El Ejecutivo remitió sus objeciones a las reformas, aprobadas con los votos del UNES y Pachakutik. El oficialismo espera lograr apoyos en todas las bancadas, excepto en el correísmo.
El veto parcial del Ejecutivo a las reformas a la Ley de Comunicación llegó a la Asamblea el miércoles 24 de agosto de 2022. Pero el verdadero reto para el Gobierno está en que ese veto logre pasar y no sea desechado por los legisladores.
El presidente Lasso envió 34 objeciones parciales al Legislativo y 17 por inconstitucionalidad.
Las 34 parciales son las que tendrán que tramitarse directamente en la Asamblea. El Gobierno necesita que no haya los 92 votos que el correísmo requiere para desechar el veto y reiterarse en sus reformas a la Ley de Comunicación.
El escenario no es sencillo, pues en la Asamblea hay una mayoría opositora que, en general, cuestiona al Gobierno.
Aunque en este tema específico, el Ejecutivo tiene confianza, pues tendría asegurado al menos el apoyo del Partido Social Cristiano (PSC), que votó en contra de las reformas en el segundo debate.
Juan Fernando Flores, coordinador de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), aseguró que van a trabajar con todos los bloques legislativos, excepto con Unión por la Esperanza (UNES).
La idea es que la Asamblea se allane al veto o, en todo caso, no se pronuncie en contra, con lo que este entraría en vigencia en 30 días.
El paso a paso
El veto pasará en primer lugar a la Comisión de Relaciones Internacionales, que tramitó la propuesta de Ley de Comunicación originalmente planteada por el Gobierno.
Esta mesa legislativa es un espacio seguro para el Gobierno, pues está dirigida por Flores y no tienen mayor presencia del correísmo entre sus miembros.
Según explicó Flores, esperan tener al menos cinco de los nueve votos en la comisión a favor de un informe que recomiende el allanamiento al veto. Estos son los mismos votos que ya obtuvo el informe de mayoría, que al final fue archivado en el Pleno:
- Flores (BAN)
- Jessica Castillo (Pachakutik)
- Marjorie Chávez (PSC)
- Elías Jachero (independiente, BAN)
- Patricio Cervantes (BAN)
Además, Flores confía que podrían también sumar el voto de Ángel Maita, quien es cercano a los "rebeldes" de Pachakutik.
El informe de la comisión, sin embargo, no es vinculante. Por lo que todo dependerá al final del Pleno de la Asamblea, y de las negociaciones que, también de su lado, lleva adelante UNES.
Más allá de lo que recomiende el informe, el Pleno puede tomar tres salidas:
- Allanarse al veto, es decir, acoger las 34 observaciones de Lasso, con 71 votos.
- Ratificarse en el texto, es decir, desechar el veto, con 91 votos.
- No tomar lograr los votos para ninguna de las dos opciones anteriores, con lo que el veto entra en vigencia directamente en 30 días.
Voto a voto
En ese escenario, el Gobierno apunta al allanamiento o la falta de pronunciamiento. Es decir, a evitar que UNES consiga los 92 votos para ratificarse; por lo que el oficialismo debería lograr, entonces, el apoyo de mínimo 47 legisladores.
Este escenario no es tan complejo. La BAN tiene 27 asambleístas, y ya cuentan con el apoyo del PSC, que suma 15. Es decir, que le faltan menos de 10, que pueden provenir de la Izquierda Democrática (ID) o del ala 'blanda' de Pachakutik, para lograr que la ratificación no pase.
El veto a las reformas a la Ley de Comunicación
El veto del Ejecutivo trata de abordar las principales polémicas sobre las que gremios periodísticos y organizaciones internacionales han alertado.
Por un lado, los 17 puntos más problemáticos, según el Gobierno, son los que recibieron veto por inconstitucionalidad; sobre estos, la Corte Constitucional deberá pronunciarse en 30 días.
Entre estos temas, por ejemplo, está el de la "información falsa". El artículo aprobado por la Asamblea, prohíbe la difusión de "toda información falsa”, sin dar una definición sobre esta.
Para el Gobierno, "el Estado no puede ser una policía de la verdad".
Mientras que los vetos parciales se enfocan en otros puntos, como:
- Elimina los artículos que se refieren a la ampliación del campo de control de la Defensoría del Pueblo.
- Cambia la conformación del Consejo de Regulación de la Comunicación, de acuerdo a lo que estaba en el informe de mayoría que fue archivado.
- Elimina las sanciones, como talleres, para los medios de comunicación.
- Borra del texto la figura de los defensores de audiencia.
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