El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) busca recursos para financiar una nueva plataforma tecnológica de compras públicas, mientras tanto apunta a las reformas normativas y la cooperación internacional.
La corrupción dentro de las compras públicas ha sido un problema sin solución en todas las administraciones gubernamentales. El gobierno buscará realizar cambios estructurales, un objetivo ambicioso y con recursos limitados.
El Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop) es el ente rector de los procesos de contratación pública, en un sistema que involucra a más de 3.600 entidades contratantes y miles de proveedores privados.
María Sara Jijón, excandidata a la Vicepresidencia por la Izquierda Democrática, ocupa ahora el despacho del Sercop y plantea tres ejes de trabajo: fortalecer la normativa, la institucionalidad y el sistema informático.
¿Cómo encontraron la ‘casa’ al llegar al Sercop?
La hemos encontrado una institución bastante debilitada, especialmente, desde el punto de vista presupuestario, lo que tiene un impacto en el talento humano porque el 90% del presupuesto se destina a eso. Por ejemplo, el área de supervisión está diseñada para trabajar con 50 personas y estamos con 12.
En 2019 tuvo un 19% de recorte, en 2020 un 3% y antes de mi llegada otro 3%. Ahora hemos negociado para que no nos sigan recortando.
No podemos supervisar lo que deberíamos estar supervisando.
Entonces estamos aprovechando mejor los recursos humanos, financieros y tecnológicos. En el área de supervisión estamos trabajando en mejorar el índice de riesgos, para identificar aquellas situaciones que nos permitan tener una alerta temprana de dónde podría haber un error, una mala práctica o cuestiones de corrupción.
Entonces, el Sercop necesita recursos.
Estamos trabajando con cooperación técnica internacional, por ejemplo con la Unión Europea. Y estamos en conversaciones con el BID, el Banco Mundial y con la CAF para trabajar en todas las áreas.
Usted habla de tres pilares de gestión, uno es el fortalecimiento normativo.
La semana pasada entregamos a la Secretaría Jurídica de la Presidencia una propuesta de reglamento a la Ley de Contratación Pública. Es urgente porque el reglamento actual es de 2009 y no ha sido reformado. La Ley sí ha sido reformada, pero fue aprobada en 2008, antes de la nueva Constitución.
Tristemente, el Sercop debió casi, casi, reglamentar a través de resoluciones y es un galimatías jurídico.
Una vez que se emita el nuevo reglamento, que calculamos será en un mes más, vamos a trabajar en la simplificación y racionalización de las resoluciones.
¿Cómo trabajará en el eje institucional?
Con el fortalecimiento del Sercop y del subsistema nacional de control. Sabemos cuáles son las limitaciones presupuestarias, entonces estamos motivando al personal, involucrándolo en los cambios.
También estamos trabajando con distintos actores: sociedad civil, academia, gremios, ciudadanía.
Después viene el eje tecnológico.
Es fundamental el fortalecimiento de la plataforma informática. Ahí tenemos el mayor desafío porque requerimos recursos adicionales. Necesitamos un nuevo sistema para las transacciones. El Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE) II, así le estamos llamando.
El gran problema de esta plataforma es que no es modular, no es flexible y que, además, es muy vulnerable.
Para esto vamos a requerir de la cooperación internacional: para tener una muy buena arquitectura de ese sistema y para financiar ese nuevo SOCE. Todavía no tenemos el monto exacto de lo que se requiere.
¿Qué va a pasar con la información de las contrataciones que están en el sistema actual?
Siempre va a ser pública, ese sistema seguirá funcionando, no se pierde absolutamente nada. Pero en algún momento todo eso deberá pasar al nuevo SOCE. Con fondos de la CAF estamos trabajando en datos abiertos con Open Contracting Partnership. El 28 de septiembre haremos el lanzamiento del portal de contratos abiertos.
El sistema tiene problemas comunes como procesos que no están cerrados, incompletos, sin documentación correcta. ¿Cómo evitarán que esto se repita en la nueva plataforma?
Eso entra en el fortalecimiento del sistema, porque si los actores del sistema nacional de contratación pública no se comprometen es complicado. Ahí viene la capacitación de los funcionarios públicos que están a cargo de la contratación en más de 3.600 entidades directas.
La Ley Anticorrupción incluyó una obligación para que todos los funcionarios que son usuarios del sistema tengan una certificación de competencias para obtener los accesos. Desde junio, diseñamos un curso y una evaluación virtual. Hoy tenemos 32.271 personas con certificación.
Uno de los sectores con mayor necesidad de fortalecimiento es el de los municipios, es donde más errores y malas prácticas se pueden dar.
¿Qué sucederá con los procesos que quedaron pendientes del gobierno anterior, como las compras corporativas de salud?
Se va a continuar con eso. Pero, el gobierno está enfocado en que haya un nuevo modelo de gestión, por lo tanto el Decreto Ejecutivo No. 1033, emitido en mayo de 2020, tendrá ser reformado para adaptarse al nuevo modelo que está siendo diseñado desde el Ministerio de Salud y las demás entidades involucradas.
Pero, además, hay otros temas urgentes. Después del plan de vacunación, estamos trabajando en el abastecimiento del sistema de salud pública y, a partir de septiembre, empezaremos a trabajar en el nuevo modelo.
Por ejemplo, ahora uno de los ofrecimientos del Presidente y Vicepresidente es que saquemos las farmacias de los hospitales públicos.
No podemos desperdiciar el trabajo que ya se hizo, pero tenemos que corregir algunos temas, normativos y operativos.
¿Cómo impactará en el Sercop que la Contraloría vuelva a hacer informes de pertinencia?
La Ley Anticorrupción hablaba de que estos informes sean para todos los procesos de contratación pública, pero eso, técnicamente es imposible. Paralizaría la contratación pública.
Entonces lo que hizo la Contraloría, junto con la Presidencia, es reglamentar eso e ir dando paso a los procesos que requieren mayor atención y tiene un equipo de gente trabajando en ese ámbito.
¿Qué otros mecanismos de control se implementarán en las compras públicas?
La Ley Anticorrupción también manda la creación del subsistema nacional de control, del sistema nacional de contratación pública. Para que así cada institución no trabaje como isla sino de manera coordinada.
Ya estamos trabajando con la Contraloría, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), las superintendencias de Poder de Control del Mercado, de Compañías y de Economía Popular, la Fiscalía, el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
El objetivo es la interoperabilidad entre las bases de datos de estas instituciones, para lograr que el control sea más efectivo. Y necesitaremos de la voluntad de cada institución y también apoyo de la cooperación internacional.
Además de todo lo que estamos haciendo, estamos apuntando a mediano plazo al blockchain que imposibilita la manipulación de ciertos instrumentos jurídicos, como los contratos.
También está el problema de concentración en los procesos, que aquí ha llegado en momentos al 49%. Es decir, son uno, dos o tres oferentes los que siempre ganan los procesos.
Por eso pensamos en estandarizar y simplificar los pliegos base de contratación. Mientras más complejo es, mucho más fácil la manipulación.
La atención está centrada en los procesos públicos. ¿Qué pasa con el sector privado?
En el otro lado están los proveedores. Ahí vamos a trabajar en un código de ética, que será obligatorio para todos los proveedores del Estado y esperamos esté listo en dos meses.
Es algo disuasivo y es simbólico. Pero es importante. Si incumplen el código les sacamos del registro de proveedores, porque no podemos sancionar como lo hace la Contraloría. Y necesitamos de la cooperación de las otras entidades de control, del subsistema.
La corrupción es como Godzilla, es este monstruo que a ratos parecería invisible, porque a ratos no sabemos dónde está, quiénes son parte de las tramas.
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