Caso Reconstrucción: Juez ordena la captura de Jorge Glas y Carlos Bernal

Por encontrarse Glas en la Embajada de México y Bernal en Estados Unidos, el juez Luis Rivera dispuso que se oficie a la Interpol su localización.

En el cuarto intento, el juez Luis Rivera de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) instaló la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de peculado, en el denominado caso Reconstrucción de Manabí, en contra del exvicepresidente Jorge Glas.

Además de Glas, en este caso serán procesados Carlos Bernal, exsecretario de la Reconstrucción, y Pablo Ortiz, exgerente de Ecuador Estratégico.

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La audiencia fue convocada para las 08:30 del 5 de enero de 2024. Pero, una vez más, la defensa de Glas intentó diferir el procesamiento penal por la reconstrucción de Manabí. En esta ocasión, sus abogados presentaron tres pedidos.

Revocar la convocatoria a la audiencia de formulación de cargos, ya que la Asamblea no ha aprobado el procesamiento penal de Glas por este caso.
Solicitar que la Fiscalía notifique a Glas con 45 días de anticipación, con base en un acuerdo de cooperación entre Ecuador y México.
Recusación en contra del magistrado Luis Rivera, ya que no lo consideran un juez imparcial en este caso por una "enemistad manifiesta".

Tras escuchar las alegaciones tanto de la fiscal Diana Salazar, como de la Procuraduría y del abogado de Glas, el juez Rivera deliberó por varios minutos y dio a conocer su resolución.

Sobre el pedido de revocatoria, el Magistrado aclaró que la Asamblea no negó el procesamiento penal del exvicepresidente, sino que no se pronunció porque no alcanzó los votos necesarios. Por lo que legalmente procede seguir con la formulación de cargos contra los tres investigados en este caso.

En cuando al acuerdo de cooperación penal entre Ecuador y México, Rivera explicó que ese documento no está dirigido a establecer la manera en la que se notifica a un investigado. Por lo que determinó que Glas fue notificado de manera legal.

Finalmente, respecto a la recusación presentada por Glas en su contra, el juez Luis Rivera dijo que, hasta este momento, no ha sido notificado con esa demanda, por lo que su competencia en este proceso sigue vigente.

Por tal razón, a las 09:59 del 5 de enero, el Magistrado instaló la audiencia de formulación de cargos.

La teoría de la Fiscal

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Diana Salazar expuso su teoría del caso y un resumen de los 84 elementos de convicción que sustentan el proceso.

Un Comité y una Secretaría abusaron del dinero público
Para exponer su teoría del caso, la fiscal Salazar recordó que el 16 de abril de 2016 ocurrió un terremoto que dejó graves consecuencias en la Costa ecuatoriana, específicamente, en las provincias de Manabí y Esmeraldas.

Sin embargo, la funcionaria aseguró que -en lugar de que el Estado hiciera obras necesarias para reconstruir y reactivar esas provincias- se priorizaron obras para favorecer los intereses personales de los procesados en el caso, abusando de recursos públicos.

¿Cómo se inició el abuso? Salazar dijo que todo comenzó el 26 de abril de 2016, cuando se creó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, con la finalidad de ejecutar la construcción y reconstrucción de infraestructura para mitigar los efectos del terremoto.

Esta instancia fue presidida por Glas y era coordinada por la Secretaría de la Reconstrucción, que la lideraba Bernal. Mientras que Ecuador Estratégico, gerenciada por Ortiz, se encargaba de presentar las propuestas de priorización de proyectos.

Además, la Fiscalía recordó que el 20 de mayo de 2016, por iniciativa del gobierno de Rafael Correa, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Solidaridad, por la que una parte de la población colaboró para la reconstrucción de Manabí. Según Salazar, se recaudaron más de USD 1.600 millones.
Una priorización corrupta
Según Salazar, en el Comité presidido por Glas se priorizó obras que tenían que ver con vialidad, inclusión, agua, electricidad, educación, vivienda, entre otros sectores.

Esta priorización se hizo acorde a una propuesta presentada por la Secretaría de Bernal, “que no cumplía con la justificación que se requería por la emergencia”.

El 22 de mayo de 2017, relató Salazar, se resolvió ratificar la priorización de 584 proyectos en Manabí y Esmeraldas. La ratificación se hizo con base en una exposición de Ortiz, como gerente de Ecuador Estratégico, que era la oficina administrativa de proyectos.

En esta priorización, según la Fiscal, se incluyeron otros sectores que no fueron conocidos en sesiones anteriores y sin contar con la autorización de los otros miembros del Comité

“Incluyeron los que eran y los que no eran, abusando de esta circunstancia para priorizar los que eran de su interés personal. Era un medio para eludir los procedimientos de contratación pública”, dijo Salazar en la audiencia.
Se arreglaron un helicóptero y un avión
La investigación del caso Reconstrucción está enfocada en 30 proyectos que se ejecutaron con dineros de la Ley de Solidaridad, por un monto superior a los USD 360 millones, y que estuvieron a cargo de seis entidades:
- Ecuador Estratégico
- Inmobiliar
- Ministerio de Defensa
- Ministerio de Vivienda
- Ministerio de Obras Públicas
- Servicio de Contratación de Obras (Secob)
Entre las obras priorizadas y financiadas con el dinero de la emergencia estuvo la construcción de la Y de Mataje y el Puente sobre el Río Mataje, en Esmeraldas y fronterizo con Colombia. Según Salazar esa obra estaba planificada antes del terremoto, pero se aprovecharon los recursos para concretarla.

También, durante su intervención, la Fiscal General mencionó otras obras que estaban planificadas antes del terremoto y que se hicieron con el dinero de la Ley de Solidaridad, cómo el tramo de acceso al puerto de Manta, el redondel Imperio-Colisa, el Parque Las Vegas y los Centros de Atención Ciudadana de Esmeraldas y Portoviejo. En total, estas obras costaron USD 136,7 millones.

Además, Salazar enfatizó la supuesta ilegalidad en el pago de la reparación del helicóptero MI-171 y de un kit repuestos para el avión Casa CN-235-300. Ambas aeronaves pertenecen al Ejército. Las refacciones costaron USD 2,6 millones, sin que se justifique su relación con la reconstrucción y reactivación de Manabí y Esmeraldas.

“Existió un reparto, un festín, una abuso de dineros públicos en beneficio de terceras personas naturales y judiciarias que fueron contratistas y fiscalizadores de las obras”, aseguró la Fiscal.

Incluso, la funcionaria dijo que hubo direccionamiento de contratos a favor de la empresa Concrenor, directamente relacionada con la familia de Bernal. Por los proyectos de acceso a Bahía de Caráquez y el Puente sobre el Río Jama, esta entidad habría cobrado USD 5,9 millones.

Fiscalía pide prisión para Glas y Bernal

Tras la exposición de su teoría del caso y de los 85 elementos de convicción durante dos horas, la fiscal Diana Salazar pidió medidas cautelares para los procesados, mientras dure la instrucción fiscal, que será hasta inicios de abril de 2024.

La funcionaria dijo que la prisión es necesaria para garantizar que Glas y Bernal cumplan una eventual pena, que “no puede ser cumplida en ausencia, en una embajada o en Estados Unidos”.

Añadió que puede haber riesgos procesales como coacción a peritos, testigos o expertos. También crear escenarios de fraude procesal o retardar el normal avance del caso.

Para Salazar, otras medidas como las presentaciones periódicas y el uso de grilletes electrónicos son insuficientes para Glas y Bernal, porque no constituyen una garantía de que los procesados comparezcan a un eventual juicio, a cumplir una condena o a pagar una reparación.

Además, la Fiscal explicó que estos dos procesados han dado muestras de que podrían generar un escenario para la impunidad. En el caso de Glas, dijo Salazar, es un “ciudadano reincidente en conflicto con la ley”. Ya que, el exvicepresidente ha sido sentenciado dos veces antes por corrupción. Pidió su localización y captura.

“Cuando conoció que la Fiscalía iba a realizar actividades de investigación, lo que hizo fue solicitar ser admitido en calidad de huésped en una embajada. Con el fin de eludir la acción de la justicia”, señaló la fiscal.

Respecto a Bernal, la investigadora expuso que es conocido que vive en Miami, Estados Unidos. Por lo que cualquier otra medida alternativa a la prisión preventiva, no podrá ser controlada por la justicia ecuatoriana. Por tal razón, Salazar pidió que el exfuncionario sea localizado por la Interpol y traído a Ecuador.

Finalmente, respecto a Ortiz, la Fiscalía dijo que ha venido colaborando con la investigación. Y se ha mantenido en Ecuador, por lo que solicitó que se dicten las medidas alternativas como la prohibición de salida del país y la presentación periódica en la Corte Nacional.

Una vez concluida la intervención de Salazar, intervinieron los abogados de Jorge Glas, Carlos Bernal y Pablo Ortiz. Los defensores expusieron los arraigos y demás justificaciones para oponerse a la solicitud de medidas cautelares del Ministerio Público.

La decisión de Rivera

Luego de cerca de dos horas de deliberación, el juez Luis Rivera dio a conocer su resolución respecto a las medidas cautelares por este caso.

Esta es la decisión:

Jorge Glas: Prisión preventiva, para lo que pide su localización a Interpol.
Carlos Bernal: Prisión preventiva, para lo que pide su localización a Interpol.
Pablo Ortiz: Presentación ante la Corte Nacional una vez a la semana y prohibición de salida del país.

También se ordenó la retención de valores de las cuentas de los procesados en Ecuador, a excepción los montos que tengan que ver con sueldos o pensiones. Además, los procesados no podrán transferir o enajenar los vehículos que tienen a su nombre. Así como los bienes en todo el país.