La Procuraduría quiere contratar un peritaje para el caso de los 57 diputados destituidos durante el gobierno de Rafael Correa en 2007, que se acerca a su etapa final en la Comisión Interamericana.
La Procuraduría General sabe que el caso conocido como ‘diputados de los manteles’, destituidos en marzo de 2007 por el entonces Tribunal Supremo Electoral (TSE), terminará costándole una indemnización al Estado.
Es por eso que el 6 de julio de 2020 empezaron los procesos internos para autorizar la contratación de una consultoría para el peritaje ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso No. 13388: “Fernando Aguirre y otros”.
Este es el caso de 53 de los 57 diputados del Congreso Nacional que fueron destituidos durante el Gobierno de Rafael Correa, por haber votado en contra de la consulta popular que viabilizó la Asamblea Constituyente de Montecristi. Y fueron reemplazados por la gestión del entonces ministro de Gobierno y ahora aspirante a Carondelet, Gustavo Larrea.
La demanda llegó al Sistema Interamericano ese mismo año, pero la CIDH notificó al Estado su admisibilidad en 2018, tras declararse competente para conocer la denuncia.
Una búsqueda fallida
Los términos de referencia para la contratación del peritaje señalan que “es de interés institucional para la Procuraduría y para el Estado contar con prueba pericial adecuada, suficiente y pertinente; que a su vez, contribuya a evitar el pago excesivo por concepto de indemnización“.
Los documentos del proceso iniciado por la Procuraduría recuerdan que los peticionarios solicitan el pago de una indemnización por las remuneraciones dejadas de percibir a partir de la fecha de su destitución.
Ese monto sería el valor de los salarios correspondientes a los tres años y nueve meses que les faltaba por cumplir en su período 2007-2011.
El argumento de la Procuraduría es que la Asamblea Constituyente se instaló de todas formas el 29 de noviembre de 2007. Por lo tanto, aunque los diputados destituidos hubiesen mantenido sus cargos, solamente los habrían ocupado por 11 meses.
Es así que la entidad busca una consultoría que realice el peritaje para que, en caso de tener que pagar una indemnización, sea por los ocho meses restantes y no por 45 meses.
La institución no ha tenido suerte en su búsqueda, y el proceso de contratación tuvo que ser declarado desierto por ausencia de ofertas. Pese a que en el estudio de mercado tenían tres opciones.
¿Qué pasó en 2007 en el Congreso?
Los diputados destituidos consideraban que el trámite de la consulta popular debía pasar primero por el Congreso. Pero Jorge Acosta, entonces presidente del TSE, argumentó que el proceso electoral ya había iniciado y que por tanto el TSE era la máxima autoridad del país y así podía destituir a cualquiera que interfiera con las elecciones.
Después de esto el gobierno de Correa no logró consensos en el Congreso hasta que se reunió (en una hostería en las afueras de Quito el 20 de marzo de ese año) con varios de los alternos de los destituidos.
Al día siguiente, 21 de ellos llegaron al Congreso para ser titularizados. Sin embargo, 50 de los diputados destituidos lograron que el entonces Tribunal Constitucional les devuelva sus puestos.
Pero la nueva mayoría en el Congreso decidió frenar de una vez por todas este proceso y destituyó a los jueces constitucionales, quienes también interpusieron una queja ante la CIDH.
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