El Tribunal de Garantías Penales del Azuay sentenció a cuatro años de prisión al expresidente de la Cooperativa Coopera, Marcelo Vega, por el delito de lavado de activos, un caso de triangulación de dinero a través del sistema SUCRE que repercutió en el cierre de la institución y afectó a 113.000 ahorristas.
Una investigación de Fiscalía estableció que entre octubre de 2012 y mayo de 2013, se realizaron 84 transacciones “inusuales e injustificadas” por USD 35,3 millones.
En estas operaciones ilegales, realizadas a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), participaron 12 empresas que tenían cuentas en Coopera.
La mayoría de estas compañías tenían representantes legales con documentos falsos y las cuentas fueron abiertas con firmas adulteradas.
Las empresas de “papel” fueron utilizadas en una triangulación para ingresar dinero a Ecuador, desde Venezuela, que luego era transferido a paraísos fiscales.
Estas “compañías” recibían el dinero desde Venezuela, por supuestos pagos de exportaciones de materiales de construcción, productos agrícolas y otros artículos, que fueron vendidos a precios sobrevalorados.
La condena al expresidente del Consejo de Administración de la extinta Coopera es la segunda por lavado de activos en este caso.
- La cooperativa entró en liquidación en junio de 2013.
- Para entonces acumulaba deudas por USD 48 millones.
- En el proceso de liquidación hubo 10 fases de pago.
- Hasta agosto de 2019 se había cubierto al 99,7 de acreedores perjudicados, según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).
En agosto de 2014, en una misma sentencia, fueron condenados a seis años de prisión el exgerente, Rodrigo Aucay y Raúl Carpio, ex ejecutivo de la institución.
El juez ponente del Tribunal de Garantías Penales del Azuay, Guido Naranjo, informó que Marcelo Vega, además de tener que cumplir cuatro años de cárcel, deberá pagar una multa de USD 5,8 millones.
Desclasifican información
Foto referencial. Iván Granda, exsecretario Anticorrupción, anuncia la desclasificación de documentos en otro caso. Primicias
El 14 de agosto de 2019, Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria (SEPS), junto al exsecretario Anticorrupción, Iván Granda, anunciaron la desclasificación de miles de documentos que se mantenían en reserva.
Esto, a fin de abrir paso a procesos legales en contra de anteriores autoridades del Ministerio de Inclusión (MIES) y de la SEPS para que respondan por la supuesta omisión en los controles de las operaciones de la Cooperativa.
Hernández dijo que (entre otros) deberían responder la extitular del MIES y actual asambleísta, Doris Soliz, y el exministro de Finanzas y exsuperintendente de Economía Popular y Solidaria, Patricio Rivera.
Solíz respondió que fue ministra cuando el MIES ya no tenía competencia para controlar a las cooperativas, pues aun año antes esa facultad había pasado a la Superintendencia de Economía Popular.
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