El canciller José Valencia afirmó que Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron de forma “voluntaria” y sin permisos a Colombia, en marzo de 2018. La CIDH confirmó, la semana pasada, que su secuestro tuvo lugar en Ecuador y que fueron llevados después al vecino país.
La agencia de noticias France-Presse (AFP) difundió, hoy 16 de diciembre, declaraciones del canciller José Valencia sobre el secuestro y asesinato de un equipo periodístico de diario El Comercio, en marzo de 2018.
Según el funcionario, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron a Colombia de manera “voluntaria”. Por lo que, añadió, “decir que el Estado ecuatoriano tenía alguna responsabilidad es absolutamente sin fundamento”.
Cruzaron, no pidieron permisos a las autoridades para ingresar a territorio colombiano y […] cuando llegaron allá fueron capturados y asesinados.
José Valencia, canciller ecuatoriano
El comentario del canciller llega menos de una semana después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentara el informe del Equipo Especial de Seguimiento (ESE) que se creó para investigar el caso.
En ese documento, el organismo afirma que, de acuerdo con las evidencias y testimonios, el secuestro del equipo periodístico sucedió en Ecuador, luego de que, con permiso de las fuerzas del orden ingresaran a la población ecuatoriana de Mataje (Esmeraldas). Y que después fueron trasladados a Colombia, donde días más tarde fueron asesinados.
A pesar de eso, el canciller insistió este lunes en que el gobierno no estaba al corriente del desplazamiento de estos periodistas, que fue “una decisión del diario” y que, una vez en la frontera, las autoridades ecuatorianas manifestaron a los reporteros que ingresar en Colombia “era peligroso”.
Ecuador “hizo cuanto estuvo a su alcance para informar a todo el mundo” del peligro que se corría, precisó a la Agencia AFP.
Las familias Ortega, Segarra y Rivas emitieron un comunicado en respuesta a esta versión del Canciller dio sobre el secuestro de los periodistas. Ellos aseguran que Valencia no tiene argumentos para sostener su teoría, que contradice incluso las versiones oficiales.
Las familias lamentan, además, que el Estado haya presentado una versión de cooperación y compromiso con la justicia ante la CIDH, en Washington, el pasado jueves. Y que ahora el canciller deslinde la responsabilidad del Estado en el caso.
Recuerdan, por ejemplo, los varios ofrecimientos del presidente Lenín Moreno de desclasificar la información del caso. Punto que incluso fue solicitado, nuevamente, por la CIDH en su informe.
Es por eso que anuncian, al final del documento, que tras las demoras y omisiones del Estado en las investigaciones, buscarán justicia en instancias internacionales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Desde la Cancillería la única respuesta a esta polémica por las declaraciones de Valencia, en Ginebra, fue que están “pendientes” y que “apenas tengamos información” sobre las declaraciones de su máxima autoridad las compartirán.
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