Domingo, 05 de mayo de 2024

Cinco exministros de Correa enfrentan investigación penal por caso Gabela

Autor:

Redacción Primicias

Actualizada:

18 Jul 2023 - 16:56

La Fiscalía General del Estado presentó un informe a la Corte Constitucional. En cuatro meses se han dispuesto 164 diligencias por esta causa.

Diana Salazar (izq.), fiscal General del Estado, junto a Patricia Ochoa, viuda de Jorge Gabela, durante la versión del perito Roberto Meza por el caso Gabela, el 6 de junio de 2023.

Autor: Redacción Primicias

Actualizada:

18 Jul 2023 - 16:56

Diana Salazar (izq.), fiscal General del Estado, junto a Patricia Ochoa, viuda de Jorge Gabela, durante la versión del perito Roberto Meza por el caso Gabela, el 6 de junio de 2023. - Foto: Twitter / @FiscaliaEcuador

La Fiscalía General del Estado presentó un informe a la Corte Constitucional. En cuatro meses se han dispuesto 164 diligencias por esta causa.

Cinco exministros del Gobierno de Rafael Correa enfrentan una indagación penal por supuesto peculado. El expediente se relaciona con la pérdida del tercer producto del caso del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Jorge Gabela.

La Fiscalía General del Estado remitió esta información a la Corte Constitucional. Lo hizo el 17 de julio de 2023, al límite de los cinco meses de plazo que le dio este organismo -además de la Contraloría-, para que informe sobre lo ocurrido con las investigaciones del crimen.

La indagación previa involucra a los exministros:

  • Ledy Zúñiga, de Justicia
  • César Navas, coordinador de Seguridad
  • Fernando Cordero, de Defensa
  • José Serrano, del Interior;
  • Pedro Solines, exsecretario de Transparencia de la época.

La Fiscalía abrió el expediente el 13 de marzo del 2023. En este lapso, han declarado 26 personas y otras 10 están pendientes de rendir su versión.

Los antecedentes

Como tercer producto se denomina al informe elaborado en 2013 por el perito argentino, Roberto Meza, donde estaban los nombres de los autores intelectuales del asesinato del general Gabela, ocurrido en su domicilio en Guayaquil.

El objetivo de las investigaciones es identificar y sancionar a los responsables de la pérdida del documento.

Los cinco exfuncionarios suscribieron un informe final que se hizo público en 2015. No obstante, contenía conclusiones distintas a las presentadas por Meza.