El convenio de compra de insumos por USD 300.000 terminó un mes después de haberse firmado. La contratista habría presentado certificaciones falsas de tres distribuidoras de medicamentos. La Fiscalía investiga un presunto tráfico de influencias.
El contrato para la adquisición de insumos médicos para el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, de Guayaquil, y que motivó una investigación de la Fiscalía por un supuesto sobreprecio, tuvo un mes de vigencia.
En marzo de 2020, la gerente hospitalaria de la entidad, Daniela Constante Zambrano, firmó un acuerdo para comprar dispositivos médicos, soluciones desinfectantes y antisépticos por USD 300.000.
La contratista fue Milena Olimpia Alvarado Sancán. La oferta consistía en 19 dispositivos de uso general, entre los que se destacan:
- 2.400 kits de aseo.
- 500 toallas húmedas para baño de paciente con clorhexidina.
- 8.000 toallas de papel.
- 35.000 mascarillas N 95.
- 100.000 mascarillas quirúrgicas tamaño estándar.
La transacción fue aprobada por la Comisión Técnica del Hospital, integrada por Lorena Nazareno Quiñonez, Monserrat Arévalo Lumbano, Thalía Delgado Nieves y Adriana Esther Ramírez Ibarra.
“El monto total del contrato fue de USD 300.000, pero lo dieron por terminado y solo se pudo ingresar la mitad de los insumos”
Fiscal César Suárez
Ellas, detenidas para investigaciones, eran las encargadas de verificar que toda la documentación estuviera en regla.
Hasta abril de 2020, Alvarado había entregado la mitad de los productos, por un monto de USD 150.000, pero informa a esa casa de salud que ya no podrá cumplir con la entrega de 50% restante.
El motivo: problemas en las importaciones a causa de la pandemia de coronavirus.
Así que las partes terminan el contrato por mutuo acuerdo, sin que se registrara el primer desembolso, aseguró César Suárez, fiscal de Administración Pública, quien lleva el caso.
Esto provocó una queja por parte de Alvarado, dirigida a los directivos del Hospital de Infectología, para recibir su dinero, pago que no se ha realizado hasta la fecha.
La Fiscalía encontró inconsistencias en el contrato, como certificaciones y proformas falsas de tres empresas distribuidoras de medicamentos que, al parecer, fueron presentados por la contratista.
La Policía allanó siete viviendas la madrugada del 4 de diciembre de 2020, entre ellas la de Monserrat Arévalo Cortesía Fiscalía
Los representantes de esas compañías negaron a las autoridades judiciales haber certificado a Alvarado Sancán como proveedora de insumos.
El fiscal Suárez informó a PRIMICIAS que las implicadas podrían ser investigadas por tráfico de influencias, porque “no se siguieron los pasos que norma la Ley Orgánica de Contratación Pública”.
Este delito es sancionado con prisión de tres a cinco años, según el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal.
Tras la audiencia de formulación de cargos, las cuatro funcionarias detenidas recibieron medidas sustitutivas. El juez de flagrancia, Marcos Guerra, dictó la prohibición de salida del país, el uso de grillete electrónico y arresto domiciliario.
Por otra parte, el fiscal Suárez gregó que la madrugada del 4 de diciembre de 2020 también se allanó la casa de la gerente hospitalaria Daniela Constante, pero que ella no estuvo en el lugar. La diligencias judiciales iniciaron en junio, tras una denuncia efectuada por el exgobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart.
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