Al menos 13 casos en los que presuntamente hubo mal manejo de fondos del Estado están pendientes. La Fiscalía General ha priorizado las causas en las que están vinculadas altas autoridades del correísmo, sobre todo, el caso Sobornos 2012-2016.
La fiscal general, Diana Salazar, se ha concentrado en sus cinco meses de gestión en una causa importante: el caso Sobornos 2012-2016. El trabajo de esta institución, sin embargo, ha dejado de lado casos de corrupción que llevan años en trámite.
La revelación de casos de corrupción, principalmente relacionados con el gobierno de Rafael Correa, han girado los ojos de la opinión pública hacia la Fiscalía.
Esto también ha aumentado la carga de trabajo directamente para la fiscal Salazar, que debe actuar cuando entre los acusados se encuentran altas autoridades como exministros, exsecretarios, exvicepresidentes y el expresidente Rafael Correa. Estos funcionarios tienen fuero de Corte Nacional por lo que es el titular de la Fiscalía el que debe conducir la investigación y hacer -de ser el caso- la acusación.
Sobornos 2012-2016, en el que está acusado directamente Correa, junto a cercanos funcionarios de su Gobierno, es uno de los casos que más avanzados están. La denuncia surgió en el portal La Fuente en mayo del 2019, y a inicios de septiembre, Salazar solicitó fecha para la audiencia preparatoria de juicio.
El caso Singue, en el que se procesa a exministros de Correa, se encuentra en audiencia preparatoria de juicio. En esa causa, la Fiscalía acusa a 15 personas del presunto delito de peculado, por irregularidades en la adjudicación del campo Singue, que según Contraloría habrían causado un perjuicio de USD 5,2 millones.
Otros casos, sin embargo, no han avanzado. Caminosca, en el que también se señala al exvicepresidente Jorge Glas, se encuentra en investigación previa. El caso INA Papers, sobre una supuesta empresas offshore relacionada al presidente Lenín Moreno, también continúa en investigación previa. Mientras que el caso Sobornos 2012-2016 se ha concentrado en esos años, y no en el financiamiento de la campaña para la presidencia de 2017, que ganó Lenín Moreno.
Los principales casos que la Fiscalía mantiene como pendientes se detallan a continuación:
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Caso Caminosca
Un arbitraje en Estados Unidos reveló un esquema de sobornos que involucra al exvicepresidente Jorge Glas (alias “Vidrio”). El laudo arbitral reveló que Caminosca había entregado coimas a cambio de la adjudicación de contratos. Esta empresa estuvo a cargo de la construcción del proyecto Manduriacu.
Las irregularidades fueron detectadas en 2017, cuando la Fiscalía inició una investigación previa. El caso quedó empantanado por la falta de un informe de Contraloría que señale responsabilidades penales.
En febrero del 2018, el contralor Pablo Celi anunció que hay informes que detectan irregularidades y responsabilidades penales en el caso. La Fiscalía, sin embargo, no ha formulado cargos.
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INA Papers
El asambleísta Ronny Aleaga (Revolución Ciudadana) denunció en marzo de 2019 ante la Fiscalía el uso de una supuesta empresa offshore por parte de familiares del presidente Lenín Moreno para realizar cobros irregulares.
La denuncia señala que a través de una cuenta en el Balboa Bank, en España, se compraron lujosos muebles para el departamento que Moreno utilizaba en Ginebra, Suiza, como delagado ante la ONU para las discapacidades. Aleaga añade que en esa cuenta se recibió dinero de Sinohydro, adjudicataria de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, por ayuda con esa concesión.
El caso se mantiene en investigación previa en la Fiscalía. Durante estos meses, se han tomado versiones y se han hecho solicitudes de información, además de solicitar asistencia penal internacional.
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Refinería del Pacífico (El Aromo)
Existen ocho causas relacionadas a las irregularidades en la construcción de la Refinería del Pacífico, en Manabí. Todas se mantienen en investigación previa.
El Consejo de Participación Transitorio, dirigido por Julio César Trujillo (+), presentó en enero de 2019 un informe de investigación sobre este caso. El documento señala al exvicepresidente Jorge Glas y al excontralor Carlos Pólit como posibles responsables de las irregularidades encontradas.
En 2016, la Comisión Anticorrupción -integrada también por Trujillo- presentó una denuncia por la compra de los terrenos de El Aromo para la Refinería. Según la denuncia, no hubo una justificación técnica en la compra de los terrenos.
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Reconstrucción de Manabí
El Consejo de Participación Transitorio también presentó, en abril de 2019, una denuncia por el cometimiento de varios delitos durante la reconstrucción de Manabí, después del terremoto del 2016.
El informe del Consejo detalla que Carlos Bernal, exsecretario de reconstrucción, habría contratado a la empresa Construhidrocab, de propiedad de su madre, su cuñado y su esposa, para ejecutar obras para la reconstrucción de la provincia de Manabí. Estas obras habrían tenido sobreprecio.
La denuncia también habla de enriquecimiento ilícito de contratistas y defraudación tributaria. El caso sigue en investigación previa y no se han formulado cargos.
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Yachay
En abril de 2018, el contralor Celi remitió a la Fiscalía los resultados del examen especial a Yachay, donde establece indicios de responsabilidad penal por el delito de peculado. El informe determina problemas en la construcción de cinco de los 10 edificios del campus, ubicado en la provincia de Imbabura. El perjuicio ascendería a USD 31,4 millones.
El caso se mantiene en investigación previa, y se han tomado versiones de los involucrados.
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