Wellington Sandoval y Javier Ponce, exministros de Defensa de la administración de Rafael Correa, serán procesados por la compra de helicópteros en 2008.
La Fiscalía General del Estado solicitó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que señale día y hora para la audiencia de formulación de cargos.
En total, según los indicios recabados por la Fiscalía en la investigación previa, se procesará a 15 personas.
Además, de Sandoval y Ponce, en esa lista destacan:
- Rodrigo Bohórquez, excomandante de la Fuerza Aérea (FAE).
- Carlos Morales, exdirector ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional.
- Leonardo Barreiro, exjefe del Estado Mayor General de la FAE.
Según el informe oficial, la Fiscalía procesará a estas personas por peculado conforme al artículo 257 del Código Penal derogado, que estaba en vigencia cuando el presunto delito ocurrió.
Este caso estuvo parado por varios años debido a una limitación legal. En 2016, la Contraloría, en ese tiempo dirigida por el hoy prófugo Carlos Pólit, realizó un examen a la compra de esas aeronaves y no encontró indicios de responsabilidad penal.
Sin ese requisito, el proceso penal no podía seguir y se archivó por pedido de la Fiscalía, en ese entonces liderada por el correísta Galo Chiriboga.
Pero, en 2019 la Corte Constitucional (CC) abolió el requisito del informe de la Contraloría para poder iniciar un proceso penal. Y ese fue el principal argumento para que en diciembre de 2020, la Fiscalía reabriera la investigación previa.
El caso
En 2008, la FAE y la empresa hindú Hindustan Aeronautic Limited (HAL) suscribieron un contrato por más de USD 45 millones para la adquisición de siete helicópteros Dhruv.
Cuatro de los siete helicópteros comprados se accidentaron entre 2009 y 2015. Varios soldados murieron. Y las tres aeronaves restantes se retiraron de circulación.
Jorge Gabela, excomandante de la FAE se opuso a esa compra, y en diciembre de 2010 lo asesinaron en su casa en Guayaquil.
Al inicio, el homicidio se trató en el contexto de un robo. Pero, una pericia internacional indicó que podría estar relacionado con un caso de delincuencia organizada vinculada al proceso de los Drhuv.
Tanto el perjuicio para el Estado en la compra de los helicópteros como la muerte de Gabela, al momento, continúan sin solución.
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