La corrupción durante la emergencia inunda de trabajo a la Fiscalía y a la Contraloría

En el marco de la emergencia sanitaria la Fiscalía ha iniciado 45 investigaciones y la Contraloría ha emitido alrededor de 180 órdenes de exámenes especiales.

Es decir, en apenas 79 días, los dos organismos de control iniciaron más de 220 procesos de investigación por posibles casos de corrupción en las entidades del sector público, especialmente en casas de salud.

Es por esto que la fiscal general, Diana Salazar, conformó una fuerza de tarea multidisciplinaria que se encargue solamente de los casos derivados de la emergencia por la pandemia de covid-19.

El objetivo es reforzar la capacidad operativa y de investigación de los fiscales de la Unidad de Transparencia. Ya que generalmente los funcionarios deben manejar cientos de casos a la vez.

Según su distributivo de personal hasta abril, en todo el país, la entidad cuenta con 830 agentes fiscales. Y en la Unidad de Transparencia hay 12 personas, de ellos cinco fiscales y dos analistas.

Pero, para que estos 45 casos de alto impacto tengan atención urgente, serán atendidos por esta nueva fuerza de 40 fiscales y expertos, a quienes se sumarán 10 policías e investigadores especializados.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que estos uniformados tendrán todo el respaldo de las autoridades ya que en varios casos las investigaciones apuntan a "altos cargos políticos". Y pidió a la Fiscal que inicie otras investigaciones paralelas.

Mientras tanto, los causas comunes pendientes o que sigan ingresando a la Fiscalía continuarán su tramitación ordinaria, con los demás funcionarios de la institución.

En la Contraloría también se multiplicó el trabajo

Por su parte, la Contraloría tiene unas cinco veces más investigaciones, pero no ha modificado la forma en la que se procesan las órdenes de exámenes especiales, la mayoría relacionada con contratos de medicinas e insumos de salud.

Aunque la estrategia por la que optó la entidad fue la de detener su planificación de anual de auditorías y enfocarse en los casos derivados de la emergencia sanitaria.

Pero, además, son innumerables las autoridades que piden a la entidad que audite sus procesos, sea por motivos de preocupación o por conveniencia.

Pasó por ejemplo con el nuevo presidente del directorio del IESS, Jorge Wated, que pidió la revisión de 584 contratos hechos previo a su ingreso.

Pero también con la exsecretaria de Riesgos, Alexandra Ocles, que pidió auditoría a la compra de kits alimenticios donde la misma Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal y sobreprecio.

Aunque la Contraloría siempre ha insistido en que no acompaña procesos, y que los exámenes especiales y auditoría van por su propia cuenta.

En este contexto, lo que la autoridad decidió es que cada dirección de auditoría mantenga su mismo esquema de trabajo, pero enfocada a los temas coyunturales.

La Contraloría cuenta con unidades de auditoría interna en mas de 60 entidades nacionales y locales, con unos 170 funcionarios, por lo tanto cada una realiza el examen especial a esas mismas instituciones.

A la vez que, las direcciones nacionales temáticas, que cuentan con unos 550 funcionarios, como la administración central, de gobiernos seccionales o de salud y seguridad social también.

Para cada examen especial generalmente se requieren entre tres y seis auditores, con especialistas dependiendo de la temática. Por lo tanto, ahora todo el personal está concentrado solo en las contrataciones de la emergencia.

Además, la Contraloría tuvo, de cierta forma, una ventaja al poder teletrabajar, ya que tras el incendio de su oficina matriz en Quito, en el paro nacional de octubre, esto limitó su capacidad operativa.

Pero ahora, a menos que sea indispensable hacer trabajo de campo, los funcionarios realizan las revisiones de la documentación desde sus hogares. Una vez que la emergencia lo permita, retomarán labores en su nueva oficina temporal, hasta que la matriz sea reparada.

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