El Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro estaba registrado como organización de la sociedad civil en la Cancillería. Registró altos montos en salida de divisas del país, y sus ingresos provienen de Venezuela y Rusia. Esta fundación coordinaba internacionalmente el posicionamiento de la persecución política contra el expresidente Correa.
El ''lawfare' es la estrategia que el expresidente Rafael Correa y su defensa han escogido para cuestionar los procesos judiciales por presunta corrupción que se le han iniciado. El argumento es que se está usando la justicia para desplazar al exmandatario de la contienda electoral.
El Instituto de Pensamiento Político Eloy Alfaro (IPPE), una oscura fundación con sede en Quito, dirigida por el mismo Correa y sus más cercanos colaboradores, es el centro de esta estrategia.
El Instituto fue creado a finales de 2017, encabezado por Correa. Sus miembros fundadores son: Gabriela Rivadeneira, Pabel Muñoz, Carol Murillo, Guillaume Long y Andrés Arauz. Los estatutos de la fundación señalan que su objetivo es “generar investigaciones, análisis y estudios cualitativos y cuantitativos sobre la realidad política, económica y social local, nacional e internacional”.
Nicolás Reyes, Pabel Muñoz, Gabriela Rivadeneira, Rafael Correa, Carol Murillo, Guillaume Long y Fernando Alvarado, en la creación del IPPE. Agencia Andes
El IPPE, sin embargo, es una fundación sin domicilio. En la dirección que tiene registrada en el SRI, que corresponde a un edificio en el centro norte de la ciudad, no conocen el nombre de la fundación.
Cuando PRIMICIAS consultó al conserje sobre una organización que “trabaja con el Gobierno”, no tardó en llamar a alguien en el edificio. Roberto Navarrete, un exfuncionario de la Asamblea en el tiempo de Gabriela Rivadeneira como presidenta, informó que el IPPE trabajó allí hasta enero de 2019, pero no conoce a dónde se mudaron.
Las investigaciones, análisis y estudios que la fundación ha realizado desde su creación son otra interrogante. Correa ha señalado en sus redes sociales que con el Instituto realizan “conferencias, consultorías e incluso el programa con Rusia Today”.
En marzo de 2019, el secretario de Transparencia, Iván Granda, reveló que el IPPE había recibido transferencias por USD 281.000 desde una cuenta en el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes). Este dinero se habría utilizado para pagar al expresidente Correa y a varios de sus excolaboradores en el área económica.
Correa aseguró que el IPPE hace trabajo de consultorías, en este caso para el Gobierno de Venezuela. En agosto del 2018, los exiministros de Finanzas de Correa, Patricio Rivera y Fausto Herrera, estuvieron en ese país, en la Comisión Presidencial de Asesoría Económica. Pero no queda claro si esa reunión fue parte del trabajo por el que recibieron la paga.
El IPPE además recibe financiamiento de una ONG rusa llamada TV Novosti, que es dueña de la cadena de televisión RT. Con esa cadena se firmó un contrato para la realización del programa “Conversando con Correa”, que se transmitió por RT en Español y donde el expresidente realizaba entrevistas. El último programa se emitió en julio del 2018.
Este 2019 pagó USD 0 por impuesto a la renta y registra una mora de USD 3.682,66 con la Seguridad Social.
Soledad Barrera, expresidenta de la Corporación Financiera Nacional, es la directora ejecutiva, y el gerente y secretario, Rolando Carrera Maya. Ambos fueron contactados por PRIMICIAS, pero se negaron a dar declaraciones. Tampoco se conoce si reciben remuneraciones.
Rolando Carrera es un funcionario de confianza. Fue asesor de la Coordinación General de la Asamblea Nacional cuando la presidía José Serrano, pero además fue contador en Alianza PAIS.
Según la denuncia del caso “Arroz verde”, realizada por La Fuente, Carrera recibió USD 2,49 millones para eventos y apoyo en la campaña electoral. Uno de estos desembolsos se habría hecho con el visto bueno de Vinicio Alvarado, exsecretario de la Administración Pública en el tiempo de Correa.
En mayo del 2018, Nicolás Reyes presentó su renuncia como miembro fundador del IPPE. Mientras que Roberto Wolgemuth y Amauri Chamorro, parte del equipo de comunicación del gobierno de Rafael Correa, hicieron solicitudes de adherencia a la fundación. En las actas entregadas por el IPPE a Cancillería no consta si dichas solicitudes fueron aprobadas.
Un presidente sin aparentes funciones
Rafael Correa es el presidente de la fundación IPPE. Por esas funciones, recibe un sueldo, según aseguró en una una entrevista con Página 12. ¿Cuánto recibe? Tampoco está claro.
De acuerdo con la Secretaría de Transparencia, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela -actualmente sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos- depositó en una cuenta del Bandesarrollo de Ecuador un total de USD 281.000. Desde esa cuenta, se pagó a Correa un total de USD 96.200, transferidos a su cuenta en Bélgica, donde actualmente reside, y a otra en el Banco del Pacífico, en Ecuador.
El informe de actividades de Correa como presidente de la fundación en 2018 tiene una página y no tiene fecha. Dice que “se dictaron ocho conferencias en Europa y América Latina en tópicos como el Socialismo del Buen Vivir, política económica, reforma universitaria, el desarrollo como proceso político y experiencias sobre gobernar”.
Para estas invitaciones a charlas y conferencias de Correa, el IPPE hizo un acercamiento con HiCue Speakers, una agencia colombiana de conferencistas. El acuerdo con la organización fue para que se considere el nombre del expresidente para eventos. El perfil de Correa en la página de esta organización señala que su tarifa internacional es de USD 40.000 a USD 60.000.
Perfil de Rafael Correa en la página de HiCue Speakers.
Una fundación de creación irregular
El IPPE fue creado el 5 de julio del 2017 en Quito en una Asamblea General Constitutiva. Con eso, el gerente Rolando Carrera comenzó los trámites para su registro como organización de la sociedad civil. El 15 de julio de 2017, Rolando Carrera envió una comunicación a la Cancillería para que revisaran sus estatutos y les otorgaran la personería jurídica, necesaria para poder obtener el Registro Único del Contribuyente (RUC), abrir una cuenta bancaria y funcionar.
La Cancillería otorgó la personería jurídica al IPPE el 16 de agosto del 2017, mediante Acuerdo Ministerial 000075, firmado por el Coordinador General de Asesoría Jurídica, Juan Fernando Salazar Granja. Él fue designado para ese cargo por la entonces ministra María Fernanda Espinosa.
48 organizaciones de la sociedad civil están registradas en la Cancillería, sin embargo el IPPE es la única de que no está relacionada con temas de migración. Las asociaciones de extranjeros residentes en Ecuador y de migrantes ecuatorianos son el 99% de las organizaciones a las que este ministerio les ha otorgado la personería jurídica.
El Decreto 16, vigente a la fecha de emisión del acuerdo ministerial, establecía que la personería se tramita ante el ministerio “competente”.
En la aprobación de la fundación existe otra irregularidad. Los estatutos del IPPE incluyen un error en la página 7: después del artículo 35, se incluyen 10 párrafos del Acta de Constitución, para después continuar con el artículo 36.
PRIMICIAS además constató que recién en enero del 2019 el IPPE apareció en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones de la Sociedad Civil (SUIOS), como lo ordena el Decreto 193.
La estrategia: la construcción del caso en el 'lawfare'
‘Lawfare’ es una palabra que no había aparecido en el radar político ecuatoriano, pero sí en Argentina y Brasil. El término designa el uso de la ley -o la justicia- como un arma de guerra. En el contexto actual, la palabra es utilizada en el sentido contrario: el uso de la justicia por parte del Estado para la persecución política de los exmandatarios del Socialismo del Siglo XXI.
Los exmandatarios de izquierda Lula Da Silva, Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner han señalado que los procesos judiciales por corrupción que les han seguido en sus países son casos de ‘lawfare’.
Buscan, “la utilización del aparato judicial para, articulándose con los medios de comunicación, provocar condenas previas, sin juicio, a dirigentes políticos de la oposición”, en palabras de Cristina.
En Ecuador, las referencias al ‘lawfare’ aparecieron a mediados de 2018, impulsadas por el IPPE. En mayo, una institución llamada Lawfare Institute anunció que el IPPE aplicó ante ellos para que hicieran un análisis del uso de la justicia para la persecución política contra Correa “y sus aliados”.
El caso fue aceptado y el argentino Pablo Ángel Gutiérrez Colantuono fue designado como delegado o “relator” para analizarlo.
Desde 2017, cuando se fundó, este Instituto ha analizado ya el uso de la justicia en los casos de Cristina Fernández, Lula da Silva y Dilma Rousseff y ha posicionado el concepto del ‘lawfare’ relacionado con los gobiernos progresistas que dejaron el poder.
Con sede en Sao Paulo, Brasil, está dirigido por Valeska Texeira, Cristiano Zanin y Rafael Valim, los abogados de Lula da Silva en sus múltiples causas.
El informe de Pablo Gutiérrez Colantuono no se ha hecho público, aunque Correa posteó una foto del documento en su cuenta de Twitter octubre de 2018, sugiriendo que el ‘lawfare’ debe ser considerado delito internacional. “Vamos a recoger hechos, no suposiciones”, señaló Gutiérrez en una entrevista sobre el caso de Ecuador.
PRIMICIAS solicitó una entrevista con Gutiérrez vía correo electrónico. Su respuesta fue que consultaría con el Instituto Lawfare, y no volvió a comunicarse.
En septiembre, un miembro del Instituto estuvo en Ecuador. El brasileño Jacopo Paffarini fue uno de los miembros de la misión internacional de observadores que se presentaron en el inicio de la audiencia preparatoria de juicio por el supuesto intento de secuestro del activista político Fernando Balda.
El italiano Antonio Ingroia, el chileno Hugo Gutiérrez, el colombiano David Armendáriz y Christophe Marchand, el abogado de Correa en Bégica, también se presentaron bajo el título de observadores internacionales. Se conoció por uno de ellos -el italiano Antonio Ingroia- que fueron invitados por el IPPE. Nadie brindó detalles sobre quién financió la visita a Ecuador, que se extendió por cinco días, ni quién pagó la vigilancia privada que les brindaron.
Días después, emitieron el “Informe Final Misión Observadores” sobre el caso Balda. “Los infrascritos observadores internacionales, abogados y juristas designados e invitados en Ecuador por el IPPE”, dice el documento de 35 páginas en sus primeras líneas.
El Informe llega a la conclusión de que los sucesos en Ecuador caen dentro del ‘lawfare’, que se desarrolló en tres fases: el caso Odebrecht y la implicación de Jorge Glas, la instalación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, y el caso Balda. “La tercera fase está en evolución y tiene como objetivo desprestigiar la imagen pública del principal oponente de Lenín Moreno, por lo tanto, el esquema de 'lawfare' instalado responde a una lógica común”, se lee en la página 30.
Por los mismos días, el excanciller Guillaume Long se encontraba en Nueva York, en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El 18 de septiembre, intervino a nombre de la ONG francesa Touner la Page, y denunció “el derrumbe del estado de derecho” en Ecuador. “Lo que sucede en Ecuador se enmarca en la estrategia regional de judicialización de la política, el 'lawfare', que estamos presenciado en varios países de América Latina”, dijo Long en su intervención.
Mientras tanto, las reacciones internacionales posicionando el 'lawfare' en el caso de Correa y Glas se multiplicaron. La Celag, una organización relacionada con Podemos (España), realizó un análisis sobre el caso.
El mismo Correa y uno de sus más cercanos colaboradores, el publicista Amauri Chamorro, han buscado espacios en medios europeos como France 24, DW, además de medios conocidos por su cercanía con el Socialismo del Siglo XXI, como Telesur, Russia Today e HispanTV.
Incluso hubo un acercamiento por parte de abogados brasileños y argentinos con el Papa Francisco, quien habría expresado su “preocupación” por el uso del 'lawfare' en el caso de Correa, Cristina y Lula.
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