Los aportes a Alianza PAIS que le costaron caro a Ecuador, en seis claves

El 31 de mayo de 2011 la empresa china Sinohydro firmó el contrato para los estudios, la ingeniería, el equipamiento y la construccción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, de 1.500 megavatios.

El costo inicial de la obra era de USD 1.979 millones, de los cuales la empresa solicitó el 15% en efectivo como anticipo. No hubo licitación que permitiera verificar si la formación de precios de la obra era correcta. La central terminó costando USD 2.245 millones.

Ya desde 2015 la Contraloría y un inspector externo advirtieron que Sinohydro había usado materiales que no cumplían con estándares internacionales para construir los distribuidores que llevan agua a las ocho turbinas de la hidroeléctrica.

El resultado es que la obra, entregada en 2016, presenta miles de microfisuras en los distribuidores, entre otras fallas.  

El gobierno de Rafael Correa le adjudicó a la empresa coreana SK Engineering & Construction la mayor parte de los contratos para la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas.

Worley Parsons se quedó con el contrato de fiscalización de las obras, pero subcontrató a la firma ecuatoriana Azul, de propiedad de William Phillips, hoy prófugo, para que realizara ese trabajo.

El 99% de los montos para reparar la refinería más importante del país se contrató a dedo. 

Algunos proyectos alcanzaron hasta el 1.156% de sobrecosto, como el caso de la reparación integral del sistema eléctrico.

Para los trabajos en la unidad FCC el presupuesto original era de USD 370 millones, pero el precio final llegó a USD 680 millones.

La rehabilitación no comenzó en los plazos estipulados y el presupuesto se incrementó desde un valor inicial de USD 127 millones previsto en 2005 hasta USD 2.323 millones, que no resolvieron los problemas de la planta. 

Una auditoria internacional realizada por la firma Tecnatom determinó que para reparar los trabajos que quedaron mal hechos Petroecuador debería invertir por los menos otros USD 172,2 millones.

El costo no solo se expresa en dinero, los trabajos mal ejecutados resultaron en inestabilidad en la operación de la refinería, que ha tenido que parar constantemente para reparación, lo que eleva el gasto del país en importación de combustibles.

En este caso SK Engineering & Construction vuelve a aparecer. En marzo de 2010 la compañía coreana firmó el contrato para realizar los estudios de ingeniería básica de la Refinería del Pacífico.

De acuerdo con una auditoría externa realizada por la firma británica RSP Energy, de 117 estudios realizados a un costo de USD 395 millones solo el 30% sirve.

Hubo un sobrecosto del 10% en contratos complementarios y modificatorios.

En los contratos de licencias, el sobrecosto por retrabajos fue del 30% versus un 3% a 7% bajo estándares internacionales.

Odebrecht se quedó con los contratos para preparación del terreno en donde debía construirse la refinería con capacidad de 300.000 barriles diarios y también con el contrato para construir el Acueducto La Esperanza.

El primer contrato que la constructora brasileña captó fue el de aplanamiento del terreno, obra inicialmente presupuestada en USD 230 millones y que terminó costándole a Ecuador USD 290,4 millones.

La segunda obra fue la construcción del Acueducto La Esperanza, cuyo presupuesto inicial era de USD 260 millones y terminó en USD 296 millones, tras la firma de cinco contratos complementarios.

Pese a que SK se ofreció también para construir la obra, la refinería nunca vio la luz y el primero de abril de 2019 el país se sacudió con la noticia de que el terreno abandonado de la refinería estaba siendo utilizado como pista para narcoavionetas.

A finales de 2013, año de elecciones y de aportes no declarados, uno de los principales contratos que Odebrecht se adjudicó fue la construcción del Poliducto Pascuales Cuenca. El contrato se firmó en octubre. No hubo un proceso internacional abierto para licitar la obra.

El Poliducto debió costar USD 250 millones, pero el gasto final en la obra fue de USD 623 millones.

Hubo un sobrecosto en la construcción equivalente al 150% "sin justificación", de acuerdo con una auditoría realizada en 2018 por la empresa estadounidense ABS Group Consulting INC.

El valor por milla de los ductos instalados por Odebrecht superó en 250% el precio normal de estos tubos para poliductos, según la misma auditoría.

Y, a pesar de los sobrecostos, el Poliducto se hizo con tantas fallas de diseño y problemas estructurales que no cumplía con estándares internacionales para un funcionamiento seguro y confiable cuando Odebrecht lo entregó.

Hundimiento de suelos, falta de válvulas automatizadas, derrumbe de taludes y fallas geológicas son algunas de las anomalías en esta obra que estaba destinada a llevar combustibles al sur del país para reemplazar a los camiones cisterna.

Desde 2010, Ecuador se comprometió a venderle a Petrochina, una subsidiaria de la empresa estatal petrolera china CNPC, 763,8 millones de barriles de petróleo hasta 2024 y a cambio recibió USD 9.970 millones, según cifras de la Fiscalía.

Esto sucedió a través de una serie de contratos atados a crédito, considerados oscuros, y que contribuyeron a dejar al país sin oferta exportable de petróleo para vender en los mercados abiertos.

En febrero de 2019 la Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por peculado en estos contratos.

Solo en 2019 Ecuador admitió en sus cuentas que las llamadas 'ventas anticipadas de petróleo' a empresas como Petrochina, Unipec y PTT son, en realidad, deuda externa que tiene como condición la entrega de hidrocarburos.

Han pasado 11 años desde que la construcción de la hidroeléctrica Toachi Pilatón, de 254 megavatios, fue adjudicada a la empresa china CWE, para variar sin licitación.

La hidroeléctrica debió haber entrado en operación en febrero de 2015, de acuerdo con el plazo original, pero solo estará lista en 2021.

Su historia está plagada de incumplimientos, denuncias de maltrato laboral, sospechas de evasión fiscal y sobreprecios.

El contrato original se firmó por USD 240,4 millones pero el Estado ecuatoriano, a través de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), ya ha desembolsado USD 735 millones y pagará otros USD 124 millones en los próximos años para culminar el montaje de los equipos electromecánicos.