Representantes de organizaciones sociales e instituciones educativas dijeron que la reducción presupuestaria ha causado despidos de profesores, por lo que anunciaron nuevas protestas.
El 28 de mayo de 2020, la Corte Constitucional (CC) escuchó a las partes involucradas en las demandas por la reducción de alrededor de USD 98 millones del presupuesto de 32 universidades públicas del país.
Miembros de organizaciones sociales, universidades, economistas y abogados, expusieron la situación en la que se encuentran las instituciones de educación superior por la disminución del presupuesto.
Después de la audiencia pública, la jueza ponente Carmen Corral deberá elaborar un informe sobre el caso y presentarlo en el Pleno de la Corte, dónde se tomará la decisión final.
La Corte dispuso a todas las autoridades del Ejecutivo “suspender y abstenerse de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior”.
Anuncian más protestas
Los representantes de los demandantes dudan que el Ministerio de Finanzas haya suspendido el recorte, por lo que solicitaron a la Corte verificar si el titular de esa Cartera, Richard Martínez, cumplió con las medidas cautelares.
“El Ministerio de Economía y Finanzas está acogiéndose a sus mismas directrices”, dijo Daniel Carbo, accionante en la causa de incumplimiento del Decreto 1017.
Por la reducción “37 profesores fueron despedidos de Universidad Nacional de Educación (UNAE) durante la primera semana posterior al anuncio”, sostuvo Christian Flores, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) .
Los demandantes advirtieron que si la Corte no es “coherente con las medidas cautelares” habrá más movilizaciones e incluso se llegaría a instancias internacionales.
Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del Ecuador (UCE), manifestó que por su parte había apertura al diálogo, pero como esa no fue una opción para el Ministerio se tuvo que “dar el tajo constitucional”
El Gobierno rechaza las demandas
La Presidencia, el Ministerio de Finanzas y la Procuraduría se pronunciaron durante la audiencia en contra de las demandas.
“El estado de excepción no suspende el ordenamiento ordinario de las finanzas públicas (…) tanto el Presidente como los ministros han obrado con apego a las competencias constitucionales”, argumentó Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia.
Por eso, Pesántez solicitó a la Corte rechazar las acciones de incumplimiento del dictamen de constitucionalidad por “improcedentes e infundadas”.
Sobre el argumento de que la Constitución prohíbe el uso de fondos de educación y salud en estado de excepción, Finanzas sostuvo que las demandas son improcedentes.
“No se ha tomado los fondos de la educación para financiar gastos”, explicó Gonzalo Lascano, director jurídico del Ministerio.
Lascano agregó que no se trata de un recorte, sino de una revisión del presupuesto que es un proceso técnico, el cual se contempla en el Código de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip) .
Intervención de terceros
En el caso se presentó un amicus curiae, recurso por el que una persona natural o jurídica que, a pesar de no tener un interés directo en el caso, interviene en él para defender un interés de trascendencia general.
Los representantes de quienes interpusieron este recurso manifestaron que la reducción presupuestaria significa pérdidas en la calidad de la educación “porque se va disminuir la investigación”, explicó José Correa, representante de la Universidad Técnica de Machala.
Freddy Viejo, representante de un grupo de profesores desvinculados de la Universidad de Guayaquil, sostuvo que esa entidad incumplió con la suspensión de las medidas cautelares dispuestas por la Corte, al despedir al personal.
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