Cuál es el enredo con la tesis universitaria de la fiscal Diana Salazar

El Colectivo Acción Jurídica Popular denunció un supuesto plagio de la tesis que Diana Salazar presentó para obtener su grado en la Universidad Central, en 2005. El documento se titula 'El tráfico ilegal de migrantes “coyoterismo” en la legislación ecuatoriana'. Salazar obtuvo una calificación de 9/10 por ese trabajo. Según la acusación, un programa antiplagio habría detectado varios tramos del texto que corresponderían a otros autores y no fueron citados en el documento académico con el que Salazar obtuvo su título como Doctora en Jurisprudencia y Abogada. Serían, al menos, 37 páginas, las que demostrarían el presunto plagio, dicen los acusadores, que calculan que el 40% de la tesis habría sido plagiada.

El Colectivo Acción Jurídica Popular asegura en sus redes sociales que "desde el principio de autodefensa hacemos constitucionalismo popular". En este caso, dos de los rostros más visibles han sido Angélica Porras, quien en los últimos meses también fue la abogada defensora del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión; y Priscila Schettini, esposa de Carrión. Porras dice estar sorprendida por el revuelo que ha tomado el caso por el presunto plagio de la tesis cuando ellos "han hecho otras acusaciones más graves en contra de la fiscal Salazar", como la denuncia por presunto fraude procesal que habría cometido, precisamente, en el caso de Carrión.

La denuncia por presunto plagio se formalizó ante la Universidad Central del Ecuador. La institución académica conformó, la semana pasada, una Comisión de Auditoría Académica para revisar la tesis de Diana Salazar. Los denunciantes piden que la Universidad Central revoque el título de Salazar. La universidad todavía no ha hecho público el resultado de la auditoría.

Dos entidades públicas decidieron intervenir por la denuncia de presunto plagio. El primero fue el Consejo de la Judicatura. La entidad, dirigida por Wilman Terán, ha tenido varias disputas con la fiscal general, sobre todo, relacionada con la evaluación de los agentes fiscales. La noche del lunes 29 de mayo de 2023 el pleno del Consejo debía conocer un informe del subdirector de Control Jurídico que asegura que Salazar podría haber accedido a su cargo “valiéndose de posibles artimañas en el acto de presentación de los documentos para el respectivo proceso de selección”. El informe recomendaba al Pleno la “medida preventiva de suspensión” de Salazar por un plazo máximo de tres meses, sin remuneración. La sesión no se pudo instalar por falta de quórum. El solo anuncio de la posible sanción provocó reacciones, empezando por el presidente del Corte Nacional de Justicia, de quien aseguró que la única entidad que podría destituir a la Fiscal General es la Asamblea -disuelta desde la semana pasada-. https://twitter.com/ivansaquicela/status/1663360559436247041 La misma Fiscal General explicó que "está sujeta al control político de la Asamblea Nacional y no al régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura". Los acusadores, sin embargo, asegura que el Consejo de la Judicatura sí tiene potestad para imponer sanciones administrativas. Porras dice que la Fiscal General sí está sometida a las disposiciones del Código Orgánico de la Función Judicial. Esa norma contempla como una infracción gravísima "proporcionar información falsa o utilizar documentos falsos para la selección, concurso de oposición y méritos e inscripción de su nombramiento". La Judicatura, el 30 de mayo de 2023, emitió un comunicado en el que explica que el informe del Subdirector de Control Disciplinario "no es más que una opinión, que debe tratarla el Pleno para negar o aceptar". Y añadió que "el respeto a las competencias de cada órgano del Estado es indispensable para solventar la institucionalidad democrática".

El Consejo de Participación Ciudadana -de mayoría correísta y socialcristiana- que se auto adjudicó la tarea de fiscalización, tras la disolución de la Asamblea, también es parte de este caso. El presidente del organismo y exabogado de Rafael Correa, Alembert Vera, convocó a la fiscal Diana Salazar a una audiencia pública, el viernes 2 de junio a las 10:00, para que responda por un “presunto plagio de su tesis” universitaria. Vera aseguró que la audiencia se convocó por pedido de dos colectivos ciudadanos. Porras dice que su objetivo durante la audiencia es hacer públicos los indicios que han encontrado del supuesto plagio. Salazar ya adelantó que no acudirá a la audiencia y que envió una respuesta por escrito al Consejo de Participación.

En entrevista con Ecuavisa, Diana Salazar, dijo que espera que la Universidad Central emita el informe técnico jurídico para descartar las acusaciones. Aseguró que tiene absoluta certeza de lo que hizo y del proceso que cumplió para su graduación. Las acusaciones, dijo, "son puras falacias, así que no hay de que preocuparse".