La Estrategia por la Seguridad y la Paz es la apuesta del Gobierno para combatir al narcotráfico. Las autoridades buscan el apoyo de Estados Unidos.
Diego Ordóñez, secretario de seguridad del Estado, habló con PRIMICIAS sobre la propuesta de lucha contra el narcotráfico y sus alcances. Además, el funcionario explicó las preguntas planteadas en el referendo constitucional que forman parte de la misma.
A propósito de la visita de la general Laura Richardson, Ecuador presentó la Estrategia para la Seguridad y la Paz. ¿En qué consiste?
El Gobierno tomó una decisión histórica y no se le ha dado el suficiente valor en la evaluación de lo que se hace respecto a la estrategia de seguridad: declarar al narcotráfico y al crimen organizado como una amenaza a la estabilidad del Estado.
Esto es fundamental porque ya no solo es una categoría delincuencial, ya no es solo un delito. En lo delictual la Policía interviene. Ahora tiene que ver con la estabilidad misma del Estado y en este momento las Fuerza Armadas entran como actor en una estrategia de defensa.
¿Por qué es importante la inclusión de las Fuerzas Armadas?
Porque permite que el Estado ecuatoriano, a través de las Fuerzas Armadas y Policía, tenga una estrategia conjunta que combina capacidades y competencias para lograr más eficiencia en el combate al crimen organizado.
¿Qué abarca la Estrategia para la Seguridad y la Paz?
Es un plan que incorpora estas dos competencias (Policía y Fuerzas Armadas). No desde el punto de vista de combinación para efectos de militarizar la lucha antidrogas, sino en el sentido de usar capacidades en la identificación del enemigo.
Es decir: cómo opera, cómo funciona, cuáles son sus rutas, cómo ingresa y cómo sale la droga del Ecuador, cómo se riega el dinero, cómo se alimentan las redes criminales.
¿En qué beneficiará al Estado tener esta información?
Esa base de conocimiento es la plataforma de trabajo fundamental en la que se asienta una estrategia de defensa. Porque si usted no tiene identificado el enemigo, mediante una estructura de inteligencia del Estado, difícilmente va a ser eficiente.
Entonces, esta articulación parte del hecho de vincular a las Fuerzas Armadas con la Policía en un enfoque: una guerra de inteligencia, no una guerra militar.
¿Cómo se construyó esta Estrategia?
La venimos trabajando desde hace seis meses y parte de que la inteligencia es la fuerza de toda estrategia. Tenemos que identificar el funcionamiento del crimen organizado con operadores de violencia y económicos, además de otros como jueces, políticos, policías y militares.
Usted dice que la Estrategia se origina en la declaratoria del narcotráfico como una amenaza para el Estado. ¿Es una declaratoria retórica o formal?
Es una decisión tomada por el más alto organismo de seguridad del Estado, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe),
Está claro que la parte primordial de este plan es la información y la inteligencia. ¿Cómo pasar a la operatividad?
Las Fuerzas Armadas tienen un rol, que es cubrir fronteras y la Policía Nacional, la seguridad interna. ¿Qué hay que hacer? En esos ámbitos -y en esas capacidades- usted tiene que fortalecer la debilitada capacidad operativa.
¿Por qué están debilitadas estás capacidades?
Es el resultado de una política premeditada de aquellos que pactaron con la delincuencia y la violencia. Ahora tenemos que responder para que las capacidades operativas, más o menos, sean compatibles con la amenaza.
¿A qué se refiere con eso?
Quiere decir que la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval, la Fuerza Terrestre y la Policía Nacional tengan capacidades operativas que nos permitan enfrentar la amenaza.
En Ecuador hay un desequilibrio. La amenaza crece, la influencia del delito en la seguridad pública ha aumentado, pero si usted evalúa a respuesta del Estado es menor frente al crecimiento de la amenaza.
¿Cómo alcanzar esta “compatibilidad”?
Tenemos que empezar a subir el nivel de capacidad operativa para alcanzar condiciones que nos permitan enfrentar la amenaza con capacidades adecuadas.
¿Cómo hacerlo?
Significa un sacrificio presupuestario fuerte.
¿Han cuantificado cuánto costará?
Sí tenemos cuantificado, pero no le puedo comentar cuánto.
¿Esta inversión será para lo que resta de este Gobierno o a largo plazo?
Tenemos un plan de corto plazo, que necesita un financiamiento, y tenemos un programa de mediano y largo plazo, que necesita otro tipo de financiamiento.
La cooperación con Estados Unidos
¿Cuál es el rol de Estados Unidos en esta Estrategia?
Hay una convocatoria que el presidente Guillermo Lasso se la hizo al presidente Joe Biden y también la hemos hecho por varios contactos.
Tanto a través del ministro de Defensa, Luis Lara, que se reunió con el secretario de Defensa de Estados Unidos. La embajadora del Ecuador en Washington (Ivonne Baki) tiene una actividad muy intensa en cuanto a promover al interior del Departamento de Estado y del Senado esta preocupación que tiene Ecuador sobre el combate del narcotráfico.
El encuentro de ayer con la general Laura Richardson está dentro de esta secuencia.
¿Cuál es el planteamiento?
El presidente Lasso ha dicho esta es una lucha que no la podemos llevar a cabo solos y necesitamos el apoyo, ayuda internacional y, obviamente, hay que convocar a un país tan importante como Estados Unidos.
¿En qué estado está esta cooperación, han recibido alguna respuesta?
Tenemos una hoja de ruta, esto hay que ir viendo. Hay un plan que Ecuador tiene y es fundamental, no podemos sentarnos sin saber exactamente qué queremos ni cómo lo queremos lograr.
Eso está planteado y ya veremos en adelante cómo se pueden abrir posibilidades y la apertura que tengamos, de parte del gobierno norteamericano, para que ese plan pueda concretarse.
¿La cooperación para esta estrategia se ha pedido a otros países?
En esta primer etapa solo a Estados Unidos.
La consulta popular
¿Esta Estrategia se conecta con la primera pregunta del referendo propuesto por el Gobierno sobre el rol de las Fuerzas Armadas?
Todo es parte de una estrategia.
¿Se necesita la aprobación del referendo para aplicar la Estrategia?
No. Necesitamos la reforma para que las cosas se nos faciliten, se le faciliten el Estado ecuatoriano.
Quiero subrayar el hecho de que la consulta no va a favorecer a este Gobierno, sino a una estrategia de seguridad del Estado. Esto deberían entender los políticos y aquellos tempranos detractores que si ni siquiera leen la pregunta y ya han levantado voces de rechazo.
¿En resumen cuál es la propuesta?
Estamos hablando de que en circunstancias en que -por razones de la fuerza, el impacto y el nivel de la amenaza- la Policía no puede actuar por sí sola, las Fuerzas Armadas recurran en apoyo y complemento. Esto es fundamental que no sea solo en estados de excepción.
¿Si no es a través de estados de excepción, bajo que figura se movilizarían a las Fuerzas Armadas internamente?
Eso es precisamente lo que esperamos que la enmienda constitucional nos permita.
¿Cuál sería el camino?
El camino es que haya una amenaza, la policía evalúa, actúa y llega un punto en que esa amenaza desborda sus capacidades y pide el apoyo y la complementariedad de las Fuerzas Armadas.
¿Se eliminaría el control constitucional para movilizar militares?
No, porque siempre hay un control constitucional. Siempre hay el hecho de que se tienen que mantener estándares en el cumplimiento.
¿Qué harían los militares en ese escenario?
No estamos desnaturalizando a las Fuerzas Armadas, no les vamos a poner a hacer investigación, ni a recoger testimonios, ni a preparar pruebas, pero sí van a complementar en el trabajo de poder recuperar el orden.
¿Cómo podrán actuar las Fuerzas Armadas sin la capacitación necesaria?
Es que lo que hace Fuerzas Armada,s no es actividad policial. Va en apoyo a la Policía. La Policía es la que hace los operativos y la Fuerzas Aramdas la apoyan, no la sustituyen. Entonces como no sustituyen, no podemos decir que vamos a darles instrucción para que sean policías.
¿Al proponer esto, de una u otra forma, se establece entonces que la Policía no tiene la capacidad para lidiar con lo que está sucediendo?
Es que puede pasar, puede suceder.
¿Está sucediendo?
Pues bueno, por eso está el estado de excepción y por eso el estado de excepción en el tema de las cárceles.
La extradición
La segunda pregunta del referendo va en la línea de dar paso a la extradición. Ecuador la ha prohibido desde los años 40, ¿por qué aprobarla en este momento?
El mundo está globalizado y los delitos son transnacionales. El narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de armas o lavado de activos son delitos transnacionales.
Entonces también tiene que haber una jurisdicción transnacional, si un ecuatoriano delinque en el exterior y viene al Ecuador a protegerse. Termina con impunidad y es amparado por este concepto territorial.
¿A nivel diplomático se ha empezado a trabajar sobre el escenario de que se apruebe esta reforma y que haya que actualizar los tratados de extradición?
Sí, pero igual funcionan. Los tratados están ahí.
Pero, por ejemplo, el tratado con Estados Unidos se actualizó en 1939
Es que ya hay otras convenciones. Por ejemplo, la Convención de Palermo, que es la que define cuáles son los delitos de crimen organizado.
¿Cómo encaja esta propuesta en el panorama regional actual? El presidente colombiano, Gustavo Petro, al contrario, ha planteado no extraditar a los narcotraficantes que cooperen.
Cada país tiene sus gobiernos y los gobiernos toman sus decisiones. No podemos opinar sobre lo que el gobierno colombiano haga, lo que podemos es empujar lo que nosotros pensamos que es lo que debe hacerse.
¿Pero preocupa el cambio en las políticas antidrogas y de seguridad que Colombia está tomando?
No solamente lo que pueda suceder con Colombia, sino también con Perú, que en poco tiempo va a ser el primer productor de hoja de coca del mundo y es precisamente con sembríos en la frontera sur de Ecuador.
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