Según los procesados, la Fiscalía no pudo demostrar el supuesto delito porque utilizó un marco legal equivocado y no probó el perjuicio para el Estado en la compra de los helicópteros Dhruv.
El sobreseimiento de los 18 procesados en el caso Dhruv fue sorpresivo para la Fiscalía. Luis Rivera, juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), consideró que los hechos relacionados con la compra de los siete helicópteros no constituyen delito.
Si bien el fallo de Rivera todavía no se ha notificado oficialmente por escrito, el 19 de junio de 2023, en el final de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, el magistrado leyó los argumentos que presentaron los 18 investigados y que lo llevaron a tomar esa decisión.
Según los procesados, los hechos relatados por la Fiscalía no se ajustan a una posible conducta penal, sino administrativa o civil. Y esos ámbitos son competencia de la Contraloría, que realizó tres exámenes a esta compra y no determinó perjuicio para el Estado.
Además, los abogados defensores coincidieron en que "se trata de un peculado imposible, ya que hay 18 procesados". Todos, dijeron, debieron haber realizado estos actos en beneficio propio o de una sola persona, habiéndose puesto de acuerdo anticipadamente.
La Fiscalía, por su parte, adelantó que apelará ese fallo.
Marco legal equivocado
Los abogados de los procesados aseguraron que la Fiscalía utilizó un marco legal equivocado, para analizar el contrato de compra de las aeronaves.
Según la teoría del caso de la Fiscalía, en los documentos precontractuales se establecieron especificaciones técnicas sobre los helicópteros que la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) necesitaba. Pero, estos papeles no se sometieron a la aprobación del Comité de Contrataciones de la FAE, como lo ordenaba la ley.
Para la fiscal Diana Salazar, con el objetivo de obviar ese control legal, Wellington Sandoval, entonces ministro de Defensa, declaró emergente la compra, lo que significó un proceso de contratación más rápido y sin todos los controles.
El argumento para la emergencia fue el incidente de Angostura, en 2008. Aeronaves militares colombianas bombardearon territorio ecuatoriano para afectar a grupos armados irregulares. Con base en ese episodio, según la declaratoria firmada por Sandoval, era urgente comprar siete helicópteros de rescate, patrullaje y combate.
Sin embargo, los procesados rebatieron esta tesis. Según sus defensas, en ese momento no estaba vigente la actual Ley de Contratación y según la normativa de la época, las compras militares se realizaban bajo un régimen especial.
En esos años, las compras de los bienes para la defensa nacional, como aviones, helicópteros y armas, se regían en la normativa con la que se creó la Honorable Junta de la Defensa Nacional, en 1949, con base en las experiencias del conflicto bélico con el Perú.
Entonces, leyó el juez Rivera, a partir de la declaratoria de emergencia, la Honorable Junta aplicó su reglamento interno.
Esta norma no consideraba al Comité de Contrataciones de la FAE, y entregaba a la Junta la facultad de designar a las comisiones para llevar adelante el proceso, así como para la expedición de instructivos.
¿Hubo perjuicio?
Durante el proceso, la Fiscalía intentó posicionar la tesis de que la compra direccionada de los helicópteros Dhruv provocó un perjuicio para el Estado de USD 66 millones.
De las siete aeronaves compradas, cuatro se accidentaron, dejando un saldo de tres fallecidos. Mientras que las otras tres permanecen embodegadas desde 2015, cuando se decidió que no volverían a volar por falta de garantías técnicas.
Sin embargo, los abogados defensores dijeron que el Ministerio Público no pudo comprobar que ese perjuicio existió y, menos aún, que ese dinero haya beneficiado a alguno de los procesados.
Según los cálculos de los procesados, lejos de existir un perjuicio de USD 66 millones, todo el lío de los Dhruv dejó "una ventaja de USD 70 millones a favor del Estado".
Inicialmente, el contrato se firmó por USD 45 millones. Pero antes de que se entreguen todas las aeronaves, empezaron los problemas y Ecuador pagó, únicamente, USD 39 millones.
Además, la empresa vendedora pagó más de USD 2 millones en multas por retrasos en las entregas, por lo que el monto final se redujo a menos de USD 37 millones.
Tras los accidentes de las cuatro aeronaves, Seguros Sucre pagó al Estado USD 51,5 millones como parte de las pólizas contratadas. Lo que abonó una diferencia a favor del país.
El caso Gabela y los Dhruv
Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, fue una de las más críticas con la decisión del juez Luis Rivera. La mujer, incluso, denunció un supuesto conflicto de intereses del magistrado, por su pasado laboral en el gobierno de Rafael Correa.
Jorge Gabela, excomandante de la FAE, fue asesinado el 29 de diciembre de 2010, en Guayaquil. La versión oficial detalló que el militar fue baleado en su casa, durante un presunto asalto.
Sin embargo, la familia de Gabela se opuso a esa teoría. Y relacionó su muerte con las denuncias que Gabela hizo sobre la compra de siete helicópteros Dhruv por parte de la FAE.
De manera paralela al proceso por presuntas irregularidades en la compra de las aeronaves, la Fiscalía mantiene abierta una investigación previa por el asesinato del excomandante de la FAE.
El 6 de junio de 2023, trece años después del crimen, esa investigación penal se reactivó.
Roberto Meza, perito argentino que investigó el caso a pedido del Gobierno de Correa, acudió a la Fiscalía para rendir su versión libre y voluntaria.
El perito Meza se encuentra en Ecuador desde el 12 de mayo de 2023. El Gobierno de Guillermo Lasso volvió a contratar al experto forense para que reconstruya el tercer producto de su investigación por el caso Gabela, que se extravió bajo custodia del correísmo.
El tercer producto debía referirse a los presuntos autores intelectuales del crimen. La Contraloría, inicialmente, determinó que ese informe no fue entregado. Aunque después se confirmó que el documento sí llegó al Ministerio de Justicia.
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