de las ciudades en las que cada uno de los 17 sentenciados deudores tiene establecido su domicilio.
Por ejemplo, para los casos del exvicepresidente Jorge Glas y el exsecretario jurídico Alexis Mera, que están detenidos en Latacunga, el caso recaerá en un juez de esa ciudad. Mientras que para Pamela Martínez, excolaboradora presidencial, el proceso lo asumirá un juez de Guayaquil.
Y en el caso de que alguno de los sentenciados no tengan un domicilio establecido en el país, la ejecución de la sentencia recaerá en la Unidad Judicial del Distrito Metropolitano de Quito.
De los 18 sentenciados deudores, varios están prófugos en el extranjero. El expresidente Correa está en Bélgica. Vinicio Alvarado, en Venezuela. Walter Solís, en México. Y María de los Ángeles Duarte, asilada en la embajada de Argentina en Ecuador.
El alcance de la decisión del Tribunal de la CNJ todavía no está claro. Por esta razón, la Procuraduría aún no se ha pronunciado. El 10 de septiembre, David Quiñónez, en representación del procurador Íñigo Salvador, pidió que se aclarara el fallo. Todavía no se ha hecho pública la respuesta.
Pablo Encalada, abogado penalista y defensor de uno de los empresarios sentenciados, explica que el alcance de la resolución no tiene que ver únicamente con el cobro de la reparación, sino con todos los ítems de la sentencia.
Por ejemplo, explica el jurista, serán estos jueces locales quienes asuman los pedidos de los sentenciados para rebajas de pena, prelibertades y demás beneficios penitenciarios.
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