El Gobierno afina los últimos detalles de la ley de derribo de aviones

El 27 de octubre de 2021, durante la ceremonia por los 101 años de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), el presidente Guillermo Lasso anunció que en los próximos días enviará a la Asamblea un proyecto de ley.

La iniciativa autorizaría el derribo de aviones que estén volando de manera ilegal en el espacio aéreo ecuatoriano.

Todavía no hay fecha para la presentación de este proyecto. Sin embargo, se conoce que no lo ingresará la Función Ejecutiva, sino que se presentará a través del bloque legislativo oficialista.

Incluso, ya existe un primer borrador que fue elaborado por el asambleísta Juan Fernando Flores, quien coordina a la bancada de Creo.

Este documento tiene 15 artículos y, aunque parte del articulado ya se hizo público, Flores solicitó que no se difundiera de manera íntegra. Él envió el proyecto al Ejecutivo para su revisión y se prevé que se hagan "cambios importantes".

El borrador se ha denominado Ley de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo. Y tiene como finalidad prevenir y defender el espacio aéreo ecuatoriano.

En la normativa se establecerán los procedimientos de interceptación de aeronaves civiles y el empleo de la fuerza contra aeronaves declaradas infractoras, ilícitas u hostiles. Esta labor estará a cargo de la FAE con aviones de reacción inmediata.

La revisión del Ejecutivo la realizarán tres ministerios: Defensa, Gobierno y Finanzas. Este último definirá los recursos que se necesitan para que entre a operar este sistema de derribo de aeronaves.

La lucha contra el narcotráfico

Las leyes de derribo de aviones no son un tema nuevo en Latinoamérica. El debate alrededor de estas normativas ha estado ligado a dos áreas: el narcotráfico y los derechos humanos.

Por un lado, este tipo de leyes se aprueban como medida para combatir las rutas aéreas del tráfico de estupefacientes.

En Latinoamérica, al menos una decena de países cuentan con leyes en este sentido. En la lista están, por ejemplo, Bolivia, Brasil, Colombia, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela.

Uno de los últimos países en aprobar su ley fue Perú. Entró en vigencia en 2015 y le dio a la Fuerza Aérea de Perú la facultad para derribar aviones, cuando haya sospecha razonable de que estén transportando drogas.

La decisión se basó en, que según la ONU, Perú es uno de los principales productores y exportadores de coca en el mundo.

En Ecuador, la creciente ola de narcotráfico también es el principal argumento del Gobierno para impulsar esta ley. Luis Hernández, ministro de Defensa, asegura que esta y otras leyes son imperantes para combatir este problema.

El 27 de octubre de 2021, en Montecristi (Manabí) empezó a funcionar un radar que identifica las aeronaves que vuelan sin permiso por la zona. Y en las próximas semanas se prevé que se instale otro artefacto de este tipo en Santa Elena. Según inteligencia militar, por estas dos provincias es por donde se mueven las narcoavionetas.

Sin embargo, explica Hernández, con la legislación actual solo se puede identificar las aeronaves, sin tomar acciones disuasivas.

El experto en temas aeronáuticos, Nicolás Larenas, resume el procedimiento permitido en Ecuador actualmente si se identifica a un intruso identificado, o intruso no identificado y hostil.

"La Fuerza Aérea Ecuatoriana puede únicamente acercarse a la aeronave en cuestión e intentar por todos los medios entablar un contacto para solicitar intenciones o que la misma se desvíe hacia un aeropuerto controlado, siempre y cuando se mantenga dentro del espacio aéreo de Ecuador", explica Larenas.

El componente de derechos humanos

Más allá del tema de seguridad y lucha contra el narcotráfico, las leyes de derribo han sido observadas en varios países por un probable irrespeto a los derechos humanos de los tripulantes.

En Perú antes de la aprobación de la ley en 2015, ya hubo una norma que permitía derribar aviones. Pero, su aplicación se suspendió luego de un incidente que sucedió en abril de 2001.

La Fuerza Aérea de ese país derribó un avión sobre el Río Amazonas. Según inteligencia militar, a bordo de esa aeronave había drogas ilegales que buscaban llevar a Estados Unidos. Durante los 90, Perú derribó unos 30 aviones por este motivo.

Sin embargo, en esa ocasión la inteligencia falló. La aeronave llevaba a una familia de misioneros estadounidenses. Veronica Bowers y su pequeña hija fallecieron cuando su avión cayó en picada en el Amazonas.

Incluso si se tratará de un avión que transportara drogas y narcotraficantes, existen reparos por un posible derribo. El abogado y exasambleísta Ramiro Aguilar, incluso, habla de una posible ejecución extrajudicial si el derribo significa la muerte de sus tripulantes.

La Fundación Debido Proceso opina lo mismo. "Matar delincuentes sin previo juicio sin que medie legítima defensa es, después de todo, contrario al Derecho Internacional. Las leyes de derribo disfrazan de legalidad lo que en esencia es una ejecución extrajudicial", publicó la organización en su blog.

En Ecuador, todavía no se conoce que dice el proyecto de ley sobre los derechos humanos de los tripulantes de aviones ilegales y cuáles serán los límites para ejecutar un derribo.