La Comisión ocasional creada en la Asamblea en su reporte final niega la teoría gubernamental de un golpe de Estado. El documento no señala responsabilidades.
La Asamblea creó la Comisión Ocasional Multipartidista para que investigue el paro nacional. Tenía un objetivo: el control político y fiscalización sobre las medidas adoptadas y los hechos de violencia durante las jornadas de protesta, entre el 2 y 13 de octubre de 2019.
Pero, de entrada, esta Comisión dijo que no podía “determinar ningún tipo de responsabilidades individuales en el marco del derecho punitivo o disciplinario, pues ello es ajeno a su competencia”.
El organismo nació el 24 de octubre y está conformado por siete legisladores:
- Fernando Burbano (Juntos Podemos),
- Jaime Olivo (Pachakutik),
- Rosa Orellana (Alianza PAIS),
- César Rohón (PSC),
- Doris Soliz (Revolución Ciudadana),
- Carlos Vera (Alianza PAIS)
- Héctor Yépez (Creo).
Doris Soliz, Fernando Burbano y Carlos Vera presentaron el informe sobre el paro este 11 de diciembre de 2019. Adriana Noboa
Sin embargo, 50 días, 12 sesiones y 65 comparecencias después, solamente Burbano, Soliz y Vera se presentaron ante los periodistas para presentar el documento y sus conclusiones.
La primera es que “el principal detonante de la protesta social” fue la expedición del Decreto 883, que eliminó los subsidios para los combustibles.
Pero, para decir eso no se requería una investigación. Esto lo anunciaron los transportistas el 2 de octubre. Fueron los primeros en reaccionar a la medida del Gobierno y el 3 de octubre arrancó la paralización nacional, a la que se sumaron el movimiento indígena y otros actores políticos y sociales. La consigna social y política fue fue clara desde el inicio: que el Ejecutivo derogue el Decreto.
Las demás conclusiones son también un resumen de lo que sucedió durante el paro nacional. Por ejemplo, “fueron afectados algunos derechos”, como el de la vida, integridad personal, trabajo libre movilidad.
El discurso gubernamental fue el de “enmarcarse en el respeto a los derechos humanos” con el uso progresivo de la fuerza, pero “no se habría cumplido a cabalidad”, dicen los asambleístas. La suspensión de servicios públicos y afectaciones en contra de bienes y edificios públicos “son delitos que presumiblemente se cometieron y deben ser investigados”, añade.
Las demás conclusiones del informe son para condenar lo que se vio y ya se sabía que sucedió: “todos los actos de violencia organizada”, la retención de uniformados, las expresiones discriminatorias y los ataques a los medios de comunicación; el informe afirma que “se evidencian varias afectaciones económicas” de distinto nivel.
Burbano advirtió que el informe no “se pone de un lado o de otro”, sino a favor de todas las víctimas: heridos, familiares de los fallecidos, periodistas, medios de comunicación y del mismo Estado. Pero, aceptó que su informe final es un resumen “hecho a hecho” de lo sucedido durante esos días.
“Tampoco puede ser calificado como duro o como tibio, este es un informe que ha pretendido ser objetivo y veraz”.
Legislador Fernando Burbano
Haga clic en las flechas para ver la galería:
Protestas en contra de las medidas económicas del Gobierno. Foto tomada durante la jornada del domingo del 13 de octubre de 2019. Reuters
El 10 de octubre de 2019, el movimiento indígena retuvo a 10 policías en la Casa de la Cultura, durante las protestas en Quito. Primicias
Vista general del edificio de la Contraloría en cuyas inmediaciones hubo más violencia en la jornada del sábado 12 de octubre de 2019. Estefanía Celi / Primicias
Dos personas fueron detenidas por las protestas en el Centro Histórico de Quito, el 8 de octubre de 2019. Reuters
Foto Archivo: Protestas en Quito, el 7 de octubre de 2019. Primicias
Protestas en el Centro Histórico de Quito, el 4 de octubre del 2019. Reuters
Ciudadanos limpian los exteriores de un negocio afectado por las protestas en el Centro Histórico de Quito. Orfaith Rivera/Primicias
Policías en caballo llegaron al Centro Histórico de Quito la noche del 3 de octubre del 2019. EFE
Manifestantes rompieron el cerco policial e ingresaron a la plaza principal de la Asamblea Nacional. Adriana Noboa / Primicias
Militares disparan bombas lacrimógenas para alejar a los manifestantes en el sector de la Asamblea Nacional, el 8 de octubre de 2019. Reuters
Finalmente la Comisión reprueba la actitud del representante del Centro de Inteligencia Estratégica por no haber asistido a la Comisión.
Las recomendaciones del informe sobre el paro nacional
El informe presentado por los tres legisladores, y que será entregado al presidente del Legislativo para que se lo discuta en el Pleno, concluye con nueve recomendaciones.
- Requerir al Gobierno que propicie un diálogo efectivo y permanente con todos los actores sociales.
- Remitir toda la información a las autoridades competentes para que investiguen. Y que el Estado observe los informes de organismos internacionales.
- Reforzar la capacitación de la Policía en solución pacífica de conflictos. Y que se inicien investigaciones sobre las posibles violaciones de derechos humanos.
- Investigar, juzgar y sancionar a los culpables de los actos violentos, contra personas o bienes, garantizando el debido proceso.
- Exhortar a todos los actores a que eviten el uso de expresiones discriminatorias.
- Llamar a un diálogo plural, amplio, democrático y plurinacional.
- Que el Gobierno adopte medidas para ayudar a las personas afectadas.
- Respaldar la vigencia del estado de derecho.
- Recomendar que la Asamblea apruebe hacer un seguimiento de estas recomendaciones.
Si el Pleno del Legislativo aprueba el documento, se hará un seguimiento de los hechos y las actuaciones del Estado, especialmente de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Salud. Estas tres últimas tendrían, entonces, 30 días para entregar un informe detallado de muertos y heridos durante el paro nacional.
¿Qué revela el informe de 176 páginas?
Si ustedes querían tener nombres y apellidos (de los responsables) ese no era nuestro objetivo.
Legislador Fernando Burbano
De las 176 páginas, las primeras 50 son antecedentes, marco normativo y contexto. Las siguientes 60 son resúmenes de los testimonios dados ante de la Comisión. Las otras 70 son resúmenes de todos los informes y medidas de las instituciones públicas que fueron llamadas a comparecer.
El informe recoge “todas las voces”, afirma la asambleísta Doris Soliz. De las víctimas, de los fallecidos y de quienes piden que se separe la protesta social de los actos de vandalismo. “Deja un conjunto de conclusiones y recomendaciones para las diferentes instancias del Estado” y para la defensa de los derechos humanos, dijo.
Es un informe que no incrimina, que saca lecciones políticas para el ejercicio del buen gobierno.
Legisladora Doris Soliz
“Se da a las autoridades correspondientes las obligaciones y competencias para que actúen de una manera justa y ecuánime”, agregó el legislador Vera. Es decir, el documento les dice a las otras funciones que hagan su trabajo.
Sin embargo, su compañero de mesa, César Rohón sostiene que hubo mucha cautela en el trabajo, ya que el atentado en contra de la seguridad pública fue “gravísimo” y los hechos son evidentes: entrenamiento militar, preparación previa, combate, línea de batalla, la quema de la Contraloría.
Sin embargo, Soliz, Burbano y Vera concordaron en que el informe no acepta la teoría del intento de golpe de Estado del Gobierno, lo cual es importante, a ojos de Burbano. Porque la Comisión no escogió el camino de judicialización de la política, sino el de comprender lo que sucedió, sentenció Soliz.
Pese a su capacidad fiscalizadora, Burbano acepta que aún hay cosas que esperan saber: ¿se han investigado de oficio los actos de vandalismo en Guayaquil? ¿cuáles fueron sus orígenes? ¿qué pasa con las investigaciones de los atentados en contra de la infraestructura pública? ¿qué ha pasado con la individualización de los casos de las víctimas?
Aunque el documento aún no hay sido aprobado por el Pleno, los legisladores sostienen que lo nuevo es que la Asamblea señale que el Decreto Ejecutivo No. 883 fue el detonante, que el Estado debe observar las recomendaciones internacionales y que la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo tienen obligaciones que cumplir.
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