La herencia de Rafael Correa, en la mira de la justicia

El inmueble tiene 60 años de vida. Es un departamento de dos dormitorios. Está ubicado en el bloque norte del condominio Centro de Viviendas, mejor conocido como casas colectivas del Seguro Social.

La edificación está en las calles Alejo Lascano y Padre Solano, entre Ximena y Riobamba, en pleno centro de Guayaquil.

En los años 60, la familia Correa Delgado lo arrendó. Luego de la separación con la madre del expresidente, Rafael Correa Icaza (padre del político) vivió ahí varios años junto a su mamá.

En la década de los 90, cuando el alquiler cumplió 30 años, el padre del exmandatario hizo uso de la opción de compra. Y desde 1995, tras la muerte de Correa Icaza, el bien pasó a propiedad de los hermanos Fabricio, Rafael y Pierina Correa Delgado.

Fabricio, el mayor de los hermanos, dice que desde la muerte de su abuela ese departamento está vacío y solo lo han usado eventualmente como bodega y oficina, cuando han tenido trabajos por el sector.

El 6 de noviembre de 2020, ese departamento volvió a ser noticia. La Procuraduría lo incluyó en una lista de posibles bienes a embargar para cobrar los más de USD 14 millones que los 20 sentenciados del caso Sobornos 2012-2016 le deben al Estado, por concepto de reparación integral.

El Registro de la Propiedad de Guayaquil certificó que un tercio de esa propiedad pertenece a Rafael Correa.

Ese bien no está en la mira de la justicia solo por el caso Sobornos, que investigó la red de coimas que operó a la par del gobierno de Correa.

Además, desde 2019, la Corte Nacional dictó la prohibición de enajenar ese bien como medida preventiva por el caso Balda. En ese proceso Correa está llamado a juicio por supuestamente ser el autor intelectual del secuestro del activista Fernando Balda.

Es un bien patrimonial

Aunque es un departamento con varias décadas de uso y un barrio poco residencial, el bien de los Correa tiene un particularidad: es considerado patrimonial.

Incluso, en 2013, el condominio Centro de Viviendas fue tomado en cuenta en un contrato de Rehabilitación de Inmuebles Patrimoniales Privados que el Ministerio de Cultura y Patrimonio firmó por más de USD 249.000

En las llamadas casas colectivas se ejecutaron seis obras:

• Reubicación de módulos de fregadores y mesones nuevos de terrazas.
• Aumento de pared de mampostería y enlucido de bordillos de rebosamiento en losas de cubierta.
• Nivelación de losetas de terraza para desfogues de aguas lluvias.
• Modificación de espesor de la cajonera de poliestireno expandido de cinco centímetros a 10 centímetros.
• Solicitud de cotización al contratista para intervención en los 19 balcones restantes de la fachada sur.
• Modificaciones de diseño de mampara para balcones: dos ventanas corredizas hacia las paredes y uso de vidrio color bronce en seis milímetros.

Por su parte, Fabricio Correa dice que esos trabajos se ejecutaron solo en bloque sur. Según él, se obvió el bloque norte, donde ellos tienen el departamento, "para evitar las maledicencias porque Rafael en ese entonces era Presidente".

Es una garantía insuficiente

En el caso Balda, el departamento de Correa solo está enajenado de manera preventiva. Al no existir una sentencia de por medio, la justicia todavía no ha cifrado una eventual reparación integral.

En el caso Sobornos, en cambio, la deuda de Correa asciende a USD 778.224. Para esto la Procuraduría identificó dos bienes que podrían servir como una eventual garantía de pago.

La primera es una casa en un exclusivo sector de la capital. Si bien en 2018 el expresidente traspasó esa casa a nombre de su hijo menor, Correa y su esposa todavía figuran como usufructuarios vitalicios de la propiedad. Es decir, la pueden usar de por vida.

Fabricio Correa, hermano del expresidente Rafael Correa, ha asegurado que esa casa está valorada en USD 160.000.

Mientras que el departamento en Guayaquil, dice el hermano del expresidente, no cuesta más de USD 30.000. Y de ese monto solo un tercio le corresponde al político hoy sentenciado.

Es decir, ni sumadas las dos propiedades alcanzarían a cubrir la deuda. Además, el exmandatario tiene más de 30 casos penales pendientes con la justicia, lo que podría sumar más reparaciones al Estado.

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