En Ecuador hay más de 5.000 causas judiciales represadas y pocos jueces penales para atenderlas. Por ello, la Corte Nacional de Justicia propone varias reformas legales para aliviar el sistema.
El crimen organizado, la emergencia carcelaria, el narcotráfico, el trabajo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas son algunos de los componentes de la crisis de seguridad en Ecuador.
Pero, en esa lista hay un factor más. Se trata de la justicia, pues los órganos de la Función Judicial son una contraparte importante para castigar a los responsables.
El problema es que esta función del Estado atraviesa su propia crisis administrativa. A inicios de octubre de 2021, luego de la más grave masacre carcelaria en el país, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), reveló que el sistema judicial tiene 5.000 causas penales represadas.
Además, según el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) existen 5.000 expedientes de beneficios penitenciarios pendientes de trámite.
Ambos grupos de causas represadas generan sobrepoblación carcelaria, lo cual es una de las razones de la crisis penitenciaria y que se traduce en el incremento de muerte violentas en los centros de reclusión.
139 jueces para delitos penales
Alrededor del represamiento de causas hay múltiples razones, y algunas de las más importantes son el número de jueces y la cantidad de trabajo.
Por ejemplo, el SNAI indicó que para los 5.000 trámites de beneficios penitenciarios pendientes en el país existen solo 11 jueces especializados.
Debido a esto, los trámites recaen en los despachos de los jueces penales que tienen trabajo acumulado.
Según el Consejo de la Judicatura (CJ), en el país hay 128 jueces penales y multicompetentes, que se suman a los 11 penitenciarios. En total, hay 139 magistrados que tienen a su cargo toda el área penal en el país.
Por otra parte, más del 75% de los casos que se tramitan en esos juzgados penales corresponden a contravenciones de tránsito.
A esta situación en los juzgados se une la falta de persona en la Fiscalía. Según la propia entidad, en el país hay un déficit de 573 fiscales. Esto ha ocasionado que, de las más de 2 millones de causas recibidas entre 2014 y 2020, el 89% siga en investigación previa.
Reformas planteadas por la Corte
Para aliviar la carga penal, la CNJ plantea reformas a la ley vigente. Una propuesta es que las contravenciones que no generen muertes, incapacidades permanentes o graves se traten en el ámbito civil, con conciliaciones, y no compliquen más al área penal.
Saquicela presentó a la Asamblea Nacional otras propuestas como la digitalización del sistema judicial.
También planteó la creación de las cortes de drogas y la de categoría de adictos infractores. Según los registros públicos, más del 60% de los detenidos en Ecuador tiene relación con casos de drogas.
Esto no congestiona únicamente las cárceles, sino también las cortes. Saquicela asegura que gran parte de los detenidos por delitos de drogas son consumidores, arrestados con pequeñas cantidades de narcóticos.
Y que con la creación de las cortes especializadas en drogas, que ya existen en otros países, estas personas pueden declararse adictos y pasan a formar parte de un sistema de rehabilitación, que ya no tiene que ver con la justicia penal y el sistema carcelario.
“No tenemos ni para el jabón”
Por otra parte, el presidente de la Corte Iván Saquicela denuncia la falta de recursos en el sistema. “No tenemos ni para jabón o para hojas de papel bond, menos para insumos tecnológicos”, dice.
Y estos reclamos no son nuevos, pues en los últimos años, tanto el Consejo de la Judicatura como la Fiscalía, se han quejado por los recortes presupuestarios.
Según la Judicatura, entre 2019 y 2020, el Ministerio de Finanzas les recortó cerca de USD 20 millones de presupuesto.
Esto provocó retrasos en mantenimientos de equipos de unidades judiciales, de la Corte Nacional de Justicia, así como la reducción de personal.
Mientras que en la Fiscalía la situación no es diferente. En 2014, la entidad recibió USD 153,8 millones de asignaciones presupuestarias. El monto bajó a USD 138,8 millones en 2020, y en 2021 la asignación anunciada fue ligeramente superior.
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