La Contraloría ajusta su agenda con los pedidos extra de auditorías

El último pedido para una auditoría extensa llegó el 25 de julio. El Ministerio de Energía pidió a la Contraloría que examine todos los contratos petroleros de servicios específicos con financiamiento, firmados desde 2010. Serían unos 22 procesos.

La lista de autoridades que han pedido estos procedimientos es larga. Ministros, asambleístas, alcaldes. Todos esperan que la Contraloría identifique las fallas o hechos de corrupción dentro de sus propios procesos o de terceros.

Solo en lo que va de 2022, la institución tiene 2.227 órdenes de trabajo emitidas, para revisar procesos dentro de las distintas entidades del Estado y que manejan recursos públicos. Las temáticas varían desde controles vehiculares, hasta gestión de viáticos y procesos contractuales.

A esto se suman también los exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. Todos quiénes ocupan un cargo en el Estado tienen que remitir su información patrimonial cada año.

Pero, según las coyunturas políticas, también hay peticiones adicionales. Por ejemplo, en octubre de 2021, el mismo presidente Guillermo Lasso pidió a la Contraloría que revise el suyo, después de que fuera acusado de tener activos en paraísos fiscales.

La entidad archivó la investigación después de no encontrar pruebas de las acusaciones realizadas contra el Primer Mandatario.

El mismo pedido hicieron la exministra de Gobierno, Alexandra Vela, y la excomandante de la Policía, Tannya Varela, después de que el embajador estadounidense en Quito dijera a PRIMICIAS que estaba preocupado por la presunta existencia de 'narcogenerales'.

Solo en 2021, hubo 852 auditorías planificadas por la Contraloría, a las que se sumaron otras 228 imprevistas.

El secretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, se refirió a este tema durante la presentación de los lineamientos para la política pública en su área. Y lamentó que no haya un control riguroso y auditorías internas propias de cada entidad y que todos estos procesos se deleguen a la Contraloría, esperando que los resuelva.

La Contraloría

La Contraloría tiene 2.400 funcionarios. De ellos, cerca de 500 trabajan en las ocho direcciones nacionales de auditoría, casi 1.000 en las 23 direcciones provinciales y otros 150 en las 117 unidades de auditoría interna.

Entre ellos supervisan 3.883 entidades públicas sujetas a control y por la cantidad de temas que auditar y examinar, hay asuntos en los que se pone prioridad. Además, por el tipo de procesos que deben seguirse, los resultados toman más tiempo en salir a la luz.

Esto sin contar la crisis interna que ha vivido la institución desde la caída del excontralor Carlos Pólit, prófugo de la justicia, y posteriormente de su subrogante, Pablo Celi. Ahora, en manos de Carlos Riofrío, la entidad espera que el Consejo de Participación Ciudadana designe a su futuro titular.

A eso se suma el incendio de sus instalaciones en octubre de 2019, durante el paro nacional, que retrasó y complicó los procesos que se llevaban adelante. Así como la pandemia, que impidió el desempeño usual de todos los sectores.

Peticiones variopintas

Uno de los lugares de donde salen más pedidos de auditorías es la Asamblea Nacional. Por ejemplo, el 25 de abril, el legislador Fernando Villavicencio pidió un examen especial al patrimonio del exjuez Pedro Moreira.

El exmagistrado concedió el pedido de habeas corpus presentado por Junior Roldán, alias JR, uno de los cabecillas de Los Choneros, que cumplía sentencias por asesinato. El asambleísta sugirió que la auditoría se extienda a todos los jueces.

En otros casos polémicos, el asambleísta Esteban Torres hizo un pedido, en septiembre de 2021, para que se examine los contratos suscritos por la Embajada de Ecuador en Madrid con varias empresas españolas, entre 2015 y 2021.

Incluso la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, pidió al Contralor que audite el contrato para eventos y ceremonias del Legislativo, firmado bajo su administración, y que fue suspendido por el escándalo provocado en ese entonces.

Entre los pedidos extensos, está el del alcalde de Quito, Santiago Guarderas, de julio de 2021, para realizar un examen especial a 40 entidades municipales. Bajo el argumento de "poner la casa en orden", el funcionario pidió una auditoría de toda la gestión de su predecesor, Jorge Yunda.

Y las solicitudes no solo vienen de autoridades, también salen de los sectores sociales. Por ejemplo, en junio pasado, el Frente Unitario de Trabajadores anunció que acudiría a la Contraloría para solicitar una auditoría a las acciones del Consejo Directivo del IESS.