En su demanda, Salazar alega que las acciones de Patricia Schettini, esposa de exdefensor del Pueblo, le han causado sufrimiento y 'humillaciones públicas que menoscaban sus derechos políticos'.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) debe tramitar una denuncia por violencia política de género, que fue presentada por la fiscal General, Diana Salazar, en contra de Priscila Schettini y la abogada Angélica Porras, del colectivo Acción Jurídica Popular.
Pero la causa está pendiente, porque el juez a cargo Richard González Dávila se excusó de tramitarla, el pasado 27 de septiembre.
Según argumentó González, junto a Schettini y Porras, en mayo de 2023, denunció a Salazar en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) por un supuesto plagio de su tesis de grado.
"Al estar subrogando al Juez principal Dr. Fernando Muñoz Benítez, y habérseme informado que la presente causa se encuentra para despacho, me corresponde presentar a través del presente auto la siguiente excusa", señala González en su providencia.
La fiscal Salazar aduce que las denunciadas han impulsado una campaña de descrédito en su contra, tras el escándalo de un supuesto plagio de su tesis, que fue desvirtuado por un comité de la Universidad Central del Ecuador.
"Las denunciadas han vulnerado mi derecho a vivir una vida libre de violencia, he sufrido diferentes actos intimidatorios y amenazas, me han sometido a humillaciones públicas que menoscaban mis derechos políticos, desacreditación de mi imagen pública", dice Salazar en su demanda.
Añade que "los actos violentos, intimidatorios y amenazantes, afectan mi derecho a ejercer el cargo plenamente, en las mismas condiciones que ejercieron mis compañeros hombres. Me causa sufrimiento permanente, le causa sufrimiento a mi madre, mi hija, mi hermana, y a los demás miembros de mi familia".
"Ha impactado, además, en forma negativa en mi salud integral que, de acuerdo con la OMS, es el estado de bienestar físico, emocional y social"
Diana Salazar, fiscal general.
Además, la Fiscal General junto a su madre, María Méndez, solicitó que se abra una investigación previa por el delito de odio contra el juez Richard González, Porras y Schettini, esposa de Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo que cumple una condena por violencia sexual.
En su cuenta de la red social X, el juez González consideró que hay una persecución política. Mientras que Schettini responsabilizó a Salazar y a la Policía por su integridad y la de su familia.
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