La fiscal general del Estado dice que hay injerencia del Ejecutivo en la investigación de los supuestos casos de corrupción denunciados durante la emergencia sanitaria.
Injerencia que, dice la funcionaria, podría afectar la investigación penal.
Diana Salazar, titular de la Fiscalía, envió una carta al presidente de la República, Lenín Moreno, alertando por los problemas que puede causar la interferencia de la Secretaría Nacional Anticorrupción en las investigaciones.
Según el documento, la Fiscalía dice haber iniciado de oficio investigaciones relacionadas con actos de corrupción derivados de la contratación pública.
Pero, dice la fiscal, esas actividades investigativas “se han visto afectadas por la información o requerimientos que se efectúan desde la Secretaría Nacional Anticorrupción a los diferentes fiscales (…) así como por la información que se publica diariamente en redes sociales, sin ser sujetos procesales”.
Esta actitud, advierte Salazar, “eleva el riesgo de fuga con la evidente destrucción en evidencia”.
La Secretaría está dirigida por José De la Gasca. El funcionario ha estado muy activo en las investigaciones, sobre todo, por las denuncias de sobreprecio en los Hospitales del Seguro Social.
Pero, Salazar insiste en su carta al Moreno que “las atribuciones de perseguir delitos” corresponden exclusivamente a la Fiscalía General.
Ella cree que una posible dependencia de los fiscales que investigan los casos de corrupción a otra entidad “puede tener un impacto sobre su actuación independiente”.
¿Qué pide la fiscal?
Señor Presidente: Las acciones gubernamentales deben permanecer al margen de las competencias de la Fiscalía General del Estado.
Incluso, la funcionaria dice que en el marco de la anunciada política de austeridad es “imperioso” analizar desde el Ejecutivo “si es beneficioso para el país financiar a una institución pública, cuyas atribuciones ya están determinadas e implementadas por otras instituciones, como es el caso de la Fiscalía”.
La carta enviada el miércoles 6 de mayo no ha tenido respuesta todavía. Salazar envió una copia también al ministro de Finanzas, al Consejo de Participación, a la Procuraduría y la Contraloría.
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