Cristopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos, explica las falencias del sistema y la necesidad de tener una ley que lo regule.
Zaruma, Tambán, Nabón, Gualaceo, San Luis. Estos son algunos de los casos de emergencias conocidos solo en los últimos meses, sin contar la misma pandemia de covid-19. Por eso la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos insiste en la aprobación de una Ley Orgánica de Gestión de Riesgos.
La petición tomó fuerza a raíz del terremoto de 2016, pero han pasado dos gobiernos y llegado un tercero sin que ninguno haya puesto atención al caso hasta el momento. Incluso, la Corte Constitucional pidió al Ejecutivo, desde junio de 2020, que tramite una ley que permita regular las acciones durante la pandemia. También sin éxito.
El expresidente Lenín Moreno remitió un proyecto con este fin a la Asamblea, en abril de 2021, y el presidente Guillermo Lasso lo retiró, en agosto de 2021, sin enviar hasta el momento un proyecto sustituto. Mientras tanto, la Comisión de Salud de la Asamblea preparó un texto que tiene ya pasó el primer debate.
Sin embargo, Cristopher Velasco, presidente de la Asociación y especialista en Sostenibilidad y Planificación Territorial, asegura que esta no es la solución porque no se puede emitir leyes por cada emergencia que exista en el país.
Lo necesario, a sus ojos, es fortalecer y ordenar la institucionalidad existente para determinar atribuciones y competencias, así como recursos para mitigar los diferentes riesgos coyunturales y venideros.
En entrevista con PRIMICIAS, Velasco cuenta los problemas que han tenido para impulsar la iniciativa legal y que tiene el Estado para enfrentar los riesgos existentes.
Cristopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador, en la Comisión de Seguridad Integral el 1 de octubre de 2021. Asamblea Nacional
¿Cuándo arrancó la iniciativa de impulsar un proyecto de Ley de Gestión de Riesgos?
Desde 2015, pero a partir de 2016 con más fuerza. Luego del terremoto, queda claro que si el Estado no piensa una política de gestión de riesgos, más allá de la asistencia humanitaria, tenemos un grave problema.
A esto se suman los decretos de emergencia y todo el tema de atención a desastres que se vuelven clientelares en términos de actuación política y, además, hay un tema de corrupción muy fuerte. Se necesita organizar el sistema y darle una funcionalidad.
Así como dejar de jugar al 'ping-pong' con los gobiernos locales, como sucede en Zaruma. El presidente (Guillermo Lasso) anuncia públicamente que es responsabilidad del alcalde, pero se olvida que hay una rectoría ejecutiva en temas como la minería por lo que hay un nivel de responsabilidad conjunta.
¿Cuál es el problema con este tipo de manejo de los riesgos?
La visión es reactiva y no es multisectorial. Se ha politizado la gestión de riesgos desde el tiempo del correísmo. Y con los constantes cambios institucionales ha habido un debilitamiento de sus competencias y de su personal, sin capacidad instaurada de actuación. Actualmente, el Servicio tiene un presupuesto de USD 2,5 millones, de los cuales el 96% es gasto corriente.
En la opinión pública y en la agenda política el riesgo se asocia directamente al fenómeno natural y se queda en eso. Pero el riesgo parte principalmente de las vulnerabilidades, los lugares de asentamiento, el acceso a servicios básicos, el empleo, etc.
Aunque son problemas integrales, sí se pueden abordar aristas como programas de mejoramiento de barrios. Respuestas multisectoriales que pasen de la mochila de emergencia al acceso a derechos, como tener espacios públicos, viviendas seguras, agua potable, alcantarillado.
La relación entre la pobreza y el riesgo es bastante fija.
Y eso es lo que queremos explicar a los asambleístas.
En medio del tratamiento de la ley para la gestión de la pandemia...
Eso es un parche que blinda al capitán (Juan) Zapata. En su forma de hacer política es una persona que cierra bien los espacios. Aunque técnicamente le puedas demostrar que está cometiendo un error, tiene un respaldo político increíble. El presidente de la República no ve más razón que la que puede establecer él sobre la gestión sanitaria en este momento.
En un afán de querer seguir legitimando su liderazgo en el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) mueve algunos asambleístas para seguir sacando esta propuesta de ley, que fue negada en su momento por la Asamblea porque tenía unas cosas que son complicadas.
Y, si lo aprueban, nos complica otra vez. Porque ¿si erupciona el Cotopaxi vamos a hacer una ley para esa gestión? ¿Si hay otro terremoto vamos a hacer una ley para esa gestión? Eso no funciona; por ejemplo, seis años después no terminamos el proceso de reconstrucción en Manabí. Y esto a su vez hace muy compleja la transparencia en temas de gestión y contratación pública.
¿La ley de gestión de riesgos sería la solución?
La ley por sí sola no va a resolver nada. Hay elementos que es importante discutirlos. Primero, la política de Estado sobre la gestión de riesgos, que sigue vinculada a la seguridad. Esto permite una respuesta ágil, pero no va con las tendencias mundiales, que marcan la gestión de riesgos con la variabilidad climática y la sostenibilidad.
Porque cuando trabajas en gestión de riesgos también trabajas procesos de adaptación al cambio climático. Y en el país la Subsecretaría de Cambio Climático está en el Ministerio de Ambiente y, por un lado, trabaja la política de adaptación y mitigación y, por otro lado, promulga los permisos para la explotación minera.
Se podría entonces pensar en una institución que fusione los temas climáticos y de gestión de riesgo, que permita una operatividad administrativa, financiera y de gestión. Y así poder trabajar sobre problemas concretos como el riesgo urbano, porque tenemos ciudades que no se planifican y que generan grandes problemas de contaminación.
¿El problema arranca con la institucionalidad?
El primer vacío nace de la Constitución, que establece un sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos, que todavía no se logra visibilizar si existe después de 14 años. Trabajamos con la Ley de Seguridad Nacional, cuyo reglamento le da aval al COE. Y no tenemos una norma que lo organice y consolide.
Y cuando no hay una norma que te ampara, el tema se vuelve complejo. Por ejemplo, los gobiernos locales se basan en su autonomía y que sin recursos no pueden manejar las competencias. Habrá que ver cómo harán los alcaldes para justificar, por ejemplo, el manejo de la pandemia. Y en un momento político electoral seguramente la Contraloría jugará un papel importante dependiendo a quién apunte.
El manejo del riesgo y el cambio climático no te dan réditos económicos ni políticos importantes.
Volviendo al proyecto de ley que la Asociación impulsa, ¿en qué estado está?
Había cuatro proyectos presentados por asambleístas en el periodo anterior y otro de la ID en este periodo. Hay otro de iniciativa ejecutiva dentro del Código de Seguridad, el Libro IV. Y durante años la Comisión de Seguridad no ha logrado unificarlos. Entonces nosotros hicimos esa labor y presentamos un solo proyecto en el periodo anterior.
Ese es el que queremos recuperar y lo planteamos a las autoridades. Pero ahora con la iniciativa de la ID volvemos la necesidad de unificarlos. A eso se suma el problema de que se lo quiera manejar dentro del Código de Seguridad y no como una ley orgánica.
Pero, en estos siete meses, pese a que hemos comparecido tres veces a la Comisión, el tema se pierde en medio de los problemas de inseguridad, la crisis penitenciaria, los 'narco generales'.
Pese a los problemas que ha habido en este tiempo (el hundimiento de Zaruma, de Tambán, la erosión regresiva en el río Coca) no se le ha dado prioridad.
No hay ningún pronunciamiento del Ejecutivo respecto al tema. El secretario de Riesgos, Cristian Torres, dijo que es mejor que esté en el Código de Seguridad bajo la lógica de la asignación presupuestaria de la defensa nacional, que es una de las que menos se ha tocado en los recortes.
Pero eso es subjetivo porque no garantiza el financiamiento.
¿La ausencia de una ley y una verdadera institucionalidad ordenada y regulada influye en la proliferación de la corrupción?
No hay ni siquiera un registro único de damnificados. Después del terremoto no supimos a qué población se atendió. Y, si no tenemos algo que nos permita registrar lo que tenemos y a qué población se atendió, se duplican los niveles de atención (de las ONG o del Estado) o no se sabe qué hay en bodegas y se deja caducar los kits de ayuda humanitaria.
No es lógico que se cree un bono para la población afectada de Zaruma, pero no contemples cosas como el caso de San Luis (Napo), que se va a ir y eso es inminente con la erosión regresiva. ¿Dónde está el bono para esa población?
Sin un registro único de damnificados ¿cómo focalizas de mejor forma la atención?
Además, nadie puede recibir doble bono del Estado. Ahí debería entrar la Contraloría. ¿Cuántos de los damnificados en Zaruma reciben el bono de desarrollo? Ellos deberían recibir atención con otro tipo de servicios.
En medio de todo este escenario caótico, ¿cuáles son los puntos más importantes que plantea el proyecto de ley de gestión de riesgos?
Son cuatro. La transferencia del riesgo, pensar en procesos masivos de aseguramiento de vivienda y medios de vida. Es la única forma de asegurar una mayor eficiencia en la recuperación.
El análisis de los riesgos, para poder tener sistemas anticipatorios de decisiones con escenarios, con base en un sistema de información que tenga un registro estadístico nacional de riesgos.
Poner orden. Porque el manejo de riesgos lo hace todo el mundo: las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los cuerpos de bomberos... Hay que tener un registro de profesionales que te diga quién sabe hacer qué.
Y el último tiene que ver con la investigación aplicada y la innovación para el monitoreo de eventos adversos.
Esto, sin quitar los temas de gobernanza y las competencias de los gobiernos autónomos, así como el tema del financiamiento.
Con el gobierno actual, ¿crees que el tema pueda tener algún apoyo o tomar relevancia?
El plan de gobierno del presidente Lasso no incluye nada del tema de gestión de riesgos. Entonces, entendemos que no es una de sus prioridades. Pero sus ministros de Finanzas y de Ambiente sí entienden algo de esto y puede ser que en algún momento discutan el asunto.
Pero, por ejemplo, el Secretario de Riesgos no es parte del gabinete. Ni siquiera lo convocan a las reuniones. Entonces ¿cómo puedes dar elementos para discutir una política de este tema si ni siquiera participas en las reuniones importantes del gobierno?
Aunque el presidente Lasso puede ver esto como una oportunidad para la recuperación económica verde, los temas de conservación. Y el gobierno podría acceder a unos USD 3.000 millones en cooperación para trabajar puntos de adaptación y mitigación, por parte de los organismos multilaterales.
Y con la Asamblea mantendremos reuniones con todas las bancadas para explicarles nuevamente por qué no una ley de emergencia sanitaria y por qué sí una ley de gestión de riesgos.
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