La Corte Constitucional dio a la Contraloría y a la Fiscalía un plazo de cinco meses para sancionar a los responsables de la pérdida de información en el caso Gabela. El límite es el 18 de julio de 2023.
En la sentencia sobre el caso Gabela, la Corte Constitucional (CC) dispuso a la Contraloría General del Estado (CGE) y a la Fiscalía que tomen acciones contra los funcionarios que manejaron los informes de la investigación.
En el fallo, la CC determinó inconsistencias entre la información que entregó Roberto Meza, perito argentino que estuvo al frente del caso, y los documentos que se encontraron en los archivos judiciales.
Meza investigó el asesinato de Jorge Gabela, excomandante de la Fuerza Aérea. Su informe se dividió en tres productos. En el segundo, según la Corte, se determinó que la muerte del militar tuvo que ver con crimen organizado y no con delincuencia común.
El tercer producto debía contener la información sobre los presuntos autores intelectuales. Sin embargo, en el documento al que accedió la Corte se establecía que era delincuencia común. Además, las conclusiones no tenían la firma de responsabilidad de Meza.
Por eso, la Corte dispuso que el Ejecutivo coordine con el perito Meza la reconstrucción del tercer producto. Meza llegó al país a finales de mayo de 2023.
Inicialmente, esta nueva versión del tercer producto debía presentarse hasta el 17 de mayo de 2023, pero Meza solicitó una prórroga de 90 días, por lo que ese documento estará listo a mediados de agosto.
El tercer producto del caso Gabela
Ante las inconsistencias que se encontraron en el tercer producto, Meza explicó que hay tres versiones diferentes y ninguna es la original.
La Corte Constitucional dispuso a la Contraloría y a la Fiscalía que sancionen a los funcionarios que manejaron esa información.
Para esto, la Corte Constitucional estableció un plazo de cinco meses. El límite se cumple el 18 de julio de 2023.
El 2 de junio de 2023, la Contraloría respondió a la Corte que a través de los exámenes especiales DAAC-0129-2016 y DNA1-0024-2019 se establecieron las sanciones administrativas contra siete exfuncionarios.
Entre los sancionados está Lenín Lara, quien fue ministro de Justicia en esa época. Y a quien, según Meza, se le entregó el tercer producto.
Ante la información enviada por la Contraloría a la Corte Constitucional, Jessica Jaramillo, una de las exfuncionarias supuestamente sancionadas, aclaró a PRIMICIAS que el organismo de control únicamente indicó que en su contra se abrió un proceso, pero no incluyó en su informe una resolución posterior con la que fue liberada de cualquier tipo de responsabilidad.
Estos exámenes auditaron el contrato entre el desaparecido Ministerio de Justicia y el perito Roberto Meza, así como el manejo de la documentación del comité interinstitucional que creó el expresidente Rafael Correa para que conduzca la investigación.
Además de las sanciones administrativas contra los siete funcionarios. La Contraloría informó a la Corte que se establecieron tres órdenes de reintegro por el dinero del contrato: una de las órdenes fue dirigida al propio Roberto Meza.
El equipo de Meza explicó a PRIMICIAS que esa predeterminación fue hecha en 2018, pero que luego de la investigación el caso se cerró en 2018, absolviendo de cualquier duda al equipo pericial.
La Fiscalía, por su parte, todavía no ha respondido a la Corte sobre las sanciones o investigaciones en contra de los exfuncionarios.
Por lo que la Corte indicó que el cumplimiento de esa parte de la sentencia del caso Gabela todavía está pendiente y se evaluará una vez que culmine el plazo, el 18 de julio.
Esta nota se publicó originalmente el 13 de junio de 2023 y de actualizó a las 08:35 del 14 de junio con la versión aclaratoria de Jessica Jaramillo.
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