Nota actualizada a las 16:57
La funcionaria dio por terminada la instrucción fiscal y solicitó fecha y hora para esa audiencia en contra de 26 procesados. La defensa del expresidente Rafael Correa dijo que este pedido es una “violación de derechos y garantías procesales”.
La fiscal general Diana Salazar pidió que se declare concluida la etapa de instrucción fiscal en un impulso emitido el 9 de septiembre en la noche. La decisión fue comunicada tanto a la jueza de Garantías Penales, Daniella Camacho, como a los procesados.
A la par, la Fiscalía pidió fijar fecha y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
El 7 de agosto, durante la vinculación de nuevos sujetos al caso, la jueza estableció el cierre de la fase de instrucción fiscal para el 29 de septiembre de 2019, con el fin de evitar reclamos por falta de garantías del derecho a la defensa.
Y, precisamente, eso alegó el abogado del expresidente Rafael Correa, Fausto Jarrín, al conocer el impulso fiscal. Él advirtió que la mayoría de defensores no se quedará de brazos cruzados ante lo que consideró una “violación de derechos y garantías procesales”.
De acuerdo con Jarrín, la mañana del 9 de septiembre, la Fiscalía recién hizo conocer a las defensas técnicas el peritaje de “perfilación del delito”, esto es la supuesta estructura de la red de corrupción que justificaría el proceso. Un informe con 1.120 anexos.
Con el cierre de la instrucción los defensores, dijo, “no vamos a poder impugnarlo”, como tampoco podrá realizarse la pericia internacional al cuaderno de Pamela Martínez (exasesora de Correa).
Allí constaría una reseña sobre presuntas entregas de dinero (por USD 14 millones) por parte de varias empresas a las campañas electorales de Alianza PAIS, a cambio de obtener contratos con el Estado. Además, los nombres y códigos de identificación de exfuncionarios implicados en la trama.
En su testimonio anticipado, Martínez dijo haber realizado las anotaciones a mediados de 2018, mientras el defensor de Correa sostiene que los apuntes se habrían hecho este año en el lugar donde ella se encuentra detenida.
Este peritaje fue solicitado por Christian Viteri, exasambleísta de Alianza PAIS, uno de los 26 vinculados en el caso.
Jueza descarta a Montúfar y Villavicencio como acusadores particulares
Este 10 de septiembre, la jueza Daniella Camacho negó el pedido realizado por los activistas políticos César Montúfar y Fernando Villavicencio para convertirse en acusadores particulares en el caso “Sobornos 2012 – 2016”.
La jueza estimó que “no se justificó constitucional y legalmente la calidad de víctima que legitime su pretensión”.
Al momento sus abogados analizan el dictamen. Fuentes consultadas señalaron que ellos podrían interponer un recurso constitucional, por cuanto la decisión afectaría derechos constitucionales.
El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, también solicitó convertirse en acusador particular, en representación del Estado ecuatoriano, en calidad de víctima de los hechos investigados. De un momento a otro se espera el pronunciamiento de la jueza.
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