El juez de Garantías Penales, Aquiles Dávila Gómez, aceptó las medidas cautelares presentadas por la Armada. Con el fallo suspende la decisión de la Prefectura del Guayas de terminar unilateralmente el contrato para dragar el islote El Palmar.
La controversia por el contrato para dragar el río Guayas continúa. La Armada Nacional había presentado un recurso ante un Juez de Garantía Penales en Guayaquil, con la finalidad de desechar la terminación del acuerdo firmado con el Gobierno Provincial.
Durante la tarde del 5 de septiembre, la Armada comunicó que el juez Aquiles Dávila Gómez aceptó el recurso y resolvió dejar sin efecto la notificación de finiquito del contrato.
Horas después, el prefecto del Guayas Carlos Luis Morales rechazó el fallo y la actuación del Juez Dávila.
"A este juez le ha tomado pocas horas analizar una extensa documentación. Demandamos a las autoridades de justicia que se lo sancione", dijo Morales.
El actual Prefecto también respondió al contralmirante Darwin Jarrín, comandante general de la Armada. "No es cuestión de remover un islote, su falta de consideración revela la carencia de estudio técnicos valederos sobre el dragado".
En una rueda de prensa, Jarrín desmintió supuestas irregularidades en el contrato para dragar el río.
Además indicó que Serdra (Servicio de Dragas de la Armada) no concluyó con el trabajo porque el 50% de los terrenos donde se debía depositar el sedimento eran de propiedad privada.
Luego de finiquitar el contrato con la Armada, la intención del Prefecto Morales es convocar a un nuevo concurso para dragar el río. Por ahora no está claro si podrá hacerlo luego del fallo del juez Dávila.
El acuerdo con la Armada fue firmado durante la administración de Jimmy Jairala, por un monto de USD 58,8 millones.
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