La dificultad para elegir jueces nacionales analizada por tres expertos

Política

Autor:

Mario Alexis González

Actualizada:

11 Ene 2021 - 0:03

La Cortre Nacional de Justicia (CNJ) está integrada por 34 jueces y conjueces. - Foto: PRIMICIAS.

La dificultad para elegir jueces nacionales analizada por tres expertos

Autor:

Mario Alexis González

Actualizada:

11 Ene 2021 - 0:03

Un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, un decano de Derecho y un abogado en libre ejercicio explican, desde su óptica, lo que ocurre con el concurso para magistrados.

Tras el concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia (CNJ), se prevé posesionar a ocho de los 16 magistrados que necesita la entidad.

Nueve postulantes llegaron a la etapa final del proceso. Si todos pasan la fase de impugnación ciudadana, solo se llenarán ocho vacantes de jueces titulares y una de conjuez.

Es decir, una vez que estos funcionarios se posesionen a inicios de febrero, el Consejo de la Judicatura (CJ) deberá convocar a un nuevo concurso para buscar otros ocho jueces y 15 conjueces.

Todo empezará de nuevo. Y el Estado deberá volver a invertir en un concurso, que en teoría solo debe hacerse cada tres años.

Cuestionamientos no son nuevos 

Además de la falta de aspirantes, el concurso ha sido cuestionado por varias irregularidades:

  • Fallas técnicas en la plataforma para receptar la postulación de los aspirantes a jueces.
  • Envío de correos electrónicos a los postulantes con un puntaje falso en la etapa de méritos.
  • Diego García, relator de la ONU para la independencia judicial, hizo un llamado a conducir con transparencia el proceso.
  • Daño en el sistema informático que alberga la documentación del proceso, que provocó el retraso del cronograma.
  • Dos abogados en libre ejercicio presentaron una acción de protección para suspender el proceso, pero fue negada.
  • El Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y la Comisión Anticorrupción (CNA) solicitaron públicamente suspender el proceso y reiniciarlo.
  • Renuncia de los veedores del proceso.

Por otra parte, la Contraloría ha detectado irregularidades en los tres procesos previos de selección: 2011, 2014 y 2017.

Además, desde el regreso a la democracia en 1919, el país ha tenido cuatro cambios en la forma de elegir a sus más altos magistrados. El proceso pasó de la elección en el Parlamento, a una comisión nombrada por el Ejecutivo y llegó a los actuales concursos de oposición y méritos.

¿Cuáles son los problemas del proceso?

Para analizar lo que ocurre en el actual proceso y, con la conformación de la Corte Nacional, PRIMICIAS consultó a tres expertos. Todos coinciden en que un problema estructural es la falta de independencia entre el poder judicial y político.

  • Jaime Velasco Dávila, exjuez de la Corte suprema de Justicia

    Jaime Velasco fue presidente de la Corte Suprema antes de que, con la Constitución de 2008, se transformará en Corte Nacional. 

    Sobre el actual concurso y la falta de postulantes, el jurista encuentra dos explicaciones:

    • El concurso fue lanzado en plena pandemia y eso pudo dificultar que más abogados postulen. Aunque -dice- que tener 125 aspirantes para 16 vacantes no es un mal número.
    • El país vive una desconfianza en la institucionalidad. Los abogados sienten temor de que la próxima Asamblea o gobierno interfieran y los destituyan.

    Señala además que la interferencia política en la justicia es el problema estructural de conformación de la CNJ.

    Por esta razón, considera que hace falta una reforma legal y constitucional para blindar la estabilidad de los jueces en sus cargos durante todo su período.

  • Mario Melo, decano de Jurisprudencia de la PUCE

    Melo, al contrario de lo que opina Velasco, sí tiene observaciones sobre la elección de los magistrados nacionales.

    Cree que es un proceso “muy complicado, largo y confuso”. Además, recuerda que ha estado lleno de observaciones por parte de participantes y veedores.

    Pero más allá del actual proceso, considera que hay un problema de falta de transparencia en los anteriores concursos.

    Añade que esa tela de duda en la selección, provocada por la interferencia política, ahuyenta a los juristas de más alto nivel. 

    “La función de juez no tiene el mismo realce que en otros países, donde los magistrados son ejemplo de sabiduría. En nuestro país siempre están bajo sospecha”, asegura.

    Por esta razón, plantea soluciones a tres plazos:

    • Corto plazo: Declarar desierto el actual proceso, analizar los errores y empezar de cero.
    • Mediano plazo: Hacer un pacto social y establecer la importancia de estas magistraturas para el país.
    • Largo plazo: Inculcar en los estudiantes de Derecho la conciencia de honestidad e importancia para el país de estos cargos. 

  • Pablo Encalada, abogado en libre ejercicio

    Para Encalada, el hecho que solo haya nueve finalistas en el concurso muestra el fracaso del proceso. 

    Este abogado duda además que la Corte estará integrada por los mejores juristas del país. 

    Añade que orgánicamente y normativa la CNJ no tiene independencia ni estabilidad. Debido a esto, no hay interés de los mejores abogados para participar. 

    Por otra parte, esta falta de interés, según Encalada, se debe a tres factores:

    • Falta de independencia del poder político.
    • Falta de estabilidad en el cargo.
    • Remuneraciones económicas muy bajas para los jueces nacionales.

    Sobre la falta de independencia y estabilidad, explica el abogado, que se debe a un problema cultural en el que la clase política busca captar la Corte Nacional para blindarse.

    “Esto se intensificó en el correísmo porque se modificó la Constitución para que la Judicatura se integre por representantes de otras funciones del estado”, indica. 

    Para solucionar esto, Encalada propone una reforma constitucional que incluya la integración de la Judicatura. Incluso, considera que la administración de la Función Judicial regrese a los jueces de la Corte Nacional.

    Además plantea que los jueces sean elegidos a través de un concurso, pero para cargos vitalicios. Estas personas deben gozar de estabilidad e independencia económica, como ocurre en otros países.

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